La JEP imputa a seis excomandantes de las FARC por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz de 2016, ha imputado a seis antiguos comandantes de las extintas FARC por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños entre 1971 y 2016. Este jueves, los magistrados han leído en una rueda de prensa un comunicado en el que señalan que muchas de las víctimas fueron sometidas a torturas, violaciones y abortos forzados. Todo ocurrió con el aval de los altos cargos de la entonces guerrilla, pese a las prohibiciones que constaban en los reglamentos internos. “Conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra”, se lee en el texto.

Los seis imputados en el llamado macrocaso 07 son Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko; Jaime Alberto Parra, quien tuvo el alias El Médico; Milton Toncel, más conocido como Joaquín Gómez; Pastor Alape; Pablo Catatumbo, hoy senador; y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y también senador. El tribunal ha explicado que en los testimonios de más de 1000 víctimas —que suman 906 horas de grabaciones— no hay pruebas de que alguno de ellos hubiera dado órdenes directas para cometer estos abusos ni de que los hubieran perpetrado ellos mismos. Sin embargo, estaban al tanto de lo que ocurría. La magistrada Catalina Díaz ha enfatizado que diferentes víctimas contaron que los comandantes las vieron cuando eran menores de 15 años. “En una ocasión, el comandante les reparte biberones a los comandantes medios como una forma de aleccionarlos sobre el reclutamiento de menores de 15 años. Esos comandantes medios se mueren de la risa”, ha relatado la funcionaria.

El reclutamiento forzado de niños y adolescentes ocurrió en todo el país, salvo en el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 30% de los reclutados tenían 14 años o menos, aunque las normas internas prohibían el reclutamiento de menores de 15 años. Hubo tres modalidades principales de reclutamiento: la amenaza o uso de la fuerza en una mayoría de los casos (57%); los engaños, como las promesas de acceder a estudios o de reencontrarse con familiares (28%); y la persuasión o el convencimiento ideológico (15%). Los pueblos indígenas fueron especialmente afectados: de las 9.854 víctimas que participan directamente del macrocaso, 8.903 pertenecen a cinco comunidades.

En su decisión, la JEP enfatiza que no hubo ninguna consideración a las condiciones físicas o psicológicas de los niños. Se les asignaron las mismas tareas que a los demás y se les aplicó el mismo régimen disciplinario; fueron sometidos “a las mismas reglas que los adultos y a profundas asimetrías de poder”. Todo esto derivó, en algunos casos, en homicidios e incluso suicidios. A largo plazo, los abusos y “la exposición permanente a la muerte” produjeron afectaciones que se extendieron a la vida adulta.

La violencia reproductiva tiene un apartado especial. Hay registros de anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. También hay casos de asesinatos y desaparición de hijos e hijas recién nacidos. “Esta violencia tuvo como propósito evitar que la maternidad o paternidad representara una disminución de integrantes del grupo o generara riesgos para su seguridad”, se lee en el comunicado. Asimismo, hay un punto específico para referirse a los crímenes contra los niños LGBT. “Sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”, ha añadido la JEP.

El tribunal ha señalado que el Estado no visibilizó la condición de víctimas de los niños que salieron de la guerrilla y que los estigmatizó por haber integrado las FARC. Según ha comentado la magistrada Lily Rueda, la JEP estudia la posibilidad de abrir una investigación conjunta entre este macrocaso y el 08, sobre delitos cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con paramilitares, o terceros civiles.

La respuesta de los imputados

Los imputados han reconocido sus crímenes en un comunicado, publicado poco después de la rueda de prensa. “Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se lee en el texto, que lleva la firma de los seis excomandantes. No obstante, han matizado que esperarán antes de dar una respuesta formal. “En cuanto nos sea notificado procesalmente, nos concentraremos con nuestro equipo de defensa en el estudio y revisión de este importante asunto”, han comentado.

La imputación ha reabierto las tensiones entre los excombatientes y la JEP, que enfrenta cada vez más críticas por no haber emitido ninguna sentencia tras más de seis años de trabajo. En su comunicado, los antiguos cabecillas reiteran sus cuestionamientos: “Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo ya reconocido, en beneficio de las víctimas. El único obstáculo es que la JEP aún no aprueba un reconocimiento único y la agrupación de todos los hechos dispersos (...). El pueblo colombiano y las víctimas necesitan decisiones prontas”.

Una vez sean notificados, los acusados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos de manera formal. Si lo hacen, como han insinuado, seguiría una audiencia pública de reconocimiento de verdad y luego una sentencia del Tribunal. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha recordado este miércoles que, para evitar la prisión y acceder a penas de cinco a ocho años en proyectos restaurativos, no solo deberán admitir sus responsabilidades, sino también aportar a la verdad y dialogar con las víctimas. Pero todo esto depende de la voluntad política del Ejecutivo de diseñar y ejecutar los programas necesarios. “De nada sirven las aceptaciones y la verdad, si no tenemos vías restaurativas”, ha declarado el magistrado.