La Fiscalía argentina descarta un móvil político detrás del intento de asesinato de Cristina Kirchner

“Me quieren presa o muerta”, escribió Cristina Kirchner en una larga carta publicada este lunes en sus redes sociales. La expresidenta de Argentina criticó así la decisión de la Fiscalía de cerrar la instrucción sobre el intento de magnicidio que sufrió, sin ir más allá de los tres autores materiales. El Ministerio Público consideró que no hay elementos para atribuir a un espacio político opositor el financiamiento y la organización del ataque, como sostiene Kirchner, y envió a juicio oral a los detenidos. “Es un acto de consagración de la impunidad”, se quejó la vicepresidenta.

El 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner llegaba a su piso en Buenos Aires cuando un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Montiel se mezcló entre la gente y le gatilló dos veces en la cabeza. El arma se trabó y Sabag Montiel fue detenido por los manifestantes que esa tarde acompañaban a la vicepresidenta. La policía detuvo más tarde a su novia, Brenda Uliarte, de 23 años, y semanas después a Nicolás Carrizo, un amigo de la pareja acusado de ser partícipe necesario del atentado fallido. La jueza María Eugenia Capuchetti los procesó por intento de asesinato. “Tiré el pestillo para atrás, y cuando apreté el gatillo no salió el tiro. Entre tanto tumulto y tanta gente estaba nervioso”, contó Sabag Montiel meses después desde la cárcel. Kirchner no aceptó jamás que ese trío, que sobrevivía con la venta de copos de azúcar en la calle, fuese capaz de planificar un magnicidio sin apoyo.

Durante la instrucción, los abogados de la vicepresidenta pidieron que se investigara si habían recibido financiamiento externo. Apuntaron directamente contra un diputado opositor, Gerardo Milman, señalado por un testigo de estar al tanto del ataque antes de que se cometiese. Milman está vinculado a la precandidata presidencial Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri. La denuncia pidió también que se avanzase sobre una organización de extrema derecha llamada Revolución Federal, popular por lanzar antorchas contra la Casa Rosada y marchar contra Kirchner con una representación de su cabeza decapitada por una guillotina.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de las pesquisas, dijo que los tres detenidos “no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado”. La prueba reunida, agregó, “impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados” para atentar contra Kirchner.

Las conclusiones no cayeron nada bien en la vicepresidenta. “Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”, escribió Kirchner. “Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima”.

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