El 2025, crucial para la paz total
El Gobierno de Petro y su equipo de paz en este año deben emplearse a fondo para obtener resultados que demuestren que la paz total es una acertada y audaz apuesta
Petro y su equipo de paz no tienen tiempo que perder. Este tercer año de su mandato será una prueba de fuego para una ambiciona apuesta suya: cerrar todas las violencias al tiempo y empujar el país a una era de paz completa y definitiva. Propósito esquivo que desafía la tradición colombiana de paces parceladas, la despolitización creciente de las violencias actuales y la transformación compleja de la criminalidad asociada a ella.
La paz total de Petro apareció en...
Petro y su equipo de paz no tienen tiempo que perder. Este tercer año de su mandato será una prueba de fuego para una ambiciona apuesta suya: cerrar todas las violencias al tiempo y empujar el país a una era de paz completa y definitiva. Propósito esquivo que desafía la tradición colombiana de paces parceladas, la despolitización creciente de las violencias actuales y la transformación compleja de la criminalidad asociada a ella.
La paz total de Petro apareció en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022. Ocupó 2 de las 21 páginas de su primera alocución como jefe de Estado. Lo hizo en un acto cargado de simbolismo que recordaba su trayectoria personal en el M-19, la primera organización guerrillera que firmó un acuerdo de paz en la Colombia contemporánea. Honrando esa historia, encomendó a la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez ―último comandante de este grupo insurgente, asesinado después de liderar su dejación de armas―, la imposición de la banda presidencial.
En los meses siguientes, el presidente fue desglosando su propuesta de paz en la ley de Paz total y el Plan Nacional de Desarrollo, ambos aprobados luego de una amplia discusión en el Congreso de la República en el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023. Esta política de paz integral apostó por sustituir el modelo de negociaciones parciales con organizaciones armadas por separado y de manera escalonada, por instalar mesas de negociación política o de sometimiento a la justicia simultáneas con todos los actores armados que subsisten en el territorio nacional, articulando una política de seguridad y defensa nacional centrada en los derechos humanos y el desarrollo económico, social y ambiental. También una nueva política antidrogas que desestima las fumigaciones con glifosato y se concentra en la sustitución de cultivos ilícitos y economías ilegales.
La paz total fue la respuesta a quienes intentaron “hacer trizas la paz” en el mandato de Iván Duque. Para estudiosos del conflicto colombiano como Sabine Kurtenbach y Andrés Rodas, el “Gobierno del cambio” ha tenido que lidiar con tres tipos de conflictos: disputas por el control territorial entre distintos grupos armados no estatales en las zonas de las cuales las FARC se retiraron ―que coinciden con territorios de economías ilícitas o zonas de frontera―; conflictos por proyectos de extracción o de economía globalizada, con una activa presencia de expresiones de movilización y protesta social y popular, sobre todo de comunidades indígenas y afrodescendientes; y conflictos relacionados con el cambio político y social derivados de la irrupción de nuevos actores que buscan su reconocimiento y que pugnan por salir de la marginalidad y la exclusión.
Aunque las cifras globales han mejorado, en términos de violencia física directa el asunto más dramático que ha tenido que enfrentar la política de paz total tiene que ver con la crisis humanitaria que hace presencia en varias regiones del país y que se deriva del enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y los actores armados ilegales. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aplicando los criterios del Derecho Internacional Humanitario, a la llegada de Petro al poder persistían en el país seis conflictos armados internos: entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); entre el Estado y las estructuras de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo final de paz o las reincidencias; entre el Estado y el Clan del Golfo; el del ELN contra el Clan del Golfo; y entre las distintas facciones de las disidencias de las FARC.
Por ello, la paz total se comprometió con acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, poniendo en marcha un plan de choque, avanzar en “la paz con todos” estableciendo escenarios de diálogo y negociación con todos los actores armados con o sin objetivos políticos; y la transformación de los denominados territorios excluidos mediante la celebración de pactos territoriales en las 16 zonas que agrupan los 170 municipios más violentos, con mayores niveles de pobreza y de debilidad institucional, denominados municipios PDET.
La ambiciosa tarea de “una paz con todos” ha implicado una ingeniería compleja y exigente. No ha estado exenta de críticas y suspicacias la decisión gubernamental de abrir diálogos y negociaciones con el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) en su momento liderado por alias Iván Mordisco, considerados como grupos con intencionalidad o motivaciones políticas; y al mismo tiempo explorar negociaciones para su sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, grupos criminales en Buenaventura y Quibdó, la Segunda Marquetalia, la disidencia del ELN bautizada como Comuneros del Sur, y más recientemente con los ex jefes paramilitares que habían negociado con Álvaro Uribe Vélez en 2003 y cuya reincorporación se vio interrumpida por su extradición a Estados Unidos.
Los cuestionamientos se han alimentado por cuenta de una suerte de implosión en varias de las mesas de negociaciones instaladas, que, en regiones como los departamentos de Cauca, Caquetá y Putumayo, han incentivado nuevos enfrentamientos y disputas entre los grupos armados. En efecto, Iván Mordisco y su banda terminó por fuera de la mesa de negociaciones del ahora denominado Estado Mayor de Bloques. Iván Márquez terminó apartándose de la mesa con los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Y el grupo Comuneros del Sur se separó de un ELN que mantiene unos diálogos en vilo y un accidentado cese al fuego con el Estado.
El Gobierno de Petro y su equipo de paz en este 2025 deben emplearse a fondo para obtener resultados que demuestren que la paz total es una acertada y audaz apuesta. El plan de choque de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y los pactos territoriales debe seguir avanzando con fluidez y determinación. Pero de las 10 mesas de negociación instaladas deben surgir acuerdos definitivos en varias de ellas, mientras que el proceso con el ELN debe llegar a un punto de no retorno.