Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente: “La crisis climática es un riesgo también para las empresas”

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A comienzos de octubre, la ministra del Medio Ambiente de Chile, la climatóloga Maisa Rojas (Temuco, Chile, 50 años), tuvo un primer acercamiento con la misión que le encomendaron para la COP 27, la cumbre del clima que se celebrará en Egipto el próximo mes. Viajó a República Democrática del Congo para la PreCop y se reunió con distintos grupos de trabajo y destacadas figuras de la comunidad internacional. En ese país, la ministra chilena cumplirá un rol fundamental, pues guiará junto a la comisionada del Clima de Alemania, Jennifer Morgan, la mesa de trabajo sobre ‘Pérdidas y Daños’, un concepto que tiene que ver con la implementación de estrategias para afrontar los efectos adversos de quienes ya están sufriendo el cambio climático. Es un desafío mayor considerando que se trata de uno de los puntos más complejos a tratar y en el que en la COP anterior no hubo mucho consenso.

En entrevista con América Futura en Castro, en la isla de Chiloé, la ministra dice sentirse honrada por la invitación a tratar un asunto que le importa de sobremanera y que varias naciones latinoamericanas pusieron sobre la mesa en cumbres anteriores. “Es un tema trascendental, porque muchos países están viviendo impactos considerables producto del cambio climático. En esta negociación esperamos ser un puente entre los países para alcanzar acuerdos significativos para todas las naciones; esperamos poder avanzar en acuerdos sobre el financiamiento para Pérdidas y Daños. Es importante que, de forma transversal, se reconozca la magnitud y gravedad del problema porque no solo impactan a la economía de los países, sino que ponen en peligro vidas humanas, elementos culturales, sociales, ambientales. Queremos que esta discusión sea un tópico relevante durante la COP27″, dice.

Es un reto mayor, pero Rojas tiene todas las credenciales para asumirlo. Doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford en Inglaterra, con un postdoctorado en modelización del clima regional de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en 2013 fue además la autora del quinto informe del Panel Intergobernamental sobre Cambio Climático y es ampliamente reconocida en la comunidad científica internacional. “Ser científica me permite entender con claridad lo que dice la evidencia: tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, que se está cerrando rápidamente. Por eso, debemos actuar con rapidez y ambición. El nivel de emergencia al que nos enfrentamos nos exige reafirmar el compromiso con la evidencia científica. Tiene que estar en el corazón, pero a veces parece que pierde el peso que debiera tener. En mi rol de ministra y científica, reforzaré que la evidencia es inequívoca y que para asegurar la vida en el planeta debemos impulsar la acción climática”, dice.

Un cambio de paradigma

El Gobierno del presidente Gabriel Boric es el más ambicioso que ha tenido Chile en materia ambiental. Desde que asumió, en marzo pasado, ha dado pruebas de que la protección del medioambiente es una prioridad: en pocos meses ha ratificado el tratado de Escazú y ha promulgado la Ley Marco de Cambio Climático que establece que el país deberá ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050. Pero más allá de adoptar nuevas políticas públicas, a lo que aspira la ministra es a generar un cambio de mirada en la manera en que se concibe la relación entre desarrollo económico y sostenibilidad. Habla de la existencia de una “falsa dicotomía” entre ambos, una idea a la que vuelve recurrentemente.

“Todos y todas, en mayor o menor medida, lo hemos estado haciendo mal por los últimos 150 ó 200 años. Esto requiere de una revisión de la manera en que nos relacionamos no solamente con la naturaleza, sino que también entre nosotros mismos, porque [la crisis climática] es un síntoma también de un mundo muy desigual”, dice. “Debemos cambiar la manera en que contamos el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de las personas. En eso tenemos mucho que aprender probablemente de los lugares que tenemos más cerca y también mucho que compartir, porque requiere colaboración internacional”.

Darle ese sello a la política ambiental no es tarea fácil. Chile ha estado marcado durante décadas por un modelo de desarrollo industrial que ha generado conflictos permanentes con las comunidades locales. Una de las fuentes de tensión es la existencia de llamadas “zonas de sacrificio medioambiental”, en que los efectos de la contaminación de industrias diversas como centrales termoeléctricas, faenas mineras, puertos o fundiciones han afectado la calidad de la vida y la salud de los habitantes de esos sectores. En varios de sus discursos, el presidente anunció su intención de terminar con las zonas de sacrificio durante su mandato.

En junio, anunció el cierre de una fundición en Ventanas, situada en una de las zonas de ese tipo más emblemáticas del país en el centro de Chile y donde en las últimas décadas se asentó un cordón industrial con múltiples fuentes contaminantes que generaron numerosas denuncias por intoxicaciones y por la alta incidencia de cáncer y enfermedades respiratorias. Sin embargo, el anuncio presidencial causó impacto porque esa fundición le pertenece a la empresa estatal Codelco, principal productora de cobre de mina del mundo y fuente de miles de empleos.

El Gobierno ha asignado fondos especiales para este tipo de conflictos en el presupuesto para 2023. Rojas explica que este incluye un programa presupuestario destinado al “desarrollo sostenible”, con tres ejes: descarbonización, resiliencia y cambio climático. El plan incluye cuatro ministerios, entre ellos el de Economía. “Hay una alianza que no existía tanto antes entre Medio Ambiente y Economía. Por eso digo que hay un cambio de paradigma en que el Ministerio del Medio Ambiente está en el corazón del desarrollo”, dice.

Pregunta. Usted ha dicho que quieren ser el primer Gobierno ecologista de Chile. ¿Qué significa eso concretamente?

Repuesta. Significa que tenemos que transitar. Estamos en una situación de cambio climático que tiene manifestaciones muy claras en Chile, con una crisis hídrica e incendios forestales, entre otros. Hay una degradación medioambiental significativa y una crisis social también. Las tres crisis que enfrentamos, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, en particular por plásticos, son globales y son síntomas de un desequilibrio. No pueden seguir pagando los costos del desarrollo los que históricamente lo han pagado. Y los beneficios de las transiciones en las que estamos trabajando —la energética, hacia nuevas maneras de movilizarnos, de construir ciudades, de producir alimentos— tienen que ser repartidos de manera más equitativa. En el caso de Chile significa concretamente que el Ministerio del Medio Ambiente comienza a jugar un rol distinto en el Estado: pasa de ser un ministerio que se ha visto históricamente como una traba, un freno a la inversión, a ser uno que pone el respeto del medio ambiente como base del desarrollo.

P. ¿En qué país o modelo se inspiran?

R. Yo creo que el modelo no existe porque la crisis es global.

P. En el mundo empresarial hay mucho temor frente a esta perspectiva. Recientemente se retiró un proyecto importante de hidrógeno verde en Magallanes por los altos estándares de evaluación ambiental. ¿Cómo darle confianza al sector económico de que sigue siendo una buena opción invertir en Chile?

R. Hay que entender que estas crisis no son abstractas, sino que afectan también a las empresas. Si tú socavas lo que te sostiene, no tienes cómo producir riqueza, innovación o cualquier objetivo que tenga una empresa en particular. El cambio climático es un riesgo para las empresas. En segundo lugar, las transiciones que vienen van a requerir una cantidad muy importante de inversión. En ese sentido, lo que más certeza le puede dar al mundo empresarial es que Chile se suma hoy en día a un selecto grupo de 18 países del mundo que tienen un compromiso de carbononeutralidad por ley. Eso significa que es vinculante y da una certeza muy clara de para dónde vamos, pero se tiene que hacer bajo un nuevo paradigma, de manera ordenada, planificada. Además, la ley habla del 2050, es decir que tiene esa perspectiva de largo plazo, algo inusual en Chile. Por último, la transición energética produce un nivel de consenso social también. Así que tenemos esas dos fortalezas: una ley que da certeza jurídica y el consenso social. Yo diría que son excelentes razones para seguir trabajando en Chile ahora.

P. Uno de los temas más complejos hoy es que las comunidades más afectadas por los problemas ambientales dependen muchas veces de las empresas que inciden en ellos y asumen el costo con tal de subsistir. ¿Cómo se enfrenta eso?

R. Estamos trabajando en pasar de “zonas de sacrificio” a “zonas de transición”. Esa transición incluye la del empleo, pero también la ecológica, la descontaminación, el darle una nueva oportunidad a esos territorios que llevan muchas décadas con una contaminación que es inaceptable. Y en este trabajo el sello de justicia es central. Esto tiene que significar para los trabajadores empleos decentes. No vamos simplemente a cambiar una industria por otra sin preocuparnos de ellos; a nivel internacional la transición energética está muy asociada a una transición justa y nosotros en Chile estamos coordinando un comité de transición socioecológico en el que participan varios ministerios y que va bastante más allá [de lo que había hasta ahora].

P. Una de las grandes dificultades es la fiscalización. Faltan recursos para asegurarse de que las normas ambientales se apliquen debidamente. En Petorca [una zona fuertemente por la megasequía que ha sufrido Chile], por ejemplo, donde hay denuncias y expedientes de investigación por usurpación de agua, es poca la capacidad del Estado de verificar en terreno lo que realmente ocurre.

R. En el caso del agua probablemente el problema sea más extremo, porque tenemos una dispersión institucional muy grande [en Chile existen decenas de organismos estatales a cargo del manejo de los asuntos hídricos]. Es la Dirección General de Agua a la que le toca fiscalizar, pero tampoco tiene suficientes funcionarios, etcétera. Es parte de una institucionalidad aún débil, fragmentada que estamos abordando también en un comité interministerial y que va a tener como su primer gran instrumento los Consejos de Cuenca que vamos a echar a andar este año, para luego gestionar un proyecto de ley y una institucionalidad nacional que se haga cargo de esta dispersión de atribuciones y responsabilidades en el tema de agua en el país.

P. Es un programa ambicioso.

R. Así es. Tenemos que crecer. Chile está avanzando y creo que esto es parte de un estadio de desarrollo que tienen los países.

P. En ese sentido, ¿qué rol puede jugar Chile a nivel internacional?

R. Creo que algo que ha construido Chile es no ver las tres crisis —cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación— como fenómenos aislados, sino enfrentarlas de manera unida, integral, encontrando sinergia. Esto es muy importante porque hay formas de tratar de abordar la crisis climática, que podrían producir más problemas para la crisis de la biodiversidad y eso es algo que uno no quisiera. Chile ha mostrado una coherencia en abordar las tres crisis con la misma ambición y me encantaría que el resto de los países latinoamericanos también lo vieran de esta manera.