La violencia de Rosario centraliza la agenda política argentina tras la amenaza a Messi

Es aún un misterio quién amenazó a Lionel Messi en su ciudad natal, Rosario. Ha pasado un día y medio desde que, en la madrugada del jueves, dos hombres encapuchados dispararon 14 tiros contra el supermercado de su suegro, José Roccuzzo, y dejaron un mensaje mafioso contra él. Los investigadores rastrean cualquier pista que les permita identificarlos y así tirar del hilo para conocer el móvil del ataque. Mientras, los políticos pelean entre ellos sobre la política de seguridad más adecuada para frenar la violencia en la ciudad más peligrosa de Argentina, con una tasa de homicidios que casi quintuplica el promedio del país. A nueve meses de las elecciones, los rosarinos escuchan entre la rabia y la desesperación las promesas de los candidatos y piden medidas urgentes.

La fiscalía sospecha que el mensaje intimidatorio — “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar— no iba dirigido al capitán de la selección argentina sino que buscaba sacar rédito de su popularidad. “Claramente, el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se entere todo el mundo”, ha declarado a los medios el fiscal a cargo de la investigación, Federico Rébola. “No hay nada que indique que querían intimidar o exigir algo a la familia Roccuzzo”, ha agregado.

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, va un paso más allá y pone en duda incluso que los responsables estén asociados a la narcocriminalidad. “Si bien la hipótesis de las bandas no se puede descartar, el hecho no tiene nada que ver con el proceder, ni por la forma ni por el contenido con las anteriores balaceras”, asegura Javkin a El PAÍS. “No se puede descartar que sea un hecho de otro tipo”, continúa, sin especificar. Hay quienes creen que podría ser una advertencia de un sector de las fuerzas policiales contra el alcalde o una pelea interna entre hinchas violentos de fútbol, pero no hay por ahora evidencias que respalden ninguna de estas tesis.

La violencia que golpea a Rosario comenzó hace más de dos décadas en los barrios periféricos de la ciudad, vinculada a la disputa territorial entre bandas de narcotraficantes. En los últimos años se ha expandido a los barrios de clase media a través de extorsiones a comerciantes. Los criminales les piden dinero a cambio de protección. Los principales capos del narco rosarino están entre rejas, pero desde allí controlan un negocio tan lucrativo que les ha permitido infiltrarse en las fuerzas policiales y la justicia.

“Rosario no fabrica droga ni armas. Le llegan por lugares que tendrían que estar custodiados por las fuerzas de seguridad”, denuncia Javkin. “Estamos hartos de que una ciudad de trabajo, que crea, que tiene una vida cultural y deportiva enorme sea noticia por estas cosas. Estamos hartos de que no nos den un piso de seguridad para que no ocurran más”, agrega. A su juicio, las dos medidas más urgentes para frenar el terror en las calles son “control en las cárceles y presencia policial en las calles”. Las reclama desde hace años, pero sólo ahora, después de un tiroteo que ha tenido resonancia mundial, parecen ser escuchadas.

Este viernes, la justicia ordenó allanar las celdas que alojan a algunos de los capos del narcotráfico rosarino, como la de Ariel Guille Cantero, líder de la banda de Los Monos, y mantenerlos aislados de otros detenidos por delitos vinculados con el crimen organizado. En el operativo secuestraron documentación y teléfonos celulares, prohibidos por ley.

Desde el Ministerio del Interior argentino se han mostrado a favor de “poner todos los recursos” a disposición para revertir el baño de sangre en las calles de Rosario, donde han sido asesinadas 58 personas en lo que va de año. Han anunciado que financiarán la compra de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para la ciudad y habilitarán el uso del Sistema de Identificación Segura, una tecnología desarrollada para reconocer a prófugos o personas con antecedentes penales. El Poder Legislativo, por su parte, busca acelerar los nombramientos de fiscales y jueces pendientes en la provincia de Santa Fe.

Campaña política

El tiroteo contra la familia política de Messi ha instalado el problema de la inseguridad en el centro de la agenda política en el inicio de este año electoral. Es un tema incómodo para el gobernante Frente de Todos, que se muestra dividido, pero uno de los arietes de batalla para la oposición conservadora, que aspira a regresar al poder en diciembre. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, pidió a través de las redes sociales el envío de 3.000 gendarmes (policía militar) para “recuperar la calle” de Rosario. Su rival en la interna de la coalición, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, le respondió que no es suficiente y se debe movilizar el Ejército.

Diego Santilli, precandidato opositor a gobernador de la provincia de Buenos Aires, viajó hasta Rosario para expresar su solidaridad con Javkin, denunciar la inacción del gobierno nacional y pedir que se aprueben leyes para estrangular financieramente a las bandas criminales.

“Santilli fue el primero pero vendrán todos. Rosario este año será la capital del turismo político”, dice con cierta ironía Héctor, un vendedor de 54 años del centro de la ciudad. Cuenta que dos hombres armados lo asaltaron hace cuatro meses y desde entonces atiende con la puerta cerrada con llave y doble reja. “Todos prometen mucho pero luego se olvidan. Rosario va de mal en peor”, opina.

Los rosarinos se han acostumbrado a no usar el teléfono móvil por la calle —y advierten a cualquier foráneo que lo haga— y a mirar dos veces antes de entrar o salir de su casa o del automóvil para evitar un robo a cualquier hora del día. Impera una sensación de cansancio e impotencia ante una violencia que ven crecer año a año.

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