Los compromisos climáticos de Colombia son ambiciosos, pero sus acciones no le alcanzan

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Una de las razones por la que la cumbre de cambio climático (COP30) que finalizará esta semana es clave es porque para 2025 los países debían presentar sus compromisos climáticos actualizados. Desde 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se estableció que cada cinco años debían actualizar estos planes (conocidos como NDC), haciéndolos más ambiciosos. Colombia los presentó ante Naciones Unidas oficialmente en septiembre, pero bajo un formato inusual: una versión “declarativa” la llamaron. Aunque el documento, de 93 páginas, sí cifra las emisiones de gases de efecto invernadero a las que planea limitarse para 2030 y 2035, esquiva la parte de cómo lo va a hacer. Las precisiones técnicas, aseguran, las terminarán a finalizar este año.

Según un análisis de Climate Action Tracker (CAT), un proyecto científico que hace las veces de pulsómetro para ver si lo que plantean los países está en vía con el Acuerdo de París – hacer todos los esfuerzos para que el aumento de temperatura promedio del planeta no sea mayor a 1,5° - los compromisos de Colombia son “insuficientes”. El reto del país, asegura Gustavo de Vivero, investigador de NewClimate Institute y autor de la evaluación, “no es necesariamente su falta de ambición, sino su brecha en implementación”.

¿Qué dicen los nuevos compromisos climáticos?

En términos de reducir emisiones, la nueva NDC de Colombia señala dos cosas. La primera es que ratifica que, para 2030, emitirá como máximo 169 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO2eq), una cifra que hereda del documento presentado hace cinco años, en 2020, bajo del Gobierno de Iván Duque. Lo segundo, es que para 2035 busca que se generen, máximo, entre 155 y 161 MtCOeq.

¿Son suficientes los compromisos?

De Vivero aclara que el análisis de CAT solo tiene en cuenta el objetivo para 2030 – están esperando que todos los países entreguen el de 2035 para evaluar el segundo. A esta meta le dan dos calificaciones: “casi suficiente” e “insuficiente”. En el primer caso, explica, lo que hacen es considerar si lo que propone Colombia es coherente con las emisiones que genera. “Históricamente, no todos los países tienen la misma carga per cápita”, comenta. Lo que encuentran, en otras palabras, es que el país, así solo represente aproximadamente el 0,6% de emisiones a nivel global, aún está ligeramente detrás en lo cuanto a lo que le corresponde para que la temperatura del planeta no supere los 1,5 °C.

En el segundo caso, que se clasifica como “insuficiente”, el ejercicio, en cambio, explora si lo que busca Colombia a 2030 es coherente con toda la capacidad que tiene el país para reducir sus emisiones. Allí, aseguran, se queda más corto y lo que propone está en la línea con un aumento de 3 °C en la temperatura global.

¿Las metas y las políticas son coherentes?

El punto más crítico de Colombia es la brecha entre lo que se quiere y lo que se hace. Si se compara con otros países, dice de Vivero, no solo las metas son ambiciosas, sino también su discurso. “Desde el comienzo, el Gobierno de Gustavo Petro ha sido claro en decir que el cambio climático es primordial en su agenda”, comenta. “Lo demuestra en el plan de desarrollo, en la hoja de ruta para la transición energética y cada vez que da un discurso en plataformas internacionales”. Sin embargo, le falta sintonía con lo que se logra persiste.

Las brechas de implementación, según el análisis de CAT, se explican en parte por las condiciones locales. “Hay un tema de dependencia fiscal y económica con los combustibles fósiles en el país”. A esto, se suma un cambio de gabinete que limita la implementación y seguimiento de las políticas: a lo largo del Gobierno Petro, han pasado tres ministras de Ambiente, incluyendo a Irene Vélez, que viajó a la COP30, aun bajo la figura de encargada. “Las remodelaciones del gabinete, la inestabilidad política y la aplicación simultánea de varias reformas han ralentizado la ejecución de las políticas a nivel nacional”, dice el informe.

La otra cuota de la brecha viene de un contexto internacional en el que la arquitectura financiera sigue castigando a los Gobiernos que se quieren alejar de los combustibles fósiles. Cuando se elevó la idea de suspender licencias para nuevas exploraciones de petróleo y gas, recuerda el investigador, “inmediatamente el sistema financiero lo interpretó como un riesgo fiscal, bajando calificaciones crediticias”. Es una penalización que no solo desincentiva a Colombia, sino a otros países a perseguir sus objetivos climáticos.

“Igual sigue siendo importante que el país muestre su ambición climática, sobre todo en un momento político donde muchos prefieren mirar para otro lado”, concluye de Vivero. Pero mientras el modus operandi de las finanzas globales no cambie, los obstáculos siguen tomando un camino casi imposible de superar.