Costa Rica y un sistema educativo en crisis: cuando el alumno estrella cae a notas rojas

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El sistema educativo de Costa Rica sufre la mayor crisis en cuatro décadas y hace al pequeño país centroamericano alejarse de los aplausos internacionales que recibió durante décadas por su capacidad para equiparar desde las aulas las oportunidades de bienestar por encima de las clases sociales. Rezagos en los aprendizajes, la menor inversión pública en casi una década, una crisis de gestión y preguntas existenciales colocan en punto de zozobra al sistema al que acuden 1,1 millones de estudiantes (23% de la población) a cargo de unos 65.000 educadores que muchas autoridades suelen llamar con orgullo “nuestro ejército” ante la carencia de fuerzas armadas.

El paisaje de “tormenta perfecta” lo retrata el Noveno Informe Estado de la Educación, la edición más reciente de estudios que sobre el sistema educativo publica cada año un centro público de análisis y pensamiento llamado Programa Estado de la Nación, en San José, adscrito al Consejo de Rectores de las universidades públicas. Este organismo es autónomo del Gobierno. A pocos ha sorprendido la referencia a una crisis estructural del aparato educativo público, pero a muchos sectores políticos y sociales ha preocupado como quizás nunca antes verla descrita con tanto detalle. La educación costarricense aún puede sacar ventaja sobre los vecinos de la región, pero queda debiendo en la comparación con su propio pasado.

Mientras tanto, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves prefiere culpar a los Gobiernos de los últimos 40 años, pone en duda la validez del diagnóstico, defiende los recortes de inversión pública y mantiene la apuesta por reformar el modelo de enseñanza para adaptarlo a las necesidades de empleo de la población o a las necesidades de las empresas que buscan trabajadores.

“Nos están achacando cosas que ocurrieron antes”, reaccionó el mandatario en una suerte de admisión de la crisis que se ha profundizado más allá del “apagón educativo” de la pandemia, durante la cual Costa Rica registró uno de los períodos de cierre más largos de clases presenciales entre países de OCDE y uno de los peores impactos en el aprendizaje de los estudiantes. Falta de políticas remediales, problemas en la capacitación de maestros y políticas de austeridad se sumaron al cóctel. También los movimientos de huelgas extensas como la de 2018 y desafíos no resueltos en digitalización, según los señalamientos del informe. Son factores que se mezclan con el deterioro social que impacta las dinámicas estudiantiles y el pulso en años recientes entre visiones progresistas y conservadoras por incidir en los programas de enseñanza.

Una “generación perdida”

La advertencia del 2021 ya apuntaba al alto riesgo de una “generación perdida” como la que provocó la crisis del año 80 y que hoy pagan muchos adultos sin acceso a trabajos calificados. Ahora, sin embargo, el descalabro está consumado y el dilema es cómo revertirlo de manera urgente. “El sector educativo enfrenta una coyuntura decisiva ante este sendero de involución que conduce a una educación de menor calidad y accesos cada vez más excluyentes para amplios segmentos de la población. De no modificarse, esta ruta tendrá fuertes impactos negativos sobre las personas y sobre las aspiraciones nacionales de desarrollo humano. La disyuntiva es sencilla de enunciar, pero crucial: aceptar la situación como inevitable o modificarla”, señala el informe.

Esa búsqueda de solución debe impulsar el Gobierno de Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial que se ufana de haber ascendido en la escalera social gracias a la educación pública. Sin embargo, en 2023 el presupuesto estatal para el sistema educativo fue el más bajo en nueve años, producto de recortes y limitaciones creadas para cumplir con metas que consolidan la “prosperidad fiscal” como ha celebrado el mandatario en meses recientes. Las autoridades recortaron decenas de miles de becas y contuvieron el dinero para infraestructura. La inversión en este año se redujo 1,2% frente a la de 2022 y representó el 6% del PIB, sólo tres cuartas partes de lo que se debía destinar por mandato constitucional. Las autoridades, además de argumentar que hay limitaciones financieras para el sector y que los resultados han sido malos a pesar del gasto, ahora cuestionan el 8% del PIB que señala la Carta Magna.

“¿Dónde está la base científica que respalda el 8%?”, objetó esta semana en un foro la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, antigua funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a quien partidos opositores han llamado a interpelación en la Asamblea Legislativa por lo que consideran es una falta de respuestas para la crisis. Un sector de la academia universitaria pide destituirla. Un supuesto programa llamado “Ruta de la Educación”, cuyo contenido no ha hecho público la jerarca, es objeto de cuestionamientos que aumentan conforme más intenta ella defenderse. “La ruta de la educación me la inventé yo”, dijo en ese mismo foro antes de acudir a los astros para ejemplificar de manera excéntrica los intentos por cambiar el paradigma, reduciendo la memorización y promoviendo habilidades. “No queremos pedir a los estudiantes que hagan la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año; queremos que los chicos entiendan cómo el movimiento de lo planetas afecta su vida diaria y su salud”.

Más allá de presuntos cambios en los planetas y los efectos sobre la salud, los investigadores apuntan a los problemas de gestión. “Está incumpliendo y omitiendo cada vez más los acuerdos nacionales en el ámbito educativo, forjados a lo largo de décadas, que establecían un norte para la política pública”, dice el informe aludiendo a las líneas tradicionales. En cambio “se han arraigado los graves rezagos y pérdidas en los aprendizajes básicos de las cohortes de estudiantes que ya salieron y las que transitan por el sistema, sin perspectiva de mejora para ellas ni para las nuevas generaciones que están por iniciar su escolarización”.

Algunos datos evidencian el deterioro: maestros de niños de 10 años (los que debieron aprender a leer en el 2020 pandémico) reportan que estos tienen dificultad para comprender o producir un texto simple. Los jóvenes que están en penúltimo año de secundaria son los peor preparados y difícilmente logren capacitarse lo suficiente para entrar en la universidad, a la que están ingresando solo cuatro de cada 10. Si logran entrar a los estudios superiores estatales, el vacío será innegable. “Reviso ensayos y no puedo creer que estén hechos por adultos”, lamenta un profesor de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica (UCR). La apuesta por ampliar la educación técnica tampoco ha logrado las metas y deja a muchos jóvenes sin cupo.

“Es preocupante”, dice Jonathan Jiménez, profesor de Estudios Sociales en un liceo del municipio Guácimo, en la zona caribeña del país, donde el entorno social y económico ha agravado la calidad de la educación. “Con tantas dificultades económicas en los hogares y la reducción tan fuerte de las becas o las ayudas en transporte y alimentación, el sistema hace todo lo posible por retener a los estudiantes. Eso significa relajar las evaluaciones y casi asegurarles que aprobarán el año. Así van pasando de ciclo hasta que salen graduados, algo que es bueno, pero uno se pregunta cómo van preparados. Para muchos de ellos ya no es un anhelo el logro académico”, reflexiona sobre los cambios en la última década.

Reconoce que gran porcentaje de sus colegas docentes se han graduado de “universidades de garaje” (centros privados de baja calidad) y eso empobrece la enseñanza en primaria y secundaria. Y apunta a una conclusión parecida a la del informe: falta un norte en la política educativa.

“Necesito ayudar a mi mamá”

Parece decir que la prioridad ahora en escuelas y colegios, en términos generales, es paliar las dificultades sociales, proteger a los estudiantes de los ambientes de violencia o drogas y, con más suerte, generar capacidades para que puedan ganarse la vida cuanto antes. “Necesito salir de aquí rápido a trabajar en lo que sea para ayudar a mi mamá”, dice en el liceo de Guácimo una quinceañera matriculada en el tercer año de la secundaria.

“No estoy segura de que seguir en el colegio sea lo mejor, pero al menos quiero aprender algo de inglés aunque ya sé que ser bilingüe… jamás. Muchas veces siento que estoy perdiendo el tiempo”, agrega la estudiante. A su alrededor, tres compañeras asienten. Otra menciona un punto delicado: “mi papá dice que si tuviéramos plata buscamos un colegio privado, pero obvio no podemos”.

Es lo que menciona el estudio: el deterioro de la educación pública en primaria y secundaria ha incrementado las desigualdades frente a los centros privados. Esto aumentaría la inequidad social que ha crecido en Costa Rica en este siglo y que compromete la reconocida estabilidad de la nación, aunque en muchos hogares lo más relevante es dar a sus hijos educación de calidad y por eso en las clases medias hacen grandes sacrificios económicos para pagarla. “Yo estuve toda la vida en la educación pública y quisiera que así fuera para mis dos hijos, pero ya no es lo mismo. Aunque tenga que pedir prestado, prefiero pagar en lo privado y que vayan bien preparados para entrar a la universidad estatal, eso sí”, dice en San José una maestra de una escuela pública que prefiere guardarse el nombre con una razón sencilla: “no quiero que me digan ‘traidora’, aunque muchas de mis compañeras hacen lo mismo”.