Las autoridades escolares de Uvalde despiden a sus policías tras el fiasco del día de la matanza

Uvalde continúa transformándose para digerir la tragedia. A más de cuatro meses del tiroteo que cobró la vida de 19 menores y dos maestras de una escuela pública, las autoridades del distrito escolar de la comunidad han anunciado la suspensión del pequeño cuerpo de policías encargado de la seguridad en el condado. Es la más reciente decisión del órgano independiente que supervisa a las escuelas de esta región de mayoría latina ubicada en el centro de Texas. En agosto, el grupo compuesto por ocho personas despidió a Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito, uno de los primeros en llegar a la zona del tiroteo convertido en la segunda peor matanza estudiantil en Estados Unidos.

El despido de los cinco integrantes del cuerpo de policía había sido desde hace semanas uno de los más importantes reclamos hechos por los familiares de las víctimas. Brett Cross, de 32 años, comenzó el 27 de septiembre una acampada afuera del edificio administrativo del distrito escolar para exigir el cese de los policías, quienes tardaron 77 minutos en responder mientras un tirador de 18 años disparaba ráfagas con un rifle de alto poder en uno de los salones de la escuela primaria Robb. Cross perdió aquel 24 de mayo a su sobrino de 10 años, Uziyah Sergio García, de quien tenía la custodia legal. Varios padres de familia se unieron a Cross en las últimas semanas a la manifestación. El grupo colocó 19 mochilas y dos morrales en las puertas del edificio. Tras 10 días, la presión ha rendido frutos este viernes.

“Los sargentos Miguel Hernández y Ken Mueller han sido puestos en una baja administrativa”, ha señalado el distrito escolar en un comunicado fechado este viernes. “Se ha tomado la decisión de suspender todas las actividades del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado por un tiempo indefinido. Los oficiales empleados actualmente tendrán otros roles en el distrito”, añade el documento, que informa que el Mueller ha optado por el retiro. El Uvalde Leader News, un medio local, también ha asegurado en Twitter que Hal Harrell, el superintendente del distrito escolar, ha anunciado su salida, que tendrá que ser aprobada por los integrantes del órgano en los próximos días. La noticia no ha sido confirmada por las autoridades locales.

La decisión de la junta escolar llegó horas después de que se hiciera público el despido de Crimson Elizondo, una policía recientemente contratada por las autoridades de Uvalde. Elizondo se había desempeñado meses atrás como policía estatal de Texas y fue una de las primeras en llegar a la escuela el día del incidente. El cese fue anunciado después de que el gobernador Greg Abbott, quien está en plena campaña por la reelección, dijera públicamente que los registros en manos de las autoridades estatales mostraban que Elizondo no cumplió, durante el operativo, con los estándares exigidos por la patrulla estatal. Una cámara corporal la grabó aquel día diciendo a un compañero: “Si mi hijo hubiera estado allí dentro, yo no estaría aquí afuera. Te lo prometo”.

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Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la escuela de Uvalde

Uvalde, una población con menos de 20.000 personas, fue uno de los 100 distritos escolares de Texas que decidieron formar un cuerpo de policía para responder a tiroteos, actos de vandalismo, gamberradas y otros problemas al interior de los centros educativos. Estos cuerpos comenzaron a proliferar desde 2017. El de Uvalde se convirtió en realidad después de que un tirador asesinara a 10 personas en el instituto Santa Fe, a las afueras de Houston, en mayo de 2018.

Después de aquello debutó la fuerza policiaca en Uvalde. Lo hizo con un jefe de policía, un detective y dos oficiales. El cuerpo subrayaba su colaboración con otras corporaciones. De hecho, el distrito ofrecía desayunos y comidas gratis a los policías de otros grupos que visitaran los colegios. Además de patrullar las entradas a los campus y los aparcamientos, los policías tenían entre sus tareas asegurarse del correcto funcionamiento de las alarmas, sensores de movimiento y las 100 cámaras de instalados en las escuelas. Asimismo, debían verificar que los profesores dieran las clases con la puerta cerrada y con seguro, como dictan los protocolos de seguridad para evitar tiroteos masivos. Todo esto falló la mañana del martes 24 de mayo, cuando Salvador Ramos entró armado a la escuela a causar el horror.

Más de 300 uniformados acudieron aquella mañana a dar respuesta a la emergencia. La actuación de decenas de corporaciones, desde los policías escolares de Uvalde hasta la Patrulla Fronteriza, protagonizaron un desastroso operativo que, con el paso de los días y según se han ido conociendo nuevos detalles, han provocado la ira de los familiares de las víctimas. A finales de septiembre se hizo público que cinco agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas están siendo investigados como parte de un proceso que determine lo que sucedió. La oficina de asuntos internos dirá después si estos cinco elementos recibirán castigo alguno.

El despido de los policías es una pequeña victoria para los padres y familiares de las víctimas de Uvalde, quienes se han convertido en activistas a favor de la regulación de las armas. El gobierno de Abbott, sin embargo, no ha dado el brazo a torcer en uno de los principales reclamos que le hacen: elevar la edad mínima hasta los 21 años para comprar un rifle de asalto. El gobernador, un republicano ultraconservador, se ha opuesto a cambiar las leyes con el argumento de que la modificación a la norma será derribada por el Supremo.