Colombia revive la polarización por el Acuerdo de Paz

“Lo digo sin rencor pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”, se leía este miércoles en X. “Mi nombre es Jaime Felipe Lozada. Permanecí tres años secuestrado por la guerrilla de las FARC, mi hermano Juan Sebastián igualmente permaneció secuestrado el mismo tiempo, a mi mamá Gloria Polanco la secuestraron durante casi ocho años y a mi papá Jaime Lozada el mismo grupo guerrillero lo asesinó...

“Lo digo sin rencor pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente”, se leía este miércoles en X. “Mi nombre es Jaime Felipe Lozada. Permanecí tres años secuestrado por la guerrilla de las FARC, mi hermano Juan Sebastián igualmente permaneció secuestrado el mismo tiempo, a mi mamá Gloria Polanco la secuestraron durante casi ocho años y a mi papá Jaime Lozada el mismo grupo guerrillero lo asesinó en el año 2005, en cuyo atentado resulté herido“. Se refería a la primera gran sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada en el Acuerdo con las FARC de 2016, sobre uno de los delitos que más impactó a la sociedad colombiana. La decisión, emitida este martes, fue sancionar a siete miembros de la última cúpula de las FARC a ocho años de trabajo en proyectos reparadores, en una de las llamadas sanciones propias previstas en ese pacto.

Las palabras del excongresista de la derecha, quien llegó a la Cámara de Representantes por el departamento de Huila en 2014, revivían las discusiones que en ese entonces, hace una década, sacudían y dividían a la sociedad colombiana. Las FARC seguían activas, aunque fuertemente golpeadas. El Gobierno de Juan Manuel Santos aprovechaba su debilidad para presionarlas hacia una negociación que la derecha rechazaba. El debate impulsó la elección de una oleada de víctimas del conflicto al Congreso ese año, cuando toda la política colombiana giraba alrededor de la paz. La polarización llegó a su pico con el fallido plebiscito para refrendar el acuerdo finalmente alcanzado con las FARC, en octubre de 2016, y luego fue disminuyendo o mutando. El auge de la izquierda, las reivindicaciones sociales, la pandemia o la corrupción fueron ocupando el espacio central en un debate. Pero ahora, a seis meses de unas nuevas elecciones legislativas, el engranaje puesto en marcha por el acuerdo vuelve a traer a la mesa las discusiones de entonces.

Tras ocho años de proceso, la Justicia Especial para la Paz ha llegado al esperado momento de emitir sus sanciones, unas que desde el texto inicial la oposición de derecha calificó de insuficientes. Los antiguos guerrilleros han reconocido su responsabilidad, han pedido perdón y han enfrentado, cara a cara, a cientos de víctimas de un patrón sistemático que suma más de 21.000 casos de secuestros por motivos económicos, políticos o de control social. Eso no ha sido suficiente para muchos, como aceptó el presidente que firmó el Acuerdo, Juan Manuel Santos: .“Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable.”

El también Nobel de paz por ese acuerdo se refiere a que muchas víctimas de las FARC reclaman cárcel, una verdad mucho más exhaustiva y profunda, detalles sobre los trabajos que harán exguerrilleros tan emblemáticos como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko cuando actuó como último comandante de un grupo que existió durante medio siglo, Pablo Catatumbo, o Julián Gallo, los dos últimos senadores hasta 2026 gracias al Acuerdo. Son quejas muy similares a las de 2014 o 2016. “Con el nefasto acuerdo de La Habana la JEP era innecesaria, habría bastado una declaración ante un notario y una supervisión de la justicia”, cargó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cabeza de las críticas en 2016 y quien un par de años antes había fundado su partido, el Centro Democrático, con la gran bandera de frenar esas negociaciones.

Pero, si la derecha ha arreciado sus señalamientos tras la decisión de este martes sobre las FARC y el secuestro, este jueves los papeles serán otros. La JEP emitirá su segunda gran decisión, esta vez contra varios militares que han aceptado su responsabilidad en un crimen que se reveló durante el Gobierno de Uribe, y que ha empañado su reputación desde entonces: los falsos positivos. Se trata del nombre que se ha dado a los asesinatos de civiles cometidos por militares, que los mostraron como bajas en combate para lograr ascensos, permisos y en general premios, dentro de la política de priorizar las bajas enemigas que se conoce como body count. Aunque los más altos responsables han negado su responsabilidad, y por eso enfrentan en la misma justicia transicional un juicio tradicional, con acusación y defensa, y unas sanciones más altas y de cárcel, en cualquier caso su situación es mejor que la que tendrían en la justicia ordinaria, donde las penas llegan a los 60 años de prisión. Ante las esperables críticas de las víctimas de los por lo menos 6.402 asesinatos de este tipo que contabilizó la justicia transicional, el expresidente Uribe se ha anticipado: “Militares han declarado delitos no cometidos para garantizar su libertad, esta trampa a nuestros soldados fue advertida sin receptividad por el Gobierno de la época del Acuerdo”, dijo.

La sentencia que se conocerá este jueves, y las que vendrán en los nueve macrocasos restantes en los que la JEP ha dividido su trabajo, producirán reacciones sentidas en un país plagado por décadas de conflictos cambiantes. El volumen en 2025 no es el mismo de 2014 o 2016, y la agenda sigue copada por otros asuntos, incluyendo un notorio deterioro de la seguridad. Pero con las elecciones legislativas a seis meses de distancia, y las presidenciales a ocho, los dolores del pasado ganan sentido de urgencia y cada decisión de un tribunal que nació con medio país en contra tiene la potencia de reactivar una polarización que congeló al país y no ha pasado enteramente a la historia.