Una comunidad indígena choca con un juez por definir quién investiga un intento de feminicidio

Dina Marcela Primera avisó a su mamá que su vida corría peligro. La mujer de 19 años, de la comunidad indígena de El Crucero de Sampués (Sucre), en la costa Caribe de Colombia, permanece en un centro médico luego desde el 18 de marzo. Ese día su pareja la golpeó hasta casi dejarla inconsciente, según ha denunciado. Dice que, meses atrás, le clavó 60 veces un destornillador. El informe de la atención médica que recibió indica que mostraba múltiples golpes de puños, además de jalones de cabello y mordeduras en la cabeza, el cuero cabelludo, la espalda, los brazos y el tronco. El video de la denuncia de Primera se hizo público y el debate sobre la violencia machista en las comunidades indígenas, que gracias a la Constitución tienen una jurisdicción y un gobierno propio, volvió a estar sobre la mesa.

Jéssica Yulieth Chávez, la abogada del caso, busca que el caso salga de la jurisdicción indígena, que ha asumido el proceso por haber ocurrido en el territorio del resguardo de San Andrés de Sotavento, y pase a la Fiscalía. El lunes pasado, una semana después de los hechos, las autoridades indígenas capturaron a Édgar Oviedo, el señalado agresor, y desde entonces permanece en un centro de reclusión y armonización del cabildo. La preocupación de Chávez es que el proceso se cierre con algún castigo impuesto por las autoridades indígenas y que, a su juicio, sería meramente simbólico. “Normalmente, con una conducta gravísima con esta, terminan en el cepo. Pero ese no es un lugar para un hombre que intentó asesinar a una mujer”, afirma. El cepo que consiste en inmovilizar a los responsables de alguna falta durante varias horas, como forma de castigo físico.

Wilmer Tobar, el mayor que lidera el cabildo indígena, ha confirmado que la detención de Oviedo se dio el 24 de marzo y niega que tengan algún proceso en marcha para articular el caso con la Policía o la Fiscalía. “La Constitución Política nos faculta, como autoridad ancestral, para tener el manejo del caso y coordinar las acciones”, dice vía telefónica. Señala que ya escucharon la versión del hombre y que tomarán decisiones. “No se buscará impulsar alguna conciliación”, cuenta, y refiere que están a la espera de realizar una audiencia pública en la que participen la comunidad y las autoridades, para luego emitir un juicio.

Las tensiones crecen, pues hay denuncias de que Oviedo habría violentado también a sus dos hijastros, menores de edad. Chávez, que tiene la vocería de la familia para hablar, señala que la denuncia penal contra el hombre sí incluye violencia contra los niños, que ya está revisando el ICBF. “A uno de ellos, en otra discusión, le marcó una letra en la espalda. Y, coincidencialmente, el día que agredió a Dina el otro niño llegó con una fractura al hospital”. Para el mayor Tobar se trata de información infundada. “Queremos desmentir que se haya ejercido violencia contra los niños. El caso de la fractura fue por una caída”. La abogada señala que, aunque en este caso ha tenido comunicación fluida con el cabildo, “es aterrador cómo presenta este tipo de encubrimientos ante un presunto caso de violencia”. Lo dice porque, a su juicio, la atención en el supuesto maltrato a los dos niños ha sido insuficiente.

Claudia Yurley Quintero, defensora de derechos de las mujeres y directora de la Fundación Empodérame, cuenta que los casos de más complejidad que enfrenta son los que ocurren en territorio indígena y entran a su sistema de justicia. “La ley exige coordinación entre las jurisdicciones y que se protejan los derechos de las mujeres, pero, en la práctica, reinan el vacío jurídico y la impunidad. Se han documentado múltiples casos donde la justicia indígena protege al agresor con el argumento de la cultura o la autonomía, lo que revictimiza profundamente a las mujeres”, menciona. Según ella, la figura del mayor muchas veces genera desconfianza en las víctimas porque “es masculina, patriarcal y no les ofrece garantías”. Pero, a su vez, “sienten que la justicia ordinaria las va a sacralizar, infantilizar o abandonar”.

Precisamente por esos riesgos, la Defensoría del Pueblo ha advertido del riesgo de violencias basadas en género que corren las mujeres en las comunidades indígenas. En 2024, un año con una de las peores cifras en feminicidios en Colombia, esa entidad oficial registró, hasta noviembre, 750 denuncias en el país. En el mismo informe, explica que, en el mismo año, emitió 203 alertas de violencias basadas en género en comunidades indígenas y 146 en pueblos afro.

En Colombia, solo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que reúne a las comunidades étnicas de esa zona del suroccidente del país, ha consolidado un programa para vigilar y atender las violencias contra las mujeres. En su informe sobre 2023, anota 701 casos de violencias contra indígenas en ese departamento, 310 de ellas por violencia sexual y 391 por violencias intrafamiliares (una categoría que incluye la violencia física, económica o psicológica ejercida en el hogar). En el Ejecutivo, el Viceministerio de Pueblos Étnicos, del Ministerio de Igualdad, tiene la función de velar por políticas públicas para las comunidades étnicas y campesinas con enfoque de género. Pero está acéfalo hace un mes, cuando salió Nelson Lemus, denunciado por acoso sexual contra una funcionaria de esa cartera.

Mientras el caso de Primera busca llegar a la Fiscalía, su abogada resalta la importancia de crear protocolos en las comunidades para prevenir y atender las violencias basadas en género. Y recuerda que en territorios como ese, donde grupos armados ilegales ejercen el control, la institucionalidad está cada vez más aislada para atender estos casos, porque su lugar lo ocupan esos actores ilegales que buscan así ganar legitimidad. “Circuló hasta un panfleto firmado supuestamente por el Clan del Golfo en el que ofrecían una recompensa por esa persona”.