Argentina y Paraguay lanzan una cruzada contra la igualdad de género en el texto de la COP

Se espera que los países reunidos en la cumbre del clima de Belém, la ciudad portuaria brasileña situada en la desembocadura del Amazonas, acuerden un Plan de Acción de género de diez años para integrar las experiencias de las mujeres en la acción climática y hacer que el diseño de las políticas climáticas sea más inclusivo.

En las últimas cumbres que organiza Naciones Unidas ha quedado claro que el cambio climático exacerba las desigualdades y hace que las personas más vulnerables y marginadas de la sociedad sean también las menos capaces de hacer frente al empeoramiento de las sequías, las inundaciones, y las tormentas. Las responsabilidades de cuidado de las mujeres y su ausencia en muchos procesos de toma de decisiones hacen que a menudo se vean afectadas de manera desproporcionada por los impactos climáticos.

Sin embargo, la reacción global contra los derechos de las mujeres y las niñas, y la promoción de una visión más tradicionalista de la sociedad, se está extendiendo a las negociaciones sobre el clima. En este sentido, Argentina y Paraguay, que han atacado los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+, han desatado una polémica sobre la definición del término “género.” Antes del inicio de la COP30, ambos países exigieron la inclusión de notas al pie en el borrador del plan para aclarar su interpretación del género como referencia a los sexos masculino y femenino.

Desde que comenzaron las negociaciones la semana pasada, esta medida ha animado a otras naciones religiosas y socialmente conservadoras a seguir su ejemplo. Irán y el Vaticano solicitaron notas al pie para explicar su interpretación del género como sexo. Indonesia y Malasia también han exigido la inclusión de notas al pie que aclaren sus posiciones.

“Quieren llevarnos de vuelta a los 60 y 70″

Lorena Aguilar, directora ejecutiva del Instituto Kaschak para la Justicia Social para Mujeres y Niñas, con sede en Estados Unidos, y ex viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, declaró a EL PAÍS que la cuestión se había convertido en “explosiva” en las negociaciones. “Esto no tiene precedentes. Quieren llevarnos de vuelta a los años 60 y 70” y “evitar cualquier reconocimiento de la diversidad” en las experiencias de hombres y mujeres, afirmó.

Los defensores de los derechos de la mujer y la igualdad de género afirman que, reducir la definición de género, supondrá un retroceso con respecto al lenguaje que se ha utilizado en el sistema de las Naciones Unidas durante tres décadas. Las negociaciones climáticas de la ONU han abordado las cuestiones de género en las negociaciones desde 2001. Estos debates tienen por objeto tener en cuenta las diferentes experiencias de hombres y mujeres a la hora de responder al cambio climático, pero nunca han pretendido imponer una definición de “género.” Los países siempre han interpretado las decisiones basándose en sus leyes nacionales y contextos culturales.

“La igualdad de género es una condición previa para una acción climática eficaz,” declaró Mary Robinson, defensora de la igualdad de género y expresidenta de Irlanda, en una rueda de prensa celebrada el miércoles en la COP30. “Cuando las mujeres y las personas de género diverso están presentes en la mesa, las políticas climáticas son más ambiciosas, más inclusivas y más duraderas. Debilitar el lenguaje acordado socava la ambición climática y es algo completamente nuevo en este sistema [climático de la ONU] y no es aceptable,” afirmó.

Un gran número de países — entre ellos los de la Unión Europea, Canadá, México y Gobiernos latinoamericanos, incluido Panamá — se han opuesto a las notas al pie y al retroceso en el lenguaje acordado previamente. Sin embargo, las propuestas anteriores de Noruega y Canadá de incluir referencias a las mujeres y las niñas “en toda su diversidad” y a las personas “de género diverso” han sido eliminadas del borrador del texto.

Argentina y Paraguay — este último ha aprobado un proyecto de ley del Senado que prohíbe la educación de género — han ido más allá y han cuestionado el uso del término “género” en otras vías de negociación, incluidas las discusiones sobre cómo garantizar que la transición a un sistema de energía limpia sea justa y equitativa dentro de los países y entre ellos.

Argentina, donde el presidente Javier Milei ha desmantelado el aparato estatal de protección de las mujeres contra la violencia y ha propuesto eliminar el feminicidio del código penal, utilizó una definición de género del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un tratado internacional que establece la jurisdicción de la corte sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad, y los crímenes de guerra. Este lo define exclusivamente como “los dos sexos, masculino y femenino”.

Fabiana Menna, especialista argentina en políticas de género, afirmó que dar marcha atrás en la concepción inclusiva del “género” como uno de los factores que influyen en la vulnerabilidad de las personas al cambio climático, supondría “negar los derechos de las personas en toda su diversidad” y los de las personas LGBTQ+, que ya sufren discriminación.

Los países deben “mantenerse firmes”

Menna, también copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente y Cambio Climático de Women 20, que asesora al G20, añadió que la adopción de un enfoque binario masculino-femenino impedirá el desarrollo de “políticas más justas y eficaces” que reduzcan la vulnerabilidad climática de todos.

A las activistas también les preocupa que las notas al pie puedan sentar “un precedente peligroso” si se mantienen en el acuerdo final alcanzado en Belém, ya que podrían abrir la puerta a que los países las utilicen para manifestar su posición sobre otras cuestiones en las negociaciones.

Las notas al pie que aclaran las posiciones de los países son habituales en los borradores de los textos mientras se negocian las cuestiones, pero no se utilizan en las decisiones finales de la COP, según Joanna Depledge, experta en el proceso de negociación climática de la ONU e investigadora de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. “Esto se debe a que las decisiones se adoptan por consenso, y las notas al pie de los países contradirían ese consenso,” afirmó.

Hay otras formas en que los países pueden dejar constancia de su interpretación de una cuestión específica en los acuerdos climáticos de la ONU. Por ejemplo, el preámbulo del texto podría indicar las diferentes interpretaciones que tienen los países del término “género” en función de su legislación y circunstancias nacionales.

Por eso, para Bridget Burns, directora ejecutiva de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que defiende las cuestiones de género en las negociaciones sobre el clima, los países deben “mantenerse firmes” frente a la presión para dar marcha atrás en el lenguaje.