La poca confianza en el Estado, el deseo de venganza y la lentitud de la justicia explican la seguidilla de linchamientos en Colombia

Tres casos de linchamiento, uno de ellos con consecuencias trágicas y otros dos que se han frenado a último momento, se han presentado en este mes en Bogotá. En la noche del martes 11 de noviembre, más de 200 motociclistas asesinaron a golpes a Mauricio Cendales Parra, de 35 años, quien minutos antes había atropellado a varias personas por manejar en aparente estado de embriaguez. Dos días después, decenas de personas rodearon, golpearon y detuvieron a un hombre que intentó pagar una compra con una transacción falsa en el centro comercial Unilago. La policía alcanzó a evitar la muerte del presunto ladrón a manos de una turba de comerciantes y transeúntes enfurecidos. En la noche del sábado 22, varios vecinos de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital colombiana, rompieron las tejas y los vidrios de la casa en la que se escondía una mujer que le había disparado a un joven de 17 años. Las autoridades evitaron que la comunidad matara a la presunta criminal y al resto de personas que estaban en la vivienda.

La justicia por mano propia parece crecer en paralelo con la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, y deja ver la poca capacidad del Estado colombiano para ejercer los monopolios de la violencia y del castigo, dos de sus funciones esenciales. En el país se registraron 90 homicidios por linchamiento entre 2022 y 2023, de acuerdo con la investigación Trayectorias del crimen y actividad policial, publicada en abril de 2025 en la revista especializada Criminalidad. Las ciudades donde ocurrieron más de estos asesinatos fueron Medellín (20%), Cali (11%), Bogotá (9%) y Cartagena (6%). Aunque aún no hay cifras oficiales de linchamientos en 2024 y 2025, los sucesos de los últimos días han puesto el problema en el foco de la opinión pública. El PAÍS habló con un filósofo, un abogado penalista y un investigador de la violencia que han estudiado los linchamientos para entender las causas, las modalidades más comunes y las principales consecuencias.

Enzo Nussio, profesor e investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Zúrich (Suiza), explica por teléfono que “los linchamientos existen en casi todo el mundo y desde casi siempre”, pero que se presentan con más frecuencia en las sociedades “más desiguales”. Nussio, que participó en la creación de una base de datos sobre linchamientos en América Latina entre 2010 y 2018, asegura que hoy en día este fenómeno ocurre muy poco en Europa y en Norteamérica, pero es muy común en países como Indonesia, India, Nigeria o Kenia, y en varios de América Latina, sobre todo en Bolivia, México, Guatemala y Colombia. De acuerdo con su análisis, suceden cuando se juntan dos cosas: “Poca confianza en la justicia y debilidad de Estado, por un lado, y capacidad de acción colectiva de una comunidad, por el otro”.

En los tres casos recientes se cumplen ambas condiciones: las víctimas que se convierten en victimarios no confían en que el Estado hará justicia y pertenecen a grupos organizados que pueden reaccionar rápido y en equipo (motociclistas, comerciantes, vecinos). “Quienes participan en el linchamiento no confían en el Estado porque creen que no es eficiente, ni sanciona como debería ser a los delincuentes. Por eso actúan por su propia cuenta”, dice el investigador. Y concluye: “Si yo fuera representante del Estado, me preocuparía mucho al ver este fenómeno porque es una señal muy clara de que algo no está funcionando”.

Frente al origen del problema, Tomás Felipe Molina, doctor en Filosofía de la Universidad de Granada (España), explica que este tipo de justicia por mano propia era muy prevalente en casi todo el mundo hasta hace pocos siglos. Molina retoma el análisis del pensador albanés Ismael Kaderé sobre lo que Esquilo llamó el deber de venganza. “Si me hacen un daño, lo tengo que devolver, sea a la persona que me lo hizo o a sus familiares”. Es un deber presente en muchas y muy diversas culturas -vikingos, gitanos, babilonios- y solo se fue reemplazando ante la idea de justicia. “Esquilo dice en Las Euménides, una de sus tragedias, que ese ciclo de venganzas no puede seguir. No puedo pegarle a todo el que me hizo daño y no puede ser que todo el que ha sufrido mi daño me pueda pegar”, dice Molina por teléfono.

El filósofo asegura que muchas sociedades estuvieron de acuerdo en que ese ciclo infinito de venganzas tenía que terminar. “Una vez Atenea establece los tribunales de justicia, la gente puede acudir a un tercero no involucrado que define cuál es el castigo que se va a ejercer en contraprestación por el crimen cometido”. Entonces, la justicia remplaza la venganza a partir de unos códigos comunes. “Si me roban, yo no puedo cortarle la oreja al ladrón”. Pero donde la justicia no opera, la gente sigue recurriendo a la venganza. “Eso pasa en Colombia, el Estado de derecho es muy débil, la gente cree que la policía no va a atrapar al delincuente, que la Fiscalía es inoperante, y que si lo cogen sale de la cárcel a los dos días”. Insiste en que hay desconfianza en la justicia como sistema. “La gente opta por la venganza, que es rápida y en teoría, eficiente”, concluye Molina.

El abogado José Fernando Mestre, director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, explica que en estos casos “se observa una pérdida de confianza en las instituciones”. Mestre coincide con Nussio y con Molina en que cada acto de justicia por mano propia “es una clara demostración de que el Estado no está ejerciendo su función ni en la práctica ni simbólicamente”. Además, los linchamientos generan una especie de normalización de la violencia. “Es el fracaso del Estado, que en teoría tiene el monopolio de la fuerza”. Un informe reciente de Bogotá cómo vamos indica que 7 de cada 10 bogotanos no confían en la justicia.

A eso se suma el hecho de que al hacer un linchamiento en colectivo los participantes creen que no tienen tanta responsabilidad porque son muchos y actúan en conjunto. El abogado Mestre lo resume bien: “Las personas pueden entender que es más difícil que se identifique al que cometió el crimen porque no hay responsabilidad colectiva en materia penal. Quienes actúan en un linchamiento están cometiendo delitos graves como homicidios o lesiones personales, pero encontrar la prueba es más difícil”. En la práctica, explica, si 20 o 30 personas golpean a una persona al mismo tiempo, a la justicia le queda más difícil determinar cuál golpe lo mató. “Se genera la percepción de impunidad que se suma a la de aprobación, porque gente de la comunidad a veces aplaude y celebra la justicia por mano propia”. Ese apoyo se explica, dice Nussio, porque las comunidades a las que no llega la justicia construyen la idea de que el criminal es un monstruo. “La gente está harta de los ladrones, de los conductores borrachos. En su cabeza construyen un relato social de que es válido golpear o matar a quien es una amenaza para la sociedad”.

Los tres expertos coinciden en que la proliferación de los linchamientos tiene efectos negativos para el Estado de derecho y significa un regreso al pasado salvaje y cruel. “Se pueden entender la frustración y la ausencia de justicia, pero los linchamientos son un retroceso civilizatorio”, dice Molina. Y añade: “La civilización implica vivir en paz con los demás. Quienes infringen las leyes también tienen derecho a la justicia, un avance de la democracia que se pierde con este fenómeno”. Mestre recalca que no se puede avalar esta conducta: “Desde el punto de vista democrático es indefendible el linchamiento. Es obvio, pero vale la pena repetirlo: la venganza y la justicia por propia mano están prohibidas”.