El deterioro de la seguridad aumenta los obstáculos para el acceso al aborto en Colombia

Han pasado tres años desde que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó por completo el aborto hasta la semana 24 de gestación, un hito en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en toda Latinoamérica y uno de los mayores logros recientes del movimiento feminista del país. Sin embargo, la tarea de materializar el triunfo más allá del papel se hace más compleja cada día. A las dificultades estructurales, como la precariedad del sistema de salud o las creencias religiosas de algunos médicos, se ha sumado la exacerbación del conflicto armado, que ha transformado en una odisea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fuera de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

Óscar Marroquín es cirujano especialista en ginecología y obstetricia y referente médico en la Fundación Oriéntame —enfocada en brindar asesoría en anticoncepción y embarazos no deseados—, donde capacita al personal en procedimientos especializados como la IVE. El experto explica que por ello recorre las regiones del país y que ha evidenciado que su trabajo es cada vez más riesgoso. “Hace un par de años viajamos a Arauquita, en Arauca [en el oriente del país]. Aunque logramos entrar, enfrentamos restricciones, temor y dificultades, pues días antes había explotado una bomba. Ahora, si identifico dificultades relacionadas con el tema del conflicto armado, prefiero no asistir a la capacitación y cancelarla”, explica. Subraya la preocupación especial que le generan el departamento del Chocó, en el noroccidente, y algunos municipios de Putumayo y Nariño, en el suroccidente. Hace un año, no pudo llegar a El Charco, en el litoral nariñense sobre el Pacífico, pues había enfrentamientos entre grupos ilegales.

Las dificultades pasan por el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales en varias zonas del país. Ese poder llega incluso a que ellos decidan qué está permitido, quién puede ingresar y qué actividades se pueden desarrollar. Erika Saldarriaga, integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir del departamento del Huila, ha escuchado testimonios de sus colegas sobre esos peligros. “Compañeros que ejercen en algunos municipios y corregimientos, que tienen claro que la Corte Constitucional estipuló el aborto como un derecho humano, difícilmente pueden activar las rutas si las disidencias les dicen que eso no se hace y no permiten que se realice el procedimiento en el lugar”, alerta. También pone sobre la mesa el factor, ampliamente documentado, de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que en muchas ocasiones deriva en embarazos no deseados.

Esos vetos empeoran el tabú que rodea al aborto en gran parte de la sociedad colombiana. Cuando el silencio se vuelve la regla, quienes necesitan el procedimiento se quedan con pocas opciones. Entre ellas, viajar por su cuenta a las capitales para lograrlo, continuar con un embarazo no deseado o acudir a las redes feministas de acompañamiento. En Antioquia, uno de los departamentos con mayor auge de la violencia armada, está una de esas redes, la Colectiva Justicia Mujer que realizó recientemente una encuesta a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en varios puntos del departamento. “El control territorial hace que la movilización, la participación con otras mujeres o con la población LGBTQI+ no sean tan dinámicas. Además, existen zonas donde deben pedir permiso para habitar o pasar por ciertos territorios, lo que limita mucho la defensa de los derechos humanos. Las mujeres contaban que en uno de estos puntos los actores armados sencillamente no permitían el aborto”, detalla Carolina Alzate, de la Colectiva.

Según información brindada por la Defensoría del Pueblo a este periódico, la situación se repite con los mismos patrones en otras zonas del país, como el Catatumbo, al nororiente del país y en la frontera con Venezuela. “Se identifican barreras e intimidaciones por parte de los actores armados para el acceso a servicios en salud sexual y reproductiva, así como para la activación de rutas y protocolos de atención, como un mecanismo para perpetuar la impunidad respecto a la violencia sexual sistemática”, informa la entidad por escrito.

Todos los testimonios recogidos confirman que la garantía plena del derecho al aborto sigue siendo una deuda con las mujeres rurales. Tanto Marroquín como Saldarriaga insisten en que es urgente entender que la falta de aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo es una emergencia de salud tan importante como otras, y por eso se le debe dar la misma prioridad. “A esas solicitudes debería dárseles un trato urgente y se debería iniciar la ruta en el momento en que la persona hace la petición al servicio de salud”, destaca el ginecólogo.

En 2023, el Ministerio de Salud emitió una resolución en la que regula la atención para la IVE. En una de las consideraciones se estipula: “La atención integral en salud para la interrupción voluntaria del embarazo se considera esencial y de carácter urgente (...) Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se debe garantizar a lo largo del territorio nacional y no se podrá suspender bajo ninguna circunstancia”. Pero la violencia armada, que se repite en bucle, sigue afectando de manera diferencial a las mujeres y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Todavía, en Colombia, muchas no pueden ejercer libremente su derecho a decidir.