Cuatro asesinatos al azar y terror narco en las calles: Milei endurece su política de seguridad en Rosario

Con un tiro en la cara y otro en el pecho, un sicario mató al argentino Bruno Bussanich, de 25 años, en la gasolinera de Rosario donde trabajaba el sábado por la noche. Días antes, en la misma ciudad de Argentina, también habían sido ejecutados a quemarropa los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, de 43 y 32 años, y el conductor de autobús Marco Daloia, de 39, quien agonizó 72 horas antes de fallecer. Los cuatro asesinatos fueron cometidos por bandas narcocriminales que han sembrado el terror en Rosario como respuesta a la política de mano dura en las cárceles dispuesta por el presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Vamos a matar a más inocentes por año”, decía un mensaje escrito a mano en la gasolinera donde se cometió el asesinato de Bussanich. “Queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia”, continuaba como justificación de los crímenes cometidos.

Pullaro ha ofrecido una recompensa de diez millones de pesos (unos 10.000 dólares) a quien aporte pistas para capturar a los responsables de los asesinatos y el Gobierno nacional ha advertido que no retrocederá “ni un milímetro” en su lucha contra el narcoterrorismo sino que la reforzará. A partir del martes se desplegarán más policías en las calles, en especial en horario nocturno, y se tomarán nuevas medidas para acorralar “a cada uno de los miembros de las bandas”, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Rosario es la ciudad más violenta de Argentina debido a la rivalidad de bandas criminales asociadas al narcotráfico, como Los Monos. La mayoría de asesinatos de los últimos años estuvieron vinculados a ajustes de cuentas entre las propias bandas, pero las víctimas más recientes de los sicarios han sido elegidas al azar y han desatado el pánico.

El domingo por la noche hubo un cacerolazo de protesta desde los balcones y al día siguiente la ciudad amaneció paralizada. Las clases se suspendieron y tampoco funcionaban los autobuses, los taxis ni el servicio de recolección de basura. En los hospitales se cancelaron los turnos programados y sólo se atendían emergencias. Los ciudadanos se sienten rehenes de la escalada de la violencia y piden poder salir a las calles sin miedo. “Pedimos paz”, escribió en sus redes sociales el astro del fútbol rosarino Ángel di Maria junto a una fotografía de la ciudad con un gran lazo negro de luto.

La tasa de homicidios de Rosario, de 22 cada 100.000 habitantes, quintuplica el promedio nacional, pero ningún gobierno ha sabido solucionar un problema que se ha vuelto más complejo a medida que el narco se infiltraba en las fuerzas policiales y judiciales de la provincia.

Tras la asunción de Milei, el pasado 10 de diciembre, se endureció de forma inmediata la política de seguridad. Los presos más peligrosos fueron trasladados a la cárcel de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, y se restringió toda comunicación con el exterior, mientras aumentaban los controles y detenciones en las calles. El nuevo gobernador provincial fue amenazado de muerte en su primera semana en el cargo.

Las amenazas no hicieron mella en el Gobierno en ese momento y tampoco ahora. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó este lunes que se mantendrá el régimen de aislamiento para los presos de alto riesgo, con el que buscan impedir que dirijan operaciones desde las cárceles. Además, pedirá a la Justicia que aplique la ley antiterrorista para que las acciones destinadas a aterrorizar a la población tengan doble pena y anunció nuevas medidas para combatir la narcocriminalidad: más policías federales en las calles —que contarán con apoyo táctico de las Fuerzas Armadas—, más personal destinado a la investigación de delitos de lavado de dinero y el envío de proyectos de ley al Congreso que agraven las penas de los narcocriminales y otorguen más poder al Estado para luchar contra el narco.

“Queremos herramientas extraordinarias y excepcionales”, reclamó Pullaro al cuestionar el garantismo penal por considerar que obliga a correr de atrás a los criminales en vez de poder adelantarse a ellos. Entre las iniciativas que prepara el Gobierno hay una ley antimafia que adjudicará los crímenes de una banda a todos sus integrantes.

“Estamos acorralando a la droga y al narcotráfico y nos encontramos ahora con la respuesta, pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro”, advirtió Milei este lunes en una entrevista televisiva. “Esto no es un juego, es una guerra y nos enfrentamos contra salvajes asesinos. Como dijo el presidente, ‘son ellos o nosotros’ y por supuesto vamos a ser nosotros”, enfatizó en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El refuerzo policial ordenado por el Gobierno en las zonas más calientes —bajo el denominado Plan Bandera— parecía arrojar buenos resultados: el mes pasado hubo siete asesinatos en Rosario frente a los 33 registrados en febrero de 2023. Envalentonado por el éxito, el gobernador santafesino publicó en las redes una imagen que remitía a la exhibición de reos en las cárceles de El Salvador con Nayib Bukele. Mostraba a presos maniatados en el suelo, mirando hacia abajo, y rodeados de policías armados y con la cara cubierta durante una requisa sorpresa en el penal de Piñero. “Cada vez la van a pasar peor”, decía la leyenda que acompañaba la fotografía oficial. Menos de una semana después, las bandas narcocriminales comenzaron a sembrar el terror entre la población.

“Sabemos el sufrimiento que ha tenido y que tiene Rosario y que tenemos que volver a la normalidad”, señaló la ministra de Seguridad al anunciar el nuevo plan. Consciente de que las políticas de mano dura tienen un gran respaldo entre la población argentina, Bullrich pidió a los legisladores que les otorguen más herramientas para lograrlo: “Necesitamos terminar con el hormiguero y no ir hormiga por hormiga”.

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