Las amenazas a un gobernador elevan las alarmas por la violencia del narcotráfico en Argentina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asumió el cargo el 10 de diciembre. Dos días después de quedar al frente de esta provincia argentina, recibió la primera amenaza, que llegó tras una balacera contra un banco. La segunda apareció horas después, abandonada durante un ataque a tiros contra un hospital público. Las notas, enviadas supuestamente desde el interior de una cárcel, se conocieron después de que Pullaro anunciara la reubicación de narcos y sicarios en una prisión de la provincia. Los amedrentamientos continuaron durante el primer mes de Gobierno y el político, que integra la alianza conservadora Juntos por el Cambio, aseguró entonces que sacaría a su familia de Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina y la que registra mayores índices de violencia en el país.

Las amenazas a Pullaro han puesto de nuevo el foco mediático sobre la violencia del narcotráfico en Rosario. Hace menos de un año, esta ciudad dio la vuelta al mundo cuando dos hombres encapuchados dispararon 14 tiros contra el supermercado del suegro del futbolista Lionel Messi y dejaron un mensaje mafioso contra él. Días después, el país vio como el velorio de un niño de 12 años se convertía en un levantamiento de los vecinos de un barrio de Rosario contra los narcotraficantes que los amedrentan. El entonces presidente, Alberto Fernández, envió fuerzas federales y, por primera vez, al Ejército. “La lucha contra el crimen organizado no ha alcanzado los resultados que esperábamos”, admitió entonces el peronista.

Las bandas criminales asociadas al narcotráfico son desde hace décadas muy poderosas en Santa Fe y en especial en la ciudad de Rosario, un territorio en disputa por diferentes grupos criminales, como Los Monos, el mayor del país, o el comandado por Esteban Alvarado. La provincia registró 406 homicidios en 2022, según el último reporte anual disponible, y el 58,8% estuvieron relacionados con la violencia que ejercen las organizaciones criminales. Más de la mitad de esos asesinatos ocurrieron en Rosario, donde la tasa de homicidios es de 22,1 cada 100.000 habitantes y casi quintuplica el promedio del país. Pese a que estos números son elevados desde hace años, el presupuesto destinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a la provincia ha sido muy inferior al que reciben otros territorios, según un informe de la Fundación Apertura.

Ningún Gobierno en los últimos años ha logrado solucionar el problema. Pullaro, que fue ministro de Seguridad de la provincia entre 2015 y 2019, definió como uno de los ejes de su mandato el tema de la seguridad. Entre sus primeras medidas, anunció el reacomodamiento de presos de alto perfil en los pabellones de la cárcel de Piñero, que se ubica a 25 kilómetros de Rosario. Tras los ataques que siguieron a esa decisión, un narco asociado a Esteban Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Santa Fe, fue imputado como autor intelectual de las intimidaciones, según informaron medios nacionales. Pero las amenazas continuaron y en los últimos días, con el derribo de puntos de droga en Rosario, volvieron a aparecer. La más reciente se conoció la madrugada de este martes tras el asesinato de un hombre.

“Lamentablemente, ya estoy acostumbrado (...), pero quiero ratificar el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en Rosario”, dijo Pullaro cuando comunicó la decisión de sacar a su familia de la ciudad en los primeros días de enero, y agregó: “Vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más les molesta”. El Gobierno provincial no ha ofrecido detalles sobre el traslado de la familia del gobernador. “Yo me la aguanto porque sé en lo que me metí”, zanjó entonces Pullaro, que en campaña prometió, entre otras cosas, aumentar la presencia policial en las calles, retomar las investigaciones criminales complejas y controlar a los presos en el servicio penitenciario.

Un fenómeno nuevo

En los allanamientos que se hicieron tras los ataques, la policía descubrió “una suerte de búnker” en uno de los pabellones de la cárcel de Piñero, según definió el fiscal Franco Carbone, donde había celulares y marihuana prensada “lista para la venta”. “El manejo del delito a gran escala en Rosario está naciendo de ahí [las cárceles]”, señaló Omar Pereira, secretario de Seguridad de la provincia, en declaraciones televisivas. Los jefes, ahora, dirigen el negocio desde las prisiones y desde allí orquestan demostraciones públicas de su poder.

Expertos como el periodista Germán de los Santos, autor de Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, han asegurado que el control que los delincuentes ejercen desde las prisiones es “un problema nuevo” en Argentina que tomó forma “a lo largo de los últimos cinco años”. “Las bandas que surgieron de la venta de drogas al menudeo, con un despliegue territorial en los sectores más empobrecidos de la periferia rosarina, (...) fueron identificadas por la justicia y la mayoría de los líderes y cuadros secundarios fueron enviados a prisión, muchos de ellos con extensas condenas”, escribió en uno de sus últimos artículos.

Algunos de los narcotraficantes más poderosos del país están alojados en cárceles federales en la provincia de Buenos Aires. Criminales como Esteban Alvarado, condenado a cadena perpetua en la cárcel de Ezeiza, o el líder de Los Monos, Ariel Cantero, que cumple una condena de más de 110 años de prisión en el mismo penal. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró tras las amenazas recibidas por Pullaro que el Gobierno nacional aislará a los presos peligrosos en esas prisiones. La ministra, que fue candidata presidencial de la alianza conservadora Juntos por el Cambio y se integró al Gabinete del ultraderechista Javier Milei tras perder en las elecciones, es defensora de políticas de mano dura.

Bullrich y Pullaro ya trabajaron juntos cuando fueron ministros de Seguridad de la Nación y la provincia, respectivamente, entre 2015 y 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri. Recientemente, presentaron junto el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, un plan “rígido” para “liberar a Rosario de los narcos” y “ponerlos de rodillas de una vez y para siempre”. La funcionaria comprometió a la Prefectura, a la Gendarmería, a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a esa tarea y auguró “seguridad, orden y paz”.

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