La Corte Penal Internacional cierra su oficina en Caracas por falta de “progreso real”

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas ante la falta de avances concretos en la cooperación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y reafirmó que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sigue activa. El anuncio fue realizado por el Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, durante su intervención en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, celebrada en La Haya.

“Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, declaró Niang. “Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”, añadió.

La decisión está precedida de varios desencuentros entre el chavismo y la CPI que lo investiga. Hace un año, el entonces fiscal Karim Khan —que fue separado en agosto de la causa de Venezuela por conflicto de intereses— advirtió de que “el camino de la complementariedad” se estaba agotando. Es decir, que no había disposición y capacidades para que los crímenes denunciados fueran investigados y juzgados localmente. Khan lamentó en ese último informe anual de 2024 la falta de implementación de reformas legales y prácticas por parte del régimen venezolano, y subrayó que “la pelota” estaba “en el campo de Venezuela”.

Estos señalamientos ocurrieron luego de la escalada represiva que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el chavismo llevó a cerca de los 2.000 el número de presos políticos. Khan también abogó entonces por el regreso de los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expulsados por Maduro en febrero de 2024, luego de denunciar en redes sociales la detención de la activista Rocío San Miguel.

La oficina de la CPI se instaló en Caracas en junio de 2023, en la penúltima visita de Khan a Venezuela, aunque se estaba anunciando desde marzo de 2022. Con ello se buscaba lograr una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en el país. “Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana”, expresó el fiscal, sentado al lado de Maduro en Miraflores.

La decisión del cierre de la oficina abona las tensiones que ha mantenido el Gobierno de Maduro con los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló el domingo que evaluaban la posibilidad de salirse del organismo ante lo que señalan como inacción en el caso de los asesinatos extrajudiciales cometidos por Estados Unidos contra tripulantes de supuestas “narcolanchas” en el Caribe. De concretar el retiro del Estatuto de Roma ―el tratado que estableció la CPI en 1998 para definir los crímenes de su competencia―, señalan juristas, no suprime el largo proceso para la comprobación de crímenes de lesa humanidad y la posible sanción de figuras del alto Gobierno como responsables.

La investigación que sigue la CPI contra Venezuela es la primera que se abre en país latinoamericano en esta instancia. En este caso, también ha sido inédito que Estados parte ―Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá― invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurrió en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente.

Desde entonces, la Fiscalía ha acelerado sus actividades de recolección de pruebas, estableciendo plazos concretos y colaborando con socios internacionales para documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos. Testimonios de más de 8 mil víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, han sido recabados como parte de la investigación.