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Detenidos tres militantes de ultraderecha que amenazaron de muerte a Cristina Kirchner

El grupo Revolución Federal organizaba manifestaciones violentas en las que participó una de las acusadas del intento de asesinato a la vicepresidenta argentina

Jonathan Morel (izquierda) y Leonardo Sosa, militantes del grupo de ultraderecha que amenazó a Cristina Kirchner, posan para una foto, en Buenos Aires, el 21 de septiembre de 2022.
Jonathan Morel (izquierda) y Leonardo Sosa, militantes del grupo de ultraderecha que amenazó a Cristina Kirchner, posan para una foto, en Buenos Aires, el 21 de septiembre de 2022.Natacha Pisarenko (AP)
José Pablo Criales

“Lástima que a mí ya me conocen la cara...”, dice en la grabación. “Si no, sabés cómo me infiltro ahí una semana y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia”. Jonathan Morel hablaba así el pasado 26 de agosto, en una transmisión pública en Twitter. Desde mayo, la agrupación de ultraderecha que había creado en redes sociales crecía en internet y en la calle: una manifestación en el centro de Buenos Aires en la que amenazaban al Gobierno con una guillotina, otra con antorchas frente a la Casa Rosada, y agresiones a un periodista frente al ministerio de Economía. El audio de Morel, de 23 años, se hizo viral semanas después, cuando un hombre intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su casa. La policía argentina lo ha arrestado este jueves junto a otros dos miembros de su grupo.

}La Justicia los investiga por amenazar de muerte a Kirchner, a su hijo y diputado, Máximo Kirchner, y al presidente Alberto Fernández, pero el hilo es más largo. Los abogados de la vicepresidenta sostienen la hipótesis de que hay un vínculo entre los acusados del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y los militantes de ultraderecha. Uliarte, detenida como instigadora, había acudido a alguna convocatoria del grupo.

Además de Morel, fueron arrestados Leonardo Sosa y Gastón Guerra, los tres integran el grupo llamado Revolución Federal. La investigación sobre la agrupación de ultraderecha corre en paralelo al caso contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. La jueza a cargo consideró hace unas semanas que no podía encontrar vínculos suficientes entre los detenidos y los miembros de Revolución Federal. Pero esto podría cambiar pronto. El martes, la Justicia aceptó a la vicepresidenta como querellante en el caso contra los integrantes de Revolución Federal. Sus abogados, los mismos que la representan en la causa por el intento de asesinato, buscan tener acceso a ambas investigaciones y unirlas.

Fernando Sabag Montiel, de 35 años, fue arrestado el jueves 1 de septiembre después de disparar un arma en la frente de la vicepresidenta. Nacido en Brasil de padres argentinos, trabajador informal y seguidor de ideas radicales y simbología nazi, la primera interpretación sobre sus móviles fue que era “un loco que actuó suelto”. Dos días después fue arrestada su novia. Brenda Uliarte, de 23 años, tenía mensajes en su teléfono en los que despotricaba contra la vicepresidenta y su partido. A una amiga le dijo que tenía una pistola y que lo único que necesitaba era a alguien que disparara. Uliarte afirmaba que ya tenía financiación para escapar. “La próxima voy y gatillo yo, Nando [por Sabag Montiel] falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano”, le escribió a otro amigo la noche del atentado. Las dos personas con las que habló fueron arrestadas semanas después.

En su indagatoria, Uliarte dijo que no tenía nada especial en contra de Cristina Kirchner, que solo era una desencantada política, pero sus publicaciones en redes sociales volvieron a contradecirla. El 18 de agosto había participado en una de las manifestaciones de Revolución Federal. Ese día, el grupo ultra había concentrado a decenas de personas que marcharon con antorchas frente al Palacio de Gobierno. Al grito de “reventar la Plaza de Mayo”, los manifestantes arrojaron pirotecnia, bombas de estruendo y huevos dentro del vallado de la Casa Rosada. “No vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias”, decía la convocatoria a la manifestación. “Si tenés miedo, no vengas”.

La investigación en contra de la agrupación radical no termina en las amenazas. Según la agencia Télam, el expediente de inteligencia que incluye los audios de Revolución Federal también incluye una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, que es dueño de una carpintería, de parte de una firma vinculada a Nicolás Caputo, amigo de la infancia del expresidente Macri y primo de su antiguo secretario de Finanzas. Morel habría recibido casi 50.000 dólares (ocho millones de pesos, al cambio oficial) por trabajos de refacción en un hotel. El líder de Revolución Federal reconoció después que había recibido solo 11.000 dólares, en una entrevista con el diario Página/12.

“Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas”, dijo uno de los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, en una entrevista del pasado martes con El Destape Radio. “Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den”, exigió. Según algunos reportes, las oficinas de la firma “Caputo Hermanos” han sido allanadas durante el despliegue policial de esta mañana en el que fueron arrestados los tres militantes de ultraderecha.

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Sobre la firma

José Pablo Criales
Es corresponsal de EL PAÍS en Buenos Aires. Trabaja en el diario desde 2019, fue redactor en México y parte del equipo de la mesa digital de América. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Austral y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS.

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