Vulnerables e invisibles: la campaña que niega la existencia de indígenas aislados de la Amazonia peruana

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Su nombre es Christian Pinasco, es ingeniero y tiene una misión: movilizar a la población de Loreto, una región amazónica del oriente peruano que se extiende en una monstruosa área de 368.000 kilómetros cuadrados, en una lucha contra la ley PIACI, que reconoce la vida de pueblos indígenas en aislamiento en la región y propone la creación de reservas intangibles para su protección.

Para Pinasco, estos pueblos no existen en Loreto. “Los PIACI [Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial] son una farsa para crear reservas infantiles en perjuicio del desarrollo de nuestra región”, comenta el presidente de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), institución civil que promueve la derogatoria de estas leyes, y que está impulsando una campaña mediática, a través de anuncios televisivos emitidos en canales públicos y redes sociales, con la idea de que las leyes que protegen a estos pueblos solo frenarán el desarrollo productivo de Loreto.

Esta es una región amazónica fronteriza con Ecuador, Colombia y Brasil que ocupa casi el 30% del territorio nacional. Sin embargo, para millones de peruanos que viven en ciudades de la costa, a más de mil kilómetros de distancia, se trata de un territorio lejano e inhóspito. Esta idea equivocada de una selva distante y despoblada ha generado que históricamente las ciudades de la Amazonia sean vistas con indiferencia por un Estado incapaz de atender a una población multilingüe, culturalmente heterogénea y atomizada en un territorio tan extenso como accidentado. De acuerdo con una estimación de pobreza multidimensional de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) realizada en 2021, Loreto es el departamento con más personas con carencias múltiples (el 60,8%) en áreas como educación, salud y acceso a servicios en el país.

Las poblaciones más vulnerables de la Amazonia loretana son precisamente los pueblos indígenas en situación de aislamiento, por lo que se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica ante el potencial contacto con población externa. Con el propósito de proteger a estas poblaciones, desde hace décadas diversas organizaciones internacionales y gremios indígenas han impulsado políticas específicas y un marco normativo que garantice su supervivencia y respete su decisión de no mantener contacto.

Para Christian Pinasco, sin embargo, estas no son más que patrañas. Incluso, al ser confrontado con los estudios realizados por instituciones independientes que certifican la existencia de estos pueblos en la región, el presidente de la CDL se muestra escéptico. “(Si existieran PIACI en Loreto) se podría demostrar a través de drones, satélites y evidencias concretas, contundentes, y no con historias y cuentos que son contadas por las ONG, que tienen intereses muy particulares en generar atraso y subdesarrollo en Loreto”, refiere.

Sin embargo, especialistas internacionales contradicen esta postura y resaltan la rigurosidad del proceso de reconocimiento que sigue cada expediente que propone la existencia de estos pueblos en Perú. Hasta el momento, en la región de Loreto se han identificado al menos seis. “La legislación peruana es más rigurosa que en muchos otros países como Brasil, Ecuador y Colombia, donde basta solo con un estudio (elaborado por el ente rector) para confirmar o descartar la presencia de pueblos en aislamiento”, explica un experto de la ONG Amazon Conservacion Team que, por seguridad, solicitó no revelar su nombre. “En el Perú, en cambio, son necesarios dos informes realizados por organizaciones independientes, que son presentados ante una Comisión Multisectorial. Eso les otorga mayor confianza a estas investigaciones y a la legislación que se crea en torno a ellos”.

Para Dulhy Pinedo, directora del programa sectorial IV de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, la postura de Pinasco y la CDL no solo es malintencionada y denota un gran desconocimiento de las etapas que comprende el proceso que determina la existencia o no de pueblos en aislamiento, sino que es peligrosa. Según explica, las seis solicitudes de creación de Reservas Indígenas en Loreto que actualmente se encuentran en trámite “tuvieron todas las condiciones ambientales, antropológicas y jurídicas para determinar que esos pueblos existen”, una evidencia que se constató a través de “monitoreos, visitas a campo, y entrevistas a personas de comunidades aledañas”.

“Es lamentable escuchar este tipo de discursos que generan desinformación y que perjudican la protección de personas que ni siquiera pueden defenderse o hablar por sí mismas”, afirma Pinedo. “Lo peor es que estos discursos tienen eco en el Gobierno local. En vez de estar sentados en una mesa buscando alternativas para fortalecer las oportunidades económicas de las comunidades indígenas, estamos en medio de una campaña que busca desconocer la existencia de los pueblos más vulnerables de la nación”.

En pie de guerra

Con apenas dos años de fundación, la CDL ha logrado hacerse un espacio en el ámbito mediático de Iquitos, la capital de Loreto, y entablar una relación estrecha con el Gobierno regional y el Colegio de Ingenieros de Loreto, que en varias oportunidades han acompañado sus pronunciamientos y comunicados. Pero el ímpetu de la CDL ha ido más allá de los límites de la región, al punto que algunos de sus miembros, entre ellos, Pinasco, registran visitas oficiales al primer ministro de la República, Aníbal Torres, así como a congresistas de diversas bancadas parlamentarias.

Si bien las fuentes consultadas son cuidadosas al indicar qué podría estar detrás de la CDL, todos coinciden en que en la zona existen fuertes intereses madereros y empresariales asociados a carreteras y al tráfico de tierras, así como al lobby petrolero, que cuenta con dos lotes superpuestos a las áreas de la Reserva indígena de Napo-Tigre.

Pablo Chota Ruiz, secretario general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), quien lleva luchando 19 años por la creación de la Reserva Indígena Napo-Tigre, cree que existen empresas extractivas que impulsan la idea de la no existencia de los pueblos en aislamiento para seguir operando en las zonas que habitan. “Buscan su interés personal y no piensan en estos hermanos que viven del y por el bosque, y que son la población más vulnerable de nuestra nación. Ya los estudios antropológicos han demostrado la existencia de estos pueblos en esta zona de múltiples maneras, y es tarea del Estado proteger a nuestros hermanos aislados”, comenta Chota.

Aunque la CDL afirma no estar vinculada a ningún partido político o a alguna actividad extractiva, Pinasco comenta que desde la organización se ha lanzado el proyecto ‘Amazonia traducida’, en el que se insta a los empresarios a que salgan a defender su actividad. “Queremos que los señores que han sido perjudicados con el cierre de la actividad petrolera salgan y expongan su problemática”, dice.

En esta línea, Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común – IBC, ONG que trabaja con comunidades indígenas, cree que la influencia de la CDL y su campaña puede escalar a una dimensión nacional. “Me preocupa porque veo que la negación de la existencia de los PIACI en Loreto tiene todo el potencial de escalar a toda la Amazonía peruana, y poco a poco ir negando derechos colectivos de los pueblos indígenas, a su territorio, a una identidad, etcétera”, explica Piana.

Sin embargo, para Piana resulta curioso que la CDL promueva el desarrollo de Loreto apelando a actividades extractivas, cuando está probado que el impacto ambiental y social que han tenido en las comunidades indígenas ha sido negativo. “Hay muchos casos en que las extracciones de madera han atropellado los derechos de las comunidades nativas y los han terminado empobreciendo”, comenta Piana, quien ve otros mecanismos de desarrollo que pueden reducir los daños ambientales. “Loreto debería pensar más como región y cómo sociedad en la conservación de sus bosques y en la venta de bonos de carbono como fuentes de ingresos”.