Venezuela aprueba una ley para anexionar el Esequibo que Guyana considera una grave amenaza

Venezuela ha aprobado esta semana una legislación para la anexión del territorio Esequibo, parte de una disputa histórica con Guyana. La Asamblea Nacional controlada por Nicolás Maduro ha creado formalmente el estado Guayana Esequiba, que en diciembre pasado el mandatario venezolano ya había ordenado incluir en los mapas oficiales del país. Se trata de una región selvática de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra de facto Guyana, que ya emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el nuevo paso que ha dado Venezuela y reclama a la comunidad internacional intervenir.

La Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo establece que “mientras se resuelve la situación interna de la entidad”, el jefe de Estado de Venezuela elegirá al gobernador y la Asamblea Nacional asumirá las funciones legislativas del territorio. El conflicto limítrofe con el país vecino avanza a la par que cronograma electoral en Venezuela y la ley también responde a esa coyuntura. El artículo 25 de la ley indica que todos los candidatos a cargos de elección popular que hayan apoyado la postura de Guyana pueden ser inhabilitados para competir, lo que supone un nuevo filtro con el que Maduro y el chavismo en el poder se sacará rivales en el camino a las presidenciales del 28 de julio y en procesos sucesivos previstos para 2025 y 2026 en los que se elegirán nuevos diputados, gobernadores y alcaldes. En un caso extremo, el escalamiento del conflicto internacional —según han advertido algunos analistas— le permitiría a Maduro declarar un estado de excepción en el que pueda postergar las elecciones a las que llega en sus mínimos de popularidad, con un rechazo de al menos 80% de la población, según la mayoría de las encuestas.

La norma fue aprobada el jueves, el mismo día que se abrió el plazo para inscribir las postulaciones a la Presidencia y fue remitida al Supremo para validar su constitucionalidad, sobre la que el ente respondió afirmativamente en una sentencia exprés dictada en menos de 24 horas. La aprobación de esta ley se produjo dos días después de que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, propusiera otro proyecto legislativo para castigar “severamente” a los “traidores” y con la misma se abre un nuevo frente para perseguir de forma discrecional a quienes discrepan del Gobierno.

A finales del año pasado Maduro convocó a los venezolanos a un referéndum sobre la creación de una nueva provincia sobre el territorio Esequibo —dos veces más grande que la propia Guyana. En la consulta también avaló desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a la que Guyana llevó el diferendo en 2018 y en la que próximo mes de abril Venezuela debería defenderse. Aquella fue una respuesta política a la enorme movilización opositora por las primarias en las que fue escogida María Corina Machado, luego inhabilitada y este viernes sustituida por Corina Yoris en consenso con los integrantes de la Plataforma Unitaria.

El chavismo usó el Esequibo para medir su maquinaria electoral y aseguró haber sacado 10.000.000 de votos, aunque los resultados oficiales no han sido publicados hasta el momento y gran parte de los centros de votación lucieron desolados ese día. Así se encendió un conflicto regional, con intercambio de declaraciones y movilizaciones militares a ambos lados de las fronteras en disputa, en el que Brasil, Estados Unidos, la Caricom y la Celac debieron mediar. El 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés Irfaan Alí acordaron en San Vicente y Granadinas y bajarle el tono a las hostilidades y retomar las vías diplomáticas para la resolución del conflicto.

Ahora Guyana vuelve a llamar a la comunidad internacional para frenar las “intenciones expansionistas” de Venezuela. La Cancillería guyanesa ha advertido que se está violando su soberanía, así como las sentencias de la Corte Internacional de Justicia que exhortan a las partes a evitar acciones que agraven el conflicto y el propio pacto de Argyle, auspiciado por el presidente Lula Da Silva. Desde hace varios años, sin embargo, el país de habla inglesa ha otorgado a transnacionales concesiones para la exploración y explotación petrolera en las aguas del territorio en disputa y ha estrechado su relación con Estados Unidos en temas de cooperación militar.

Venezuela también ha acusado la violación de los acuerdos de diciembre pasado, pero por otras causas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Yvan Gil han calificado como una “clara amenaza” la reciente visita a Guyana de William Burns, director de la agencia de inteligencia estadounidense. “En la historia de la CIA no hay un solo hito positivo en su expediente: solo muerte, violencia y destrucción”, escribió Rodríguez en sus redes sociales. “Guyana viola flagrantemente el Derecho Internacional y persiste en desconocer el Acuerdo de Argyle. Venezuela no se dejará amedrentar y persistirá en su camino de legalidad y paz”.

En esta controversia de más de dos siglos, Guyana defiende la frontera establecida en el Laudo Arbitral de 1899, que pone dentro de sus límites un territorio que desde 1777 estuvo en los mapas de la Capitanía General de Venezuela, mucho antes de la independencia de España. Venezuela considera amañado este documento y se basa en los Acuerdos de Ginebra de 1966 para exigir una resolución diplomática del conflicto que, para el Gobierno guyanés, es una vía que ya quedó agotada tras los fracasos de las gestiones de varios buenos oficiantes de las Naciones Unidas, reconocidos por el propio secretario general Antonio Guterres que remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia, que deberá determinar la validez del laudo y podrá luego establecer la frontera.

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