La cría de guacamaya roja que simboliza la esperanza para su especie en la Selva Maya

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Un anillo para toda la vida. Deslizándolo con suma delicadeza por entre los dedos de una cría de guacamaya roja, el veterinario Alejandro Morales identifica con la argolla ‘GUA 115’ al último pichón de la temporada 2025, en el Centro de Rescate Arcas, en el norte de Guatemala. “La guacamaya roja es una especie emblemática de la Reserva de Biósfera Maya. Está sumamente amenazada, entonces, nuestra responsabilidad es reproducir animales en cautiverio, de animales que han sido rescatados del tráfico ilegal; y las crías vamos a hacer todo lo posible por reintroducirlas, y que puedan darle vida y esperanza a la especie”, advierte el coordinador de salud animal, sosteniendo las alas del ave, de nombre científico Ara Macao.

Según el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala, la guacamaya roja está en peligro crítico. Organizaciones como Arcas y Wildlife Conservation Society estiman que quedan menos de 400 ejemplares en los más de dos millones de hectáreas de la Reserva de Biósfera Maya (RBM). Cuando debería haber miles, la alarmante cifra es consecuencia, según el veterinario Morales, del cambio de uso de suelo, de la extracción del hábitat donde estos animales viven y, en gran medida, del tráfico ilegal. “Hay unas especies que tienen mucho carisma y que terminan siendo muy caras como la guacamaya roja (…) La última estadística que tenemos de una guacamaya en el mercado nacional eran 5.000 quetzales, lo cual equivale, más o menos, a 700 dólares; en un mercado internacional llegan a valer entre 3.000 y 4.000 dólares”.

Para Morales, hay un símil inequívoco del tráfico ilegal de animales silvestres con el tráfico de drogas. Una cadena de ilícitos que empieza desde los cazadores furtivos que merodean los árboles cantemó (acacia glomerosa), donde suelen anidar las crías de guacamayas rojas, hasta los transportistas que sobornan a las autoridades de puertos y aduanas, para entregar, a toda costa, el animal a su comprador final.

Entre tanto, la pequeña ‘GUA 115’, cuyos padres biológicos no tuvieron la capacidad de alimentarla, está siendo criada a mano en un proceso parsimonioso, teniendo como precedente que el programa de reproducción de guacamayas rojas en la selva de Petén comenzó en el año 2004, y desde entonces, solo se han liberado 41 ejemplares.

Mientras los conservacionistas hacen lo suyo, el Estado dice librar una batalla en contra de los crímenes ambientales, con puestos de control en las inmediaciones de las áreas núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya. Un esfuerzo insuficiente, según lo constatan los propios guardabosques y policías ambientales en terreno.

Atentando a un puesto de control en la Selva Maya

A principios de julio de 2024, más de 200 hombres encapuchados tomaron por asalto el puesto de control de ingreso hacia una de las áreas protegidas de la reserva, en San Miguel La Palotada. “Hace un año, los comunitarios vinieron a quemar el puesto, para saquear recursos naturales” señala Cristian Flores, técnico del CONAP, la autoridad guatemalteca que vela por combatir en terreno las actividades ilícitas como la invasión de tierras, la caza furtiva y la tala ilegal.

Aunque los campesinos justificaron el asalto para impedir que las autoridades desmontaran de la selva unas antenas de comunicaciones, Flores los desmiente, y los vincula con los intereses de finqueros de mucho poder. En su opinión, estaban hartos de no poder transitar libremente con carne de vida silvestre y madera de árboles nativos. De manera que el día del asalto, en cuestión de minutos, doblegaron a treinta efectivos del Ejército, a dos policías de la División de Protección de la Naturaleza (Diprona), y a dos guardabosques.

“A los del ejército los dejaron ir. A los muchachos -los dos policías y los dos guardabosques- los secuestraron por 48 horas, pero en el transcurso de eso incendiaron todas las instalaciones”. Más de un año después, el técnico Flores exhibe las cicatrices del fuego que prendieron en el puesto de control, con paredes calcinadas, estucadas de hollín, que perpetúan el rastro de los insurgentes. Para fortuna de los funcionarios que allí duermen, bajo el chirrido de las cigarras y el aullido de los monos, el nauseabundo olor a humo se desvaneció.

“Ellos querían tener el paso libre hacia el área protegida, es un grupo que tiene el poder de la madera, la ganadería y la caza”, apunta el técnico en conservación. “Cazadores hay bastantes, entre 50 y 100 personas que andan haciendo eso. Venado, tepezcuintle, armadillo, faisán, pavo y otras especies, lo que es para comer y negociar es lo más común, todo prohibido”, sentencia Flores, quien urge al Estado a que refuerce con mayor personal el puesto de control, ya que el temor de que ocurra un nuevo atentado prevalece.

Los invasores ilegales de la selva

En otro puesto de control de la Reserva de la Biósfera Maya, la tensión es aún mayor. Por la puerta de entrada al Parque Nacional Sierra del Lacandón, en cercanías a la frontera con México, el técnico de vigilancia y control, Jorge Olivares, recibe miradas desafiantes de varias decenas de invasores ilegales. Se trata de campesinos que construyeron casas rústicas al interior del parque, sin importar que la Ley de Áreas Protegidas se los prohíbe. “Debería de haber más naturaleza que gente, tal vez guardaparques, no invasores (…) lo malo es que ellos están armados, es gente muy poderosa, lo intimidan a uno”, comenta el técnico mientras eleva un dron para tomar fotos y videos de áreas quemadas intencionalmente.

Olivares captura imágenes de árboles rostizados como el guamil, el guarumo, el jocote de monte, el palo chino, y la caoba. Posterior a las quemas, los invasores siembran pastizales para la ganadería extensiva de sus patrones. Según la oficina del CONAP en Petén, la cobertura forestal de la RBM en el año 2000 era del 80%. En contraste, en 2024, es del 67,1%. “El dron ha sido una herramienta muy importante para nosotros. Con esto, tenemos la evidencia para realizar nuestro informe y colocar las denuncias”, anota el técnico de la Fundación de Defensores de la Naturaleza.

Sin embargo, las denuncias ante el Ministerio Público suelen avanzar lento o quedar archivadas, y en terreno, se vive una grave crisis de ingobernabilidad, de acuerdo con Olivares. “La policía igual no puede hacer nada, porque si te diste cuenta, andan tres elementos para la gente que está ahí, es ilógico, ¿verdad? Ellos ganan”.

En las fotografías de Olivares no se ve ninguna guacamaya roja, aunque se presume que habiten el parque. Allí mismo, en septiembre de 2024, organizaciones ambientales liberaron una veintena de ejemplares que fueron rehabilitados tras ser víctimas del tráfico ilegal. En un par de años, se espera que cuando ‘GUA 115’ haya aprendido a valerse por sí misma, pueda volar con la misma suerte.