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3.000 toneladas de cocaína: la polémica cifra que enfrenta a Colombia con la ONU

EL PAÍS revela en exclusiva el dato oculto que simboliza el fracaso del mayor productor del mundo para medir la droga que produce

El mayor productor y exportador de cocaína del planeta no sabe cuánta cocaína produce. El dato existe, pero nadie puede jurar que sea cierto. Después de casi 20 años con la misma metodología, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció su imprecisión y decidió no publica...

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El mayor productor y exportador de cocaína del planeta no sabe cuánta cocaína produce. El dato existe, pero nadie puede jurar que sea cierto. Después de casi 20 años con la misma metodología, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció su imprecisión y decidió no publicarlo. El número, que no ha dejado de crecer, se convirtió en secreto de Estado. Tras semanas de tensiones entre el Gobierno y la ONU, el organismo encargado hasta ahora de las mediciones, EL PAÍS revela esa cifra secreta: 3.001 toneladas de cocaína potencialmente producidas en 2024. Cuatro dudosos dígitos que resumen un enorme problema: Colombia no tiene un método fiable para medir uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. Y, a ciegas, es difícil evaluar la efectividad de sus políticas contra el narcotráfico.

El dato supone un 12,6% de aumento respecto al año anterior —un ritmo que, según admite el propio informe de la ONU, viene frenándose—, pero su carga política es letal. Es una bala más en la guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, libra contra el primer presidente de la izquierda colombiana, con el narcotráfico como coartada.

En su cruzada antidrogas —con la que ha justificado el bombardeo de 20 lanchas y 80 muertos en el Caribe y el Pacífico—, Trump ha acusado a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y lo ha sancionado, sin pruebas, por supuestos vínculos criminales. El mes pasado, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, remató: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado hasta la más alta en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Las acusaciones refuerzan la política de mano dura de Washington y multiplican los mensajes incendiarios del propio Petro —que ha llegado a anunciar en X el fin de la colaboración con los servicios de inteligencia estadounidenses—. La tensión bilateral de estos dos antiguos aliados se ha elevado hasta un punto inédito.

No es tan sencillo acusar al mandatario latinoamericano de inacción. Pero tampoco ensalzar su gestión. Mientras Petro presume de haber incautado la mayor cantidad de droga de la historia —más de 2.700 toneladas de cocaína desde que asumió el cargo en agosto de 2022—, los cultivos de hoja de coca han alcanzado un récord de 261.000 hectáreas, aunque su ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo. En cualquier caso, los métodos del presidente son opuestos a los de la Casa Blanca. Mientras las autoridades norteamericanas celebran los objetivos abatidos, Petro defiende nuevos enfoques como la regulación y operaciones antinarcóticos “sin menoscabo” de los derechos humanos.

En su informe de 2024, que se mantiene bajo llave, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) atribuye el aumento de la producción potencial de cocaína al incremento de las hectáreas sembradas, pero no solo. En un apartado al que ha tenido acceso EL PAÍS, los técnicos señalan que los cultivadores han mejorado la productividad de los lotes de coca y la de las instalaciones donde se produce el clorhidrato. También ha influido la mayor eficacia de sustancias químicas de uso extendido y fácil adquisición para procesar la hoja.

Ante las dudas sobre la metodología usada hasta ahora por la UNODC, el Gobierno Petro decidió no publicar los datos hasta que se revise. Los críticos lo han acusado de ocultación, de falta de transparencia, pero uno de sus colaboradores rebate los ataques: “¿Por qué el Gobierno publicaría un dato que está equivocado?”. La propia agencia de las Naciones Unidas terminó reconociendo limitaciones “presupuestales y de seguridad” en sus mediciones y ahora negocia con el Ministerio de Justicia colombiano una revisión del cálculo. Consultado por EL PAÍS, el ministerio declinó hacer comentarios. La UNODC, por su parte, reconoció a este diario que ese indicador “no captura todos los esfuerzos del Gobierno colombiano respecto a las drogas”, pues “muestra los esfuerzos para prevenir que se produzca cocaína, pero no contabiliza los esfuerzos para evitar que la cocaína llegue a los consumidores una vez que ya ha sido producida”.

Desde 1999, la UNODC ha sido la única gran autoridad para medir la coca en Colombia. Cada año publica dos variables clave: las hectáreas sembradas y la producción potencial de cocaína. Y en 2023 reportó un número que disparó las alarmas: un incremento del 53% en la producción potencial respecto al año anterior, hasta 2.664 toneladas. Pero esa cifra es engañosa. La agencia divide el país en cuatro regiones y solo visita una por año para hacer las pruebas de campo, extrapolando luego esos resultados al resto del país en un ciclo de cuatro años. Ese sistema, vigente desde 2007, explica parte del salto del 53%: en 2023 se midió la región del Pacífico, el enclave cocalero más productivo, que no se evaluaba desde 2019. Además, en 2022 no se visitó ninguna región y se reutilizaron los datos de 2021. La comparación tenía limitaciones obvias. Para 2024, la región analizada fue el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, otro núcleo cocalero clave.

En aquel momento, el propio Gobierno autorizó la publicación del informe sin hacer objeciones públicas a la metodología. Y, según Petro, aquel “error” fue el que llevó a que Trump retirara a Colombia de la lista de países que combaten el narcotráfico —una medida conocida como descertificación— por primera vez en tres décadas. Este año, en cambio, el presidente decidió plantar cara y embargar las cifras. Aun admitiendo las limitaciones del sistema, varios expertos cuestionan que haya esperado tres años para enfrentar el problema y lo haga ahora, bajo presión de Washington.

Las conversaciones entre los delegados del Gobierno y los de la UNODC han avanzado en las últimas semanas, aunque siguen marcadas por la tensión contenida y sin conclusiones definitivas. Por ahora, el indicador de producción potencial de cocaína podría sustituirse o complementarse con el de “cocaína disponible”: la cantidad de droga que llega efectivamente al mercado. Ese nuevo parámetro permitiría medir con mayor precisión la acción del Estado, al incluir factores como las incautaciones, los lotes no cosechados, el consumo interno, los posibles usos lícitos o los flujos procedentes de otros países, según ha confirmado la UNODC a este diario.

El gran escollo, sin embargo, sigue siendo qué hacer con la cifra del año pasado —el salto del 53%—, sobre la que existe consenso en que presenta fallas. Para el Gobierno, es una línea roja que la UNODC reconozca el error que, según Petro, llevó a la descertificación y dejó al descubierto las grietas del sistema de medición. No está claro que vaya a hacerlo.

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