¿Dónde está la cabeza de mi hijo?

Cuando la madre de Bryan llegó a la morgue de Guayaquil, sabía que enfrentaría el desgarrador momento de identificar la cabeza y el cuerpo de su hijo. Desde la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más peligrosas de Ecuador a causa del hacinamiento y la falta de control estatal, los presos le enviaron videos de la tortura que sufrió Bryan antes de su muerte. La crudeza de las imágenes, capturadas con teléfonos móviles introducidos de forma clandestina en la cárcel, evidencia la realidad que se vive en los centros penitenciarios del país, donde la violencia se ha convertido en una moneda de cambio entre las bandas criminales.

La masacre de tres días de julio de 2023 en los centros carcelarios en Guayaquil fue una de las más crueles y violentas de las registradas en los últimos tres años en el sistema penitenciario. Los médicos forenses debieron identificar los cuerpos de 31 personas que, en su mayoría, llegaron en piezas: brazos, piernas, cabezas y dedos. Algunos cuerpos se encontraron sin corazón o con una mano en el estómago. Cuando los disectores, que son los custodios de los cuerpos en una escena de crimen, pudieron recoger los cadáveres del interior de la cárcel y llevarlos a la morgue, algunos ya tenían más de cuatro días descomponiéndose bajo el calor y la humedad de Guayaquil, consumiéndose en sus propios líquidos.

La masacre intensificó la crisis en la morgue de Guayaquil. En junio pasado, un fuerte olor reveló los problemas en la gestión de cadáveres en dicha instalación. En respuesta, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses utilizó todos los recursos científicos disponibles para identificar los cuerpos y restablecer sus identidades. Sin embargo, el olor persistía y el espacio para los cadáveres seguía siendo insuficiente. Como medida urgente, llevaron a cabo una inhumación colectiva de alrededor de 50 cadáveres y partes de cuerpos para aliviar la sobrecarga en los contenedores, que ya estaban colapsados con más de 200 cuerpos de personas asesinadas. Entre ellos se encontraba el cuerpo con el código 2552, perteneciente a Bryan Alfredo Vélez, de 25 años. A pesar de que aún estaba pendiente el proceso de identificación de su cabeza en la Fiscalía, el Servicio de Medicina Legal procedió a inhumar su cuerpo sin la autorización de la familia.

Los especialistas siguen un protocolo de manejo de cadáveres que consta de tres etapas. En el primer paso, se toma una muestra de las huellas necrodactilares. Este método es el más rápido para la identificación si el cuerpo no ha sufrido alteraciones y la persona poseía un documento de identidad. Si la identificación no es posible, el cuerpo se remite a un antropólogo que analiza las características anatómicas, marcas o tatuajes del cadáver, comparándolos con la información proporcionada por los familiares. En esta etapa, se presentó el caso de la cabeza con el código 2559. Tanto la madre de Bryan como la de otro preso coincidieron en que esa era la cabeza de su familiar, del que solo tenían el cuerpo. “Reconocí a mi hijo por tres fotos que me mostraron; vi una comisura que él tenía, pero era evidente que la cabeza de mi hijo estaba en muy mal estado y era irreconocible”, dijo la madre de Bryan.

El antropólogo decidió enviar una muestra genética al centro de acopio para que la Fiscalía solicitara el análisis. Durante exactamente cuatro meses, la madre de Bryan insistió en que la Fiscalía ordenara la toma de muestras y las comparara con la cabeza. “Todos los días presionaba para que se realizara el trámite”, recuerda. Viajaba cuatro horas cada semana desde otra provincia hasta Guayaquil para agilizar la resolución de su caso. Aunque el protocolo establecía un plazo de 40 días para los resultados de las pruebas genéticas, la madre esperó otros siete meses para recibir la noticia de que el resultado era positivo. La cabeza 2559 y el cuerpo 2552 correspondían a Bryan Alfredo. Con el documento que certificaba la coincidencia genética, la mujer se dirigió a la morgue para reclamar el cadáver de su hijo.

En el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirigido desde hace cinco años por Milton Zárate, un expolicía, le informaron que el cuerpo de Bryan no estaba allí. Lo buscaron en un contenedor donde apenas funcionaba el sistema de refrigeración y los cuerpos desintegrados estaban apilados en fundas plásticas negras. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ya había sido inhumado junto a otros 50 cadáveres y piezas anatómicas en el cementerio de Simón Bolívar, a dos horas de Guayaquil. Así comenzó un nuevo y doloroso camino para la madre de Bryan.

La estrategia de enviar videos mostrando el momento de la tortura de los presos a sus familiares no es nueva. Es una táctica comúnmente utilizada para amedrentar y demostrar poder. La violencia en las cárceles ecuatorianas refleja un problema más amplio de inseguridad y falta de gobernabilidad. La inestabilidad y la corrupción han permitido que las organizaciones criminales operen con impunidad, creando un clima de terror tanto para los internos como para sus familias. Esta violencia no se limita a las paredes de las penitenciarías. Se extiende a las calles, donde las mismas bandas que controlan las prisiones disputan territorios y mercados ilícitos. La tragedia de Bryan es solo una pieza en el complejo rompecabezas de la criminalidad en Ecuador, un país que lucha por encontrar soluciones a una crisis que parece no tener fin.

La madre de Bryan ha preferido no revelar su nombre. Su mayor temor es que la exhumación del cuerpo de su hijo tome más tiempo. No se considera víctima de las grandes tragedias de Ecuador, como la violencia carcelaria y la corrupción. Por el contrario, agradece la diligencia de los funcionarios que están tramitando rápidamente la exhumación, así como el sigilo de la prensa que ha presionado por información sobre los responsables del centro forense. Son estos mismos funcionarios quienes han hecho que ella atraviese un doloroso camino al perder el cuerpo de su hijo, quien fue asesinado bajo custodia del Estado.

El Gobierno no pudo proteger la vida de su hijo en la cárcel ni asegurar la integridad de su cadáver. Aun así, su único deseo es que le entreguen el cuerpo completo de su hijo. Se aproxima el primer aniversario de la masacre, el mismo tiempo que la madre de Bryan ha estado pagando los servicios funerarios para el ritual de velación y para vivir el luto por su ausencia. Aún recuerda que no podía creerlo cuando le informaron que había fallecido, pues solo unas horas antes había hablado con él por teléfono. Le había pedido que le enviara cinco dólares para comprar algo de comida en la tienda de la cárcel. Desde entonces, ha soñado con él. No encuentra palabras para describir su dolor, pues sabe que nadie que no haya vivido algo similar podría comprenderlo.

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