Sacudones judiciales
Aunque la presunta alianza de funcionarios estatales con grupos armados no es inédita- durante el gobierno de Álvaro Uribe también se denunció la existencia de una llave con el paramilitarismo- sí es uno de los escándalos más graves del mandato de Petro


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Hola, lectores:
Esta semana -ustedes dirán “¿cuándo no?“- anda todo muy sacudido en Colombia. Los anuncios judiciales, las denuncias, las investigaciones que se abren, marcan estos días en el país sudamericano. Uno apaga un rato la radio, se va de redes sociales, intenta vivir un poquito y pum, otro escándalo, otra noticia judicial. Como son tantos, vamos por partes, desde el último hasta el que se va a saber hoy después de que llegue este boletín.
Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, el presidente más poderoso que ha tenido Colombia en décadas, fue condenado en segunda instancia a 28 años de cárcel por paramilitarismo y homicidio. Una verdadera bomba para esa familia y también para las aspiraciones de la derecha, que se sentía viento en popa en las elecciones en ciernes. El expresidente Uribe se había salvado de ser condenado por soborno y fraude a testigos, pero su hermano- en un caso que corría por otras vías, y por delitos mucho más graves- no lo logró. Eso sí, los casos comparten un mismo origen: las denuncias de tiempo atrás sobre presunta participación en grupos paramilitares de la familia Uribe.
A Santiago, el hermano menor, el Tribunal de Antioquia lo condenó por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por del asesinato del campesino Camilo Barrientos, un conductor de chiva que fue asesinado por paramilitares que, probó el Tribunal, se entrenaron en la propiedad de Uribe. Barrientos estaba en una lista que había elaborado ese grupo. El expresidente se expresó ayer en redes sociales con una frase corta: “siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
El otro escándalo viene por cuenta del respetado periodista Ricardo Calderón y su equipo, que no son la Fiscalía, pero lo parece. Su trabajo: que va desde investigar la connivencia del paramilitarismo con el Ejército, así como los falsos positivos o las chuzadas del DAS, pone siempre a trabajar a los organismos judiciales e incomoda a los presidentes de turno. Esta semana en un largo reportaje de 37 minutos denunció presuntos vínculos de militares y agentes de la inteligencia del gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de alias Calarcá.La revelación periodística parte de chats y conversaciones que están en poder de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) desde hace más de un año y muestran que esos grupos armados han tenido acceso a información reservada de la fuerza pública que les ha permitido escapar a operativos militares. Entre los mencionados está el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército.
Aunque esa presunta alianza de funcionarios estatales con grupos armados no es inédita- durante el gobierno de Álvaro Uribe también se denunció la existencia de una llave con el paramilitarismo- sí es uno de los escándalos más graves del Gobierno de Petro. Y puede ser el clavo final a la paz total del presidente. Entre los chats entre disidentes, hay uno que presuntamente escribió alias Iván Mordisco, en el que asegura que su grupo apoyó la campaña presidencial. El presidente, usualmente locuaz, estuvo en silencio por casi 20 horas y su respuesta final no sorprendió. Dijo que la fuente de todos es la CIA y que la información es falsa. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo, después de decir que la información no llegó a su despacho en un año, dijo que existe y anunció la apertura de una investigación.
Días atrás, también hubo sacudón judicial en la Universidad Nacional, cuando el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, y el futuro ahora está en medio de otra pelea legal; y por el lado de la Corte Suprema porque el exdirector de la Policía de Colombia, al que ese tribunal encontró culpable del delito de tráfico de influencias en primera instancia, se entregó para cumplir una condena a siete años de cárcel. Contrario a lo que diría Karol G, mañana (hoy ya) no será bonito para el Gobierno porque la fiscal radicará imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La Fiscalía lo sindica por concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Hoy se supo que la imputación llega también al exministro del interior, Luis Fernando Velasco. La justicia sigue sacudiendo al país.
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