Una década buscando justicia para su hija que murió por el estigma sobre el aborto

Con la mirada en el vacío, Francie Mena se concentra y cuenta en detalle cómo vivió la última semana que vio con vida a su hija Ányela Viviana. Por momentos la voz se le quiebra. Tiene un nudo en la garganta. Calla unos segundos y continúa. Revive tan minuciosamente cada momento, que nadie creería que han pasado nueve años desde esa tragedia que la cambió para siempre. Por casi una década, la mujer oriunda de Nariño ha buscado justicia para su hija mayor, que falleció a los 19 años luego de sufrir una ...

Con la mirada en el vacío, Francie Mena se concentra y cuenta en detalle cómo vivió la última semana que vio con vida a su hija Ányela Viviana. Por momentos la voz se le quiebra. Tiene un nudo en la garganta. Calla unos segundos y continúa. Revive tan minuciosamente cada momento, que nadie creería que han pasado nueve años desde esa tragedia que la cambió para siempre. Por casi una década, la mujer oriunda de Nariño ha buscado justicia para su hija mayor, que falleció a los 19 años luego de sufrir una infección por un aborto incompleto. Antes de morir, Ányela agonizó de dolor por horas, pasó por dos hospitales pidiendo ayuda, pero no encontró apoyo médico, sino una cruel estigmatización por la decisión que había tomado.

Mucha fuerza y mucho tiempo le tomó a Francie Elena hablar de Ányela sin echarse a llorar. Para esta entrevista, por primera vez en años desempolvó los álbumes familiares que guardan las memorias de la infancia de sus hijas.

A mediados de 2014, su hija había ido a visitarla a Cali. Vivía en Popayán por sus estudios. El plan era pasar juntas el cumpleaños de Anyelita, como aún se refiere a ella. La celebración se vio opacada cuando su hija empezó a sentirse mal. El martes 27 de julio comenzó el suplicio. Francie tiene memorizado cronológicamente todo lo que sucedió hasta el 5 de agosto, la fecha en que su hija murió.

Los síntomas empezaron con dolores abdominales y una migraña grave que empeoraba. Al par de días de que empezara el malestar, Ányela y su novio acudieron al Hospital Susana López, en Popayán. En la atención que recibieron allí, recuerda Francie, quedó marcada la que sería una constante en el trato que recibió la enferma durante la siguiente semana. Los atendió una trabajadora social que, según el testimonio de la pareja de Ányela, les insinuó que lo que había hecho la joven, tomarse unas pastas de cytotec para abortar, era ilegal y que podrían ir presos. Miguel Ángel y su novia se atemorizaron, pues no tenían claro que el marco legal del momento, la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, había despenalizado el aborto en tres situaciones: la malformación del feto, el embarazo producto de violencia sexual y el riesgo para la vida o la salud ―física, mental o social― de la embarazada.

Los devolvieron sin ningún remedio para calmar el dolor. Dado que los síntomas no cesaban, volvieron pasadas 24 horas, y entre exámenes y diagnósticos difusos pasaron dos días más sin claridad del avance de su embarazo, con fiebres altísimas y otros signos de infección. Solo el 3 de agosto por la tarde un médico le hizo un legrado. El aborto había sido incompleto, y era la manera de llevarlo a término.

Para Laura Gil, ginecóloga y cofundadora del Grupo médico por el derecho a decidir, Ányela ya había vivido una serie de negligencias por parte de diferentes actores. Desde el personal médico que la atendió a lo largo de esa semana hasta las entidades gubernamentales que no le brindaron información clara para que pudiera acceder al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Incluyendo, si quería, un proceso informado de interrupción voluntaria del embarazo. Una sucesión de malas prácticas, dice, produjeron el desenlace fatal.

“La joven se hubiese salvado con información oportuna, si le hubiesen realizado una interrupción voluntaria del embarazo en el momento adecuado. Pero la dejaron llegar a un punto de no retorno. Si se hubiera hecho a tiempo una aspiración ―el procedimiento que requería, pues el legrado es obsoleto según la OMS―, se habría evitado extraerle el útero y la posterior falla multisistémica de todos los órganos”, explica la ginecóloga.

Lo mismo piensa su madre. De acuerdo con su historial clínico, la causa directa de la muerte de Ányela fue un paro respiratorio. Francie Elena sostiene que antes de entrar a la última cirugía, la histerectomía, su hija le repetía que no podía respirar. “Ella lo que necesitaba era que le salvaran la vida, no que la juzgaran”, continúa.

La pérdida de Ányela rompió a la familia Benítez Mera. Muchas de las ilusiones de Francie Elena estaban puestas en su primogénita, que se preparaba para estudiar Biología marina. “Cuando yo sea profesional, la voy a llevar a conocer el mar y los delfines”, le había prometido. Sin Ányela, a la mujer se le fue desmoronando la vida. Perdió su casa por una estafa, se acabó su matrimonio y se quedó sola con su hija menor, Sarita, que no paraba de preguntar por su hermana mayor.

La batalla por la justicia

Sin tener claro cómo, dos años después, la tristeza de Francie se transformó en ansias de justicia. Se asesoró y decidió demandar a la Clínica La Estancia y al Hospital Susana López, las dos entidades que atendieron a su hija, por negligencia médica y falla en la prestación del servicio. Su deseo es que ninguna otra mujer tenga que repetir la tragedia de su hija. Para su sorpresa, cuenta, los malos tratos y el estigma sobre la interrupción voluntaria del embarazo no pararon con la muerte de Ányela. Se extendieron al proceso judicial. Denuncia que la jueza le ha sugerido que fue una madre negligente y la ha tratado de forma hostil, y que ha tenido que revivir una y otra vez la dolorosa muerte de su hija. “Estos años han sido una constante de recordar las injusticias que sufrió Anyelita”, lamenta.

Para ella, la revictimización llegó a su culmen cuando el pasado 30 de agosto, tras siete años de litigio, conoció la sentencia del juzgado sexto administrativo de Popayán: “Declarar como probadas las excepciones de mérito ‘Responsabilidad y culpa exclusiva de la víctima’. Y la excepción de inexistencia de responsabilidad por ausencia de falla en el servicio en cumplimiento de obligaciones”. Es decir, a Francie le negaron la demanda contra las dos clínicas, y el juzgado pone la culpa de su propia muerte en Ányela. “Entre otras injusticias, la jueza pasó por alto que ella estuvo 10 horas esperando en urgencias con un triaje 1″, lo que implica atención inmediata, señala su abogada.

El fallo resucitó un dolor que Francie creía enterrado. Lo que no le costó tiempo fue decirle a su abogada que no estaba de acuerdo con esa sentencia y que siguieran en el proceso. Apelaron, y están a la espera de que el juzgado acepte el recurso. Luego de eso, pueden pasar de dos a tres años para obtener una sentencia de segunda instancia que le correspondería al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. “Llegaré hasta donde me toque”, manifiesta Francie con convicción. Para esta madre, buscar justicia por los atropellos que sufrió su hija es el motor que la impulsa a seguir.

Gil, la ginecóloga, es tajante con señalar que Ányela no es responsable de su muerte. “Ella fue diligente en buscar ayuda y hubo negligencia porque la juzgaron, la rechazaron y no le brindaron información sobre la IVE como orienta el Ministerio de Salud. Es evidente que no recibió un tratamiento igual al que hubiese tenido de haberse tratado de un aborto espontáneo” .

En esa lectura concuerda Ana Cristina González, médica, doctora en Bioética y una de las pioneras del movimiento Causa Justa, que ha logrado la despenalización del aborto en el país. “Lamento mucho que una mujer haya tenido que morir en Colombia por algo que no solo fue negligencia. Fue maltrato, fue violencia de género y obstétrica”. González subraya que gracias a la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto hasta la semana 24 en cualquier circunstancia, casos como el de Ányela se tratan ahora de una manera diferente. “Hemos visto efectos importantes de la sentencia en los servicios de salud. Las mujeres están buscando menos asesoría legal y más información, y las EPS parecen dispuestas a prestar estos servicios”.

“Estamos dispuestas a pelear para que se implementen estos marcos normativos. Este caso es muy expresivo de cómo el incumplimiento de las normas tiene efectos devastadores sobre las familias y las mujeres. Estos casos no se puede repetir en un país donde el aborto está plenamente despenalizado”, añade la activista.

Precisamente, este 28 de septiembre se conmemora el Día de la acción global por un aborto legal y seguro, con marchas en las principales ciudades de la región y en las que miles de mujeres salen a exigir su derecho a poder decidir en condiciones dignas. Pues el prejuicio sobre esta decisión sigue siendo una barrera y una tarea pendiente en la sociedad, como lo ha vivido en carne propia Francie Elena.

González manifiesta que ya no es una lucha solitaria, y que en Latinoamérica se evidencia un movimiento cada vez más amplio y poderoso. Hace nueve años era menos fuerte. Francie Elena no sabía en 2014 de esa conmemoración ni opinaba mucho sobre el derecho de las mujeres a decidir cómo y cuándo quieren ser madres. El dolor la transformó. Ahora es clara y firme en su lucha. Se niega a fallarle a Ányela, pues siente que le fallaron las clínicas, los médicos y todo un sistema que no le permitió decidir sobre su futuro. En sus planes no está rendirse.

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