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Cristina Kirchner gana una batalla judicial: sobreseída la causa de lavado de dinero vinculada al empresario Báez

El juez falla a su favor por la falta de acusadores, después de que el fiscal no encontrase evidencias de la participación de la expresidenta en las operaciones de lavado por las que fue condenado Báez

Cristina Fernández de Kirchner
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en La Plata, en mayo.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS)

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó una batalla en la justicia. Este lunes fue sobreseída en la conocida como ‘Ruta del dinero K’ centrada en las maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a doce años de cárcel. Se trata de una causa distinta a la de Vialidad, por la que Kirchner fue declarada culpable en diciembre y condenada a seis años de cárcel por defraudación al Estado. En este caso, el juez Sebastián Casanello falló a favor de la actual vicepresidenta por la falta de acusadores. Días atrás, el fiscal de la causa había señalado que pese a la innegable relación entre Kirchner y Báez no se pudo probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas desde hace diez años.

Tras el dictamen emitido por el fiscal, tanto la Unidad de Información Financiera como el fisco argentino (Afip) solicitaron también que la vicepresidenta fuese sobreseída, lo que significó la retirada de todos los querellantes.

El magistrado rechazó el pedido realizado por la asociación civil Bases Republicanas para ser querellante en la causa por considerar que no se trata de una parte “particularmente ofendida” y que su presentación no cumplía con los requisitos formales ni con los de “oportunidad”. Casanello destacó que, después de diez años de investigación, la asociación presentó el pedido el viernes con un “objetivo puntual”: que el caso no se cerrara.

En 2021 Casanello encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era entonces dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a jugosos contratos estatales. Un tribunal superior confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena a diez años.

Casanello había dictado en ese momento la falta de mérito contra Kirchner, pero el fiscal Guillermo Marijuán pidió una serie de medidas de prueba. Tras obtener resultados negativos, Marijuán solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner la semana pasada. El fiscal sostiene que el delito perpetrado por Báez existió, pero subraya que no hay evidencias de que la vicepresidenta fuera coautora o tuviera participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Pese al sobreseímiento en esta causa, existen otras abiertas contra la vicepresidenta. La más avanzada es la conocida como Vialidad, por la que Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude al Estado. En el fallo, que ya ha sido apelado, el tribunal sostuvo haber encontrado certezas de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares a través de irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. La otra gran causa contra la expresidenta es la conocida como “Cuadernos de la corrupción”, basada en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita en esa causa.

La expresidenta argentina se considera víctima de una persecución judicial azuzada por opositores políticos y mantiene un duro enfrentamiento verbal con la justicia, en especial con los integrantes de la Corte Suprema. Hace menos de una semana, volvió a dirigir sus dardos contra la Fiscalía que descartó el móvil político en el intento de magnicidio que sufrió y decidió cerrar la instrucción sin ir más allá de los tres autores materiales. “Me quieren presa o muerta”, señaló en una carta difundida a través de las redes sociales.

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