Diez exalumnos denuncian por abusos sexuales al colegio jesuita donde enseñó el Papa

El Colegio El Salvador, con más de 150 años de historia, es la escuela jesuita más renombrada de Argentina. Pero la institución se enfrenta ahora a una denuncia penal por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales perpetrados por un profesor a decenas de alumnos entre 1998 y 2003. Sus víctimas, que entonces tenían entre 10 y 11 años, acusan a las autoridades escolares de haber sido partícipes necesarias de los abusos y critican el desinterés del Papa, que fue profesor allí en los años sesenta.

El hermano César Fretes era el tutor de sexto de primaria, un cargo que le permitía llamar a los alumnos en cualquier momento y recibirlos a solas en un aula. Era, también, acompañante en los campamentos y retiros espirituales que organizaba el colegio. Ese contexto propició que encontrase espacios para “abusar de al menos 42 alumnos de la institución”, según la denuncia. Diez de ellos han dado el paso de presentarse ante los tribunales. Aunque Fretes falleció en 2015, acusan a cinco exautoridades jesuitas de la escuela como “como partícipes necesarios de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado”. La pena contemplada por estos cargos es de 15 años de cárcel.

Según los denunciantes, el hecho de que fuese el responsable de impartir educación sexual le permitía ganarse la confianza de los niños para después manipularlos y poder perpetrar el abuso. Casi todos tardaron años en lograr verbalizarlo y cuando lo hicieron, creían que sólo les había ocurrido a ellos. La soledad comenzó a quebrarse el año pasado cuando Gonzalo Elizondo y Pablo Vio alzaron la voz. Tras ellos, empezaron a aparecer otras víctimas. Hasta la fecha tienen contabilizadas 42, pero creen que la cifra real podría ser el doble.

Nicolás Quinteros necesito más de 15 años en procesarlo. Fue consciente por primera vez al contárselo a su pareja, a raíz de una charla que mantuvieron sobre la polémica en Argentina por la aplicación de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas. “Era el año 2016, 2017, y en los medios se hablaba de la ESI. Le dije a mi pareja que estaba muy a favor de que se implementara bien porque yo había tenido una experiencia muy fea que no debería haber pasado y que no hubiera pasado de haberse implementado bien. Le conté que ese tipo, César Fretes, un día me vio angustiado, llorando y me dijo: ‘Andá a esperarme al baño”. Cuando el profesor entró, estaban los dos solos. Con excusas, lo convenció para que le mostrase los genitales. “Nico, eso no fue ESI mal dada, fue un abuso, eras menor”, le dijo su mujer, según recuerda en una entrevista con EL PAÍS.

“Yo hace tiempo que lo tengo identificado como abuso y le pongo ese nombre, pero hasta el año pasado pensaba que me había pasado solo a mí. Ver que hubo 40 casos, que quizás son muchos más, lo cambia todo”, asegura Francisco Segovia. “Estamos ante un hecho que es de naturaleza colectiva, no fue un loquito que tiene una perversión, una conducta mal acomodada, sino que a su alrededor hubo gente con funciones eclesiásticas y educativas se organizaron para taparlo y para proteger la imagen del colegio, dejándonos totalmente despojados de contención”, agrega Segovia.

Hace una semana, la Justicia ordenó dos allanamientos en el marco de la causa: en la sede del colegio y en la del Centro Loyola de la Orden Jesuita, en la localidad bonaerense de San Miguel. Los denunciantes aseguran que entre la documentación que se encontró hay papeles que demuestran que tanto el entonces rector, Rafael Velasco, como otras autoridades de la escuela sabían que Fretes era un pederasta y lo toleraron hasta que se multiplicaron las denuncias. Los acusan, además, de no haber investigado a fondo las primeras acusaciones contra él, que se remontan a 1998, y de haber permitido que Fretes regresase a la escuela de visita después de su expulsión.

El colegio expresó su postura a través de un breve comunicado, al igual que ya hizo el año pasado, cuando Elizondo y Vio hicieron públicos los abusos por primera vez. En el texto, emitido tras los allanamientos, informa que ofrecieron “toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación”.

La Compañía de Jesús, organización de la que depende la escuela, destacó también como señal de colaboración que “hizo llegar de modo espontáneo al Juzgado mayor información que la existente en las sedes educativas, ya que la misma se encontraba en la Sede Curial donde no se dispuso allanar”.

Uno de los abogados de la querella, Carlos Lombardi, califica de “caprichosa” e “hipócrita” la colaboración de las autoridades escolares por considerar que entregan la documentación que quieren y que les interesa más salvaguardar la imagen de la institución que lograr reparar el daño causado. “Antes, el modus operandi era proteger al abusador como dé lugar. Y cuando era insostenible, expulsarlo. Ahora, el modus operandi es blindar a la institución, sin dar información a las víctimas, y limitarse a pedir perdón”, asegura Lombardi.

Fretes murió impune en 2015, pero los denunciantes confían en que el círculo que lo encubrió no lo haga. El principal obstáculo para el avance de la causa es la prescripción de la acción penal. La ley que amplió los plazos de prescripción se aprobó en 2015 y los delitos que se quieren juzgar son anteriores, pero Lombardi cita precedentes como el del cura Justo Ilarraz -condenado a 25 años de cárcel-para creer que pueden sentarlos en el banquillo de los acusados.

“Vamos a insistir con que se aplique la convención de los derechos del niño, que ya estaba vigente en 2003. La Justicia debería hacer prevalecer ese principio porque el paso del tiempo sólo perjudica y profundiza el dolor de las víctimas”, señala el abogado.

Los denunciantes coinciden con Lombardi. “Dicen que eran otros tiempos, pero sí había leyes de la ciudad donde te obligaban a informar sobre este tipo de casos”, sostiene Elizondo. Después de un año de buscar respuestas en el colegio, asegura que no ha obtenido ninguna. También quedó sin responder la carta que le mandó al Papa Francisco. Por ese motivo, su desconfianza hacia el compromiso real de la Iglesia católica contra la pederastía es enorme.

“Rafael Velasco era el rector del colegio en esos años, cuado ocurrieron estos abusos y hoy en día es la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Argentina, es decir, la máxima autoridad de los jesuitas en el país en el que estamos denunciando. A otro de los que denunciamos, Andrés Aguerre, lo premiaron el año pasado con el cargo de rector de la Universidad Católica de Córdoba. Es muy chocante, que digamos que hicieron posibles los abusos, que los encubrieron y que parezca como si no importara”, denuncia Elizondo. Todas sus esperanzas están puestas hoy en la Justicia.

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