La inflación, un riesgo latente en el debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia
El Banco de la República advierte respecto a presiones por los precios si la subida es muy alta, algo que sugiere el Gobierno
La batalla que libra el Banco de la República contra la inflación ha llegado al tiempo extra. El encarecimiento de los bienes y servicios en Colombia ha sido obstinado en todo 2025, pero octubre trajo un golpe que ha inquietado a los expertos: los precios aceleraron por cuarto mes consecutivo hasta el 5,51% anual, más de lo esperado por los analistas y la cifra más alta en 13 meses. El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha complicado la hoja de ruta de la autoridad monetaria, que inició el año con la confianza de cerrarlo con una inflación cercana al 4%, y que ahora llega a los penales, con la sombra de la subida del salario mínimo —y la de un consumo que se mantiene fuerte— amenazando con romper el arco.
El banco central redujo sustancialmente el precio del dinero mientras la inflación caía en 2024, pero mantiene la tasa de interés inalterada desde abril. A menos de 50 días del fin de 2025, las previsiones apuntan a que la inflación cierre el año por encima del 5,2%, y a que la meta de entre el 2% y el 4% no se logre ni siquiera en los próximos dos años. Ya son 51 meses consecutivos (más de cuatro años) en los que el alza de precios ha estado por fuera de esa meta, y las minutas de las reuniones de la junta directiva del Emisor muestran que la lucha por controlar los precios está en una fase crítica.
El Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro, que ha fracasado en lograr una reducción de la tasa, afronta su último semestre y llega a las elecciones presidenciales con la carta de subir el salario mínimo en una cifra significativamente superior a la inflación, como lo hizo en años anteriores el expresidente de derechas Iván Duque. Justamente, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha propuesto subirlo hasta 1,8 millones, un incremento del 10,8%, que tendría un impacto significativo sobre la inflación.
El centro de pensamiento especializado ANIF calcula que cada punto de aumento real del salario mínimo (es decir, por encima de la inflación) implica un sobrecosto de 240.000 millones de pesos solo por el aumento del valor de las pensiones que paga el Estado, en una situación de déficit fiscal creciente, y que es preocupante para muchos. “Si el aumento del salario mínimo llega al 10%, el impacto fiscal ascendería a 1,12 billones”, apuntalan en un informe.
Si en materia de la tasa de interés el Ejecutivo no tiene la última palabra —está en manos de la junta directiva independiente—, en materia salarial sí. Aunque debe liderar una negociación tripartita con sindicatos y gremios patronales, ante la falta de consenso debe decidir unilateralmente, y las negociaciones parecen ya dinamitadas. Jaime Alberto Cabal, el presidente del gremio de comerciantes Fenalco, encabeza el choque: “Las políticas equivocadas —reforma laboral, aranceles innecesarios— han encarecido el mercado. Anuncian un aumento del salario del 11%, más del doble de la inflación. Es una decisión populista. Ya lo decidimos: Fenalco no se va a sentar este año”, comenta a EL PAÍS.
Las minutas de las reuniones de la junta del Emisor alertan sobre “síntomas inquietantes de indexación de precios”, y señalan que un “incremento sustancial del salario mínimo” reforzaría la inercia alcista, lo que pondría “en entredicho la credibilidad del esquema de Inflación Objetivo”; es decir, de la meta planteada por el banco central. Por lo pronto, la anatomía del repunte muestra tres capas que ejercen la mayor presión: los servicios como arriendos, restaurantes y hoteles; las tarifas reguladas como los peajes o los servicios públicos; y un consumo interno y gasto público acelerados.
“La economía colombiana se recupera con fuerza, pero esa misma dinámica está jugando en contra”, explica David Cubides, jefe de investigaciones económicas del Banco de Occidente. El consumo privado sigue siendo el motor de la economía, mientras la inversión muestra señales débiles. Ese desequilibrio explica por qué la inflación se ha mantenido por encima del 5% todo el año. “Un aumento alto del salario mínimo puede trasladar tensiones al primer trimestre de 2026 y condicionar las decisiones de política monetaria”, concluye el experto.
Para Camilo Herrera, director de Raddar, firma especializada en análisis de consumo, el problema principal es de costos: “La reforma laboral [aprobada este año] forzó a que las empresas aumentaran los costos fijos un 4,3%. Súmele el alza en tarifas eléctricas y el cierre de la vía a Villavicencio [arteria vital que reabrió este fin de semana tras varios meses]. Las compañías están subiendo precios desde ya para blindarse frente al próximo año”, advierte. Herrera agrega que, al mismo tiempo, los márgenes empresariales se han reducido: “Los costos crecen más que los precios. Así, la presión no se irá”, explica.
Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research, centro de análisis económico del banco español, complementa el análisis: “La economía colombiana ha sido muy dinámica. El consumo privado crece cerca del 4%, más de lo que la oferta puede manejar, y en ese contexto los empresarios han podido subir precios”, comenta. La conversación del salario mínimo es crucial porque “jala todo: peajes, pensiones, matrículas, seguros… De ser un aumento alto, los primeros cinco meses del año entrante serán de fuerte presión”, advierte.
Implicaciones
La mayoría de la junta del Banco de la República —que ha votado por mantener la tasa contra el voto del ministro de Hacienda— mantiene la cautela. Los servicios públicos se encarecen un 6,1% en un año, con una presión grande del gas: ha aumentado 13,3% en 12 meses por las importaciones, costosas y cada vez más frecuentes. Entretanto, los bienes completan nueve meses al alza y la salud también se encarece. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas repuntan casi un 6%, en un rubro donde la volatilidad es la norma.
Los datos y las explicaciones se suman: “Cerca del 60% de la canasta está atada al encarecimiento previo y al salario mínimo, lo que se conoce como indexación de precios”, dice César Pabón, jefe de investigaciones económicas de Corficolombia. El área de investigaciones económicas de Bancolombia, encabezada por Laura Clavijo, señala que la indexación solía limitarse en el primer trimestre de cada año, pero que se ha extendido en el tiempo: aún hay falta por absorber el 7% de la inflación del alza del 9,5% del salario mínimo del año pasado, calcula el banco antioqueño.
Ha habido pocos vientos a favor y uno de ellos es la apreciación del peso que, comenta Clavijo, ha abaratado las importaciones. Sin embargo, la analista destaca que tras varios meses de ese fenómeno, el alivio en los precios ha sido limitado y que, de revertirse la tendencia, se corre el riesgo de un impulso a la inflación. El Banco Mundial ha explicado recientemente que la “última milla” de la desinflación se ha vuelto más difícil en Suramérica por “la lenta relajación monetaria global”.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, recuerda que la mirada de largo plazo importa, pues una inflación varios años por fuera del rango meta “es una mala señal al mercado internacional” y que subir ese objetivo solo lo empeoraría. “Imagine que usted le presta 10 millones a un amigo, que luego éste no paga, pero asegura que va a pagar, si y solo si baja la deuda a 8 millones. ¿Quién le cree a alguien así?”, concluye.
Controlar la inflación es importante para la sociedad, pues un encarecimiento rápido erosiona el poder adquisitivo de las familias. Esa es la lucha en la que Colombia pierde terreno, y la poca voluntad de diálogo frente al riesgo puede incendiar el partido.