Abuela, madre e hija: cuando el embarazo adolescente pasa de generación en generación

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Algo en los ojos de doña Teresa Mejía se apagó cuando se enteró de que su nieta Dianny Mateo Mora, de entonces 14 años, iba a ser madre. “Habríamos querido que estudiara, que se preparara, ya que nosotras no tenemos una carrera”, susurrará minutos más tarde, cuando no la pueda oír. Ahora, la observa cargar con torpeza a Dylan y busca la mirada triste y esquiva de la que era “la niña de sus ojos”. La mira como si no la hubiera visto antes y sacude la cabeza. Todo pesa demasiado en la casa de las Mejía. Para Teresa tampoco es fácil encontrarse con esos ojos, como tampoco lo fue con su hija. “Yo fui madre con 19 años, Pahola, con 15. Y ahora ella… Es como si hubieran repetido mi historia. Batallamos con lo mismo”, lamenta en su modesto rancho de Palenque, un municipio rural al sur de República Dominicana. Mientras, el balbuceo del pequeño es lo único que rompe el silencio en esta casa de mujeres resilientes y cuidadoras que no eligieron serlo.

“Lo mismo”, eso a lo que se refiere doña Teresa, es la violencia de género, la crianza en soledad y las miradas de la gente. En el caso de Dianny, además, se le suma el abandono escolar. Una de cada cinco adolescentes menores de 19 años es madre en República Dominicana. Y la mitad de ellas deja la escuela para maternar. En el caso de esta joven menuda y tímida, fue por el bullying de sus compañeras. “Dejé de ir porque se reían de mí”, susurra en su pequeña habitación en la que duerme con sus hermanos y ahora con su hijo de tres meses. Frente a las dos literas rojas, cuelga toda la ropa de la familia amontonada en perchas eganchadas al marco de la puerta. “Me decían que parecía tan santa que cómo así que salí embarazada. Por eso no quiero salir, me mantengo en casa”, añade. Dos pares de zapatitos de Dylan descansan al lado de un bote casi vacío de leche en fórmula. Hace días que el novio de Dianny, de 22 años, quedó en reponerlo, pero no responde a las llamadas. “Estará en la capital, ya aparecerá”, augura.

Aunque desde el 2021 existe una ley en el país caribeño que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, para Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva de Women’s Equality Center (WEC), aún queda mucho que hacer para acabar con la normalización de relaciones de hombres mayores con niñas: “Puede que en el país exista voluntad política para cambiar las cosas, pero falta coraje. Falta el coraje de apostar por lo que es correcto, independiente de las consecuencias que esto pueda traer”. Y es que, pelear por los derechos de las niñas y las mujeres ha estado solo en agenda solo durante periodos preelectorales, lamenta Avila. De acuerdo con un un estudio de Unicef, la eliminación del matrimonio y uniones tempranas efectiva podría haber reducido la pobreza a nivel nacional del 30,5% al 27,7%; y del 41% al 32,1% en los hogares donde las mujeres se casaron en edad temprana.

‘Desembarazarse’

A ninguna de las Mejía se les pasó por la cabeza que Dianny abortara. “La Biblia dice claramente que no matarás”, zanja doña Teresa. Casi que ni siquiera se les ocurrió nombrarlo. En República Dominicana, las mujeres no hablan de aborto, sino de ‘desembarazarse’. El tabú tiene mucho que ver con que la isla es uno de los cinco países del continente en el que interrumpir el embarazo es un delito, penado con hasta cuatro a diez años de prisión. El personal médico que lo ejecute podrá ir entre 5 y 20 años a la cárcel. La penalización absoluta del aborto es también la norma en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.

Si bien en estos cuatro países la prohibición parece estar blindada, República Dominicana está en pleno debate sobre la actualización del Código Penal, que tiene más de 140 años. Llevan años avanzando y derogando nuevas versiones, pero ninguna pasa el filtro. El principal motivo por el que el contador se pone a cero es el mismo: que en todas las versiones presentadas se mantiene la penalización absoluta del aborto. Es decir, se condena con cárcel la interrupción del embarazo incluso cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto es inviable o cuando este es fruto de una violación o incesto. “Esto ha sido una victoria de los grupos feministas”, dice Syra Taveras, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf). “En un Código Penal del siglo XXI no podemos seguir criminalizando a las mujeres por abortar. No dejaremos que pase ningún proyecto así”.

La petición de arrastrar al país a una tendencia en el continente que está abriendo cada vez más la mano a los derechos de las mujeres no es solo un reclamo feminista. Según el Barómetro de las Américas de 2019, un 61% de los dominicanos está de acuerdo con el aborto bajo las tres excepciones. Por eso, este año puede ser una gran oportunidad para un país que vio dar a luz a 24.461 niñas en 2022. San Cristóbal, el municipio rural en el que vive Dianny, es la localidad en la que más adolescentes fueron madres el año pasado. Las bajas tasas de matriculación, la precariedad económica y la fuerte presencia de las creencias religiosas están detrás de las maternidades impuestas.

Son las 8.00 de la mañana en Palenque y es imposible alargar el sueño del pequeño Juriel, de 11 meses. Su madre, Leissy Báez, de 16 años, se quedó embarazada de su novio Gerardo Amaranto, de 26, sin planearlo. Hace una hora que, como cada día, suena a todo volumen una misa de la iglesia evangélica de al lado. Esta guarda más parecidos con un concierto de hardcore que con una eucaristía. “Las víboras se van cuando tú tienes fuego. Las víboras se van cuando tú tienes fuego”, repite sin parar el cura, acompañado de una batería, bajo y percusión. Todos con los ojos cerrados y poseídos por la música. “Esto es así toda la mañana. Aquí uno va a misa quiera o no quiera”, dice la madre, quien calcula que en las cinco cuadras de su barrio hay unas doce o trece más como estas.

Las arraigadas posturas conservaduristas en la ruralidad hacen que el campo se convierta en un eje prioritario del movimiento feminista. Ahí, Lidia Ferrer y las colegas de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca) llevan cuatro décadas reivindicando el derecho a la soberanía alimentaria, a la tierra y a las urgencias de las mujeres que la trabajan. “Nosotras hacemos un trabajo para despenalizar socialmente el aborto en las comunidades; nos dedicamos a poner a la gente en los zapatos de estas niñas”. El feminismo en República Dominicana no se entendería sin ellas. “Hacemos lo que le toca hacer al Estado”.

A Dianny la educación sexual casi ni la rozó. Si bien recuerda haber tenido “una o dos” clases de prevención de embarazo, su novio le dijo que él no quería tener relaciones sexuales con preservativo. No tuvo a quién acudir ni a quién consultar, pensó que no pasaría nada. Leissy, por el contrario, nunca escuchó hablar en la escuela de enfermedades de transmisión sexual o de anticonceptivos. Tampoco lo escuchó antes de que le pincharan hormonas horas después de dar a luz.

“Yo pregunté a la enfermera qué es lo que le estaban inyectando a mi hija y me dijeron que era la planificación. Al principio, me enfadé porque esas cosas se consultan, ¿no? Pero luego pensé que así mejor, que no traiga más chiquillos ahora”, cuenta en el salón de su casa Leidy Pozo, madre de Leissy y otros tres hijos. Cuando Leissy escuchó por primera vez que hay muchas otras formas de planificar, ya era tarde. “¿Pero hay alguna que no me haga engordar como esta?”, pregunta.

Lilliam Fondeur, ginecóloga, obstetra y activista, sabe que la planificación con un consentimiento viciado o nulo no es una excepción en su país. “Incluso pasa con la esterilización. A muchas mujeres las esterilizan y no saben que es un método de anticoncepción permanente. La decisión de cuándo ser madres no puede tomarla nadie que no sean ellas mismas”, narra. Según la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) de 2013, el 41% de las mujeres en unión o casadas están esterilizadas.

En República Dominicana, la ley de educación sexual existe solo en el papel, como pasa con gran parte de los derechos de las mujeres. A la isla también ha llegado la conspiración de que hablarle de genitales, derechos sexuales y prevención de abusos a los niños y jóvenes es parte de la “ideología de género”. Así, las pocas directrices en materia de salud sexual o reproductiva suelen estar permeadas por la moral del profesor o de los padres. Una de las consecuencias de la falta de información es la elevadísima tasa de mortalidad neonatal. Por cada 1.000 nacidos vivos de madres adolescentes mueren 22 niños antes de cumplir los 28 días de vida. “El cuerpo de una niña no debería de aguantar un embarazo, ni un parto. Tienen que jugar, estudiar y ser madre cuando y solo si quieren”, dice Fondeur.

Avila añade a la ecuación las brechas sociales que abre la penalización: “El aborto no está prohibido para las mujeres ricas. Esto pasa en todos los países con este contexto, pero en República Dominicana, donde este hueco de clases es tan grande, es mucho más grave”.

Un hueco tan grande como el que tiene Dianny en el estómago, cuando su madre y su abuela le piden que sonría para la foto. Es la primera vez que Dylan ve el mar y la primera vez que ella pisa la playa desde que dio a luz. Pero la sonrisa solo sale cuando se encuentra a su padre en moto con su madrastra. Sale corriendo con el niño en brazos y, por primera vez en el día, vuelve a parecer una niña. Lo abraza y le deja al bebé un rato para que juegue con él. Su madre, que los observa desde un restaurante en la orilla, tiene miedo de lo que vendrá. “Él quiere enganchar a la niña [al servicio militar]. Ella no sabe cómo decirle que no, solo quiere aportar un sueldito a la casa. Y yo solo quiero que vuelva a estudiar, que vuelva a jugar con sus amigas”.