Siete meses de la despenalización del aborto: de la prohibición a enfrentar el miedo
Aunque aún hay barreras para acceder a un aborto, el país está en medio de una transformación social y cultural para proteger las decisiones las mujeres
Han pasado siete meses desde que Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, siete meses en los que no ocurrió lo que temían los que se oponían a despenalizarlo: las mujeres no salieron corriendo masivamente a abortar, ni empezaron a utilizar el aborto como un anticonceptivo, ni esperaron hasta la semana 24 para interrumpir su embarazo. Pero para Laura Gil, ginecóloga colombiana que ha atendido desde hace varios años a mujeres que buscan ...
Han pasado siete meses desde que Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, siete meses en los que no ocurrió lo que temían los que se oponían a despenalizarlo: las mujeres no salieron corriendo masivamente a abortar, ni empezaron a utilizar el aborto como un anticonceptivo, ni esperaron hasta la semana 24 para interrumpir su embarazo. Pero para Laura Gil, ginecóloga colombiana que ha atendido desde hace varios años a mujeres que buscan un aborto, sí cambió algo fundamental: “Ahora mis pacientes están tranquilas”.
Gil ha observado, desde su consultorio, una serie de cambios que van más allá de lo legal. Antes de la sentencia de febrero del año pasado, el aborto solo estaba permitido en tres causales: en caso de violación, riesgo en la salud de la madre y malformación del feto. En esa época Gil atendía entre tres a cinco mujeres cada semana, algunas con temor para justificar su situación. Desde la decisión de la Corte Constitucional en febrero —que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y lo permitió en las tres causales en las semanas siguientes— el número de consultas para Gil aumentó de seis a diez mujeres por semana, mujeres sin miedo a terminar en la cárcel. Estas nuevas mujeres, le cuentan, hubieran abortado sin la sentencia de la Corte, aunque quizás con un procedimiento menos seguro.
“Yo les pregunto qué hubieran hecho antes y me dicen que igual hubieran abortado, y eso es lo que que creo que la gente empieza a entender: la decisión de las mujeres nunca depende de si es legal o no es legal el aborto, solo que ahora sí pueden ejercer su derecho a un aborto seguro”, dice Gil a EL PAÍS. “Ahora estamos en una fase de implementación, pero sobre todo de normalización: que toda la gente entienda que esto es un derecho. En el movimiento siempre hablamos de despenalización legal, pero lo que falta es una sociedad que deje de ponerle al aborto la carga social y cultural que siempre ha tenido”.
Los cambios culturales son más lentos que los legales, pero incluso en el gremio de los ginecólogos está ocurriendo. Colegas de Gil la han llamado en los últimos meses a preguntar cuáles son las mejores prácticas, o si hay riesgos con uno u otro método. Ella hace parte del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que en 2020 hizo una encuesta con cientos de gineco-obstetras colombianos, y encontró que un 25% no conoce o no maneja las técnicas modernas y recomendadas por la OMS para un aborto (como la aspiración uterina o las pastillas de misprostol), y terminan practicando técnicas obsoletas como el legrado . “Aún falta hacer una transformación académica, porque nosotros estudiamos en épocas en que el aborto era ilegal”, añade Gil.
Transformar y capacitar al sistema de salud ha sido uno de los principales retos de los últimos meses. María Mercedes Vivas es directora de Oriéntame, una fundación privada que presta servicios médicos a las mujeres que buscan terminar su embarazo. Vivas explica que el aborto es un procedimiento incluido en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), y que por ende todas las mujeres con filiación al sistema deberían poder acceder a uno por medio de sus empresas prestadoras de salud (EPS). “Pero muchas de esas empresas aún no se han capacitado, no han actualizado sus protocolos, y seguimos viendo entidades prestadores de salud que siguen utilizando tecnología obsoleta como el legrado”, cuenta Vivas. Para una fundación como Oriéntame, sin embargo, la sentencia de febrero les permitió atender a mujeres de forma mucho más rápida, sin indagar sobre las causales.
“Cambiamos nuestros protocolos, la forma de manejar la historia clínica, y ya no tenemos que verificar razones sino solo enfocarnos en la usuaria. No pasó lo que dijeron los que se oponían al aborto, que pensaban que las mujeres iban a salir todas corriendo a abortar”, añade Vivas. “Ni ha pasado lo otro que decían, que era que las mujeres iban a abortar en la semana 24. Nadie ha abusado del sistema, eso no pasó, la noticia es que no hay noticia”.
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De acuerdo a un informe de Oriéntame, la fundación atendió, de febrero a mayo de este año, a 2.902 mujeres, y más del 90% de ellas accedieron a un aborto en las primeras 12 semanas de gestación. De acuerdo un comunicado de Profamilia, otra organización que ofrece servicios para interrumpir un embarazo, el 94% de los abortos se realizaron en las primeras semanas de gestación. Según datos de ACEMI, el gremio más grande de EPS, la mayoría de los abortos que han ocurrido han sido antes de la semana 15 (Al consultar a cinco EPS de ACEMI, que tienen a cargo 30% de la población del país, estas confirmaron que, de enero a julio, el 93% de los abortos fueron hechos antes de la semana 14; el 6% antes de la 24; y solo el 1% por encima de la semana 24).
Es decir, de acuerdo a varias instituciones prestadoras de salud, las mujeres han logrado abortar más temprano sus embarazos no deseados desde el fallo de la Corte. Oriéntame evidenció un aumento del 15% en el número de mujeres que lograron financiar su aborto por medio de su empresa prestadora de salud. Profamilia evidenció un aumento del 18% en acceso a abortos través de su IPS—Instituciones Prestadoras de Salud.
Para Juan Carlos Vargas, ginecólogo y asesor científico de Profamilia, estas cifras demuestran que “las mujeres no utilizaron el aborto como método de planificación, a diferencia de lo que se dijo que pasaría”. También se refirió a los retos que desde la entidad han evidenciado: “uno de estos es que las EPS se comprometan con combatir las barreras para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, para que aseguren que este procedimiento se pueda realizar en los primeros cinco días desde que se solicita”. César Castiblanco es el gerente de salud de ACEMI, el gremio de EPS que reúne a unas once empresas y cubre a unos 35 millones de afiliados, y explica que varias EPS sí han buscado agilizar el procedimiento—con menos trabas burocráticas— y que les es más difícil conseguir prestadores de salud que accedan a realizar un aborto en la semana 24, o después dentro de las tres causales.
“Sí vimos que diferentes EPS intentaron hacer un proceso de adecuación después de la sentencia”, dice Castiblanco. “El procedimiento antes de la semana 15 puede ser realizado sin una hospitalización, es más sencillo. En la medida en que se avanza la edad gestacional, se juega más con la disponibilidad: a pesar de que la objeción de conciencia no es institucional, es más difícil contar con profesionales disponibles, y hay entidades más renuentes a hacer ese tipo de intervención”.
“Este es un tema que sigue siendo supremamente controversial”, añade Vivas, de Oriéntame, sobre la dificultad para mujeres en semanas más avanzadas del embarazo. “Creo que es un tema de estigma, porque los hospitales están capacitados. Un hospital que puede atender partos también puede atender una IVE en estados avanzados y si no lo hacen es por voluntad política”.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y la fundación Oriéntame publicaron este año un informe que cuenta las principales barreras que las mujeres siguen encontrando en las empresas de salud. Entre esas está también la desinformación: médicos que no conocen la sentencia de la Corte, ni que era de inmediato cumplimiento desde febrero, o que no garantizan información veraz a las mujeres sobre cómo acceder a un aborto. Las mujeres migrantes venezolanas, además, se han enfrentado a casos de xenofobia en el sistema de salud.
“Sabemos que esas barreras le hacen daño al mismo sistema de salud y a las mujeres, porque las empujan a que acudan más adelante a esa interrupción”, dice Ana Cristina González, médica y pionera del movimiento Causa Justa que logró la despenalización del aborto. “Claro que siguen habiendo barreras, por eso sabemos que parte del trabajo que tenemos que hacer ahora es pedagógico”.
González dice que, “es imposible lograr un cambio cultural en siete meses, pero sí creo que ha venido un cambio por décadas de lucha de los movimientos de mujeres feministas”. Ella lleva más de 25 luchando por la despenalización, y dice que “esa transformación se refleja en encuestas de opinión que hacemos desde el 2017, que demuestran un número cada vez más creciente de personas que están en contra, al menos la mitad de la población, de que una mujer vaya a la cárcel por haberse practicado un aborto. Ese cambio cultural ocurre porque el feminismo ha puesto la libertad reproductiva y la libertad sobre el cuerpo como un eje estratégico de la agenda democrática”.
El cambio cultural, añade González, pasa por cambiar el concepto de libertad, entenderla “como la posibilidad de imaginar un proyecto de vida, y poder llevarlo adelante”. Ella ve ahora una nueva generación de mujeres jóvenes que nació con ese concepto de libertad, más amplio, una generación “que no entiende quién puede prohibirle algo que tiene que ver con su proyecto de vida”.
Dos cosas más cambiaron en los últimos siete meses. La primera, fue que el nuevo gobierno de Gustavo Petro se comprometió en repetidas ocasiones a respetar la sentencia de la Corte y proteger el derecho de las mujeres al aborto, y varias congresistas de su coalición se han comprometido a impulsar una política pública integral para regularizar las rutas para las mujeres. Y la segunda, que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó la sentencia de 1973 conocida como Roe v Wade que permitía el aborto legal en todo el país, una noticia que alimentó las esperanzas de los movimientos anti-aborto a reversar las decisiones como la que tomó la Corte Constitucional en febrero.
“Pero la decisión de Estados Unidos, jurídicamente, es muy distinta”, explica González. “Los argumentos con los que se había despenalizado el aborto allá eran relacionados con la privacidad, mientras que la decisión en Colombia está arraigada en derechos humanos fundamentales protegidos por nuestra Constitución: la igualdad, la salud, la dignidad de las mujeres y la libertad de conciencia. Lo que pasó en Estados Unidos es nefasto, nos debe preocupar a todas las mujeres, pero es una oportunidad para que el norte mire al sur, aprenda de nuestras estrategias, nuestros movimientos, de cómo llevamos esta discusión pública”.
La activista revisó recientemente cómo desde 1994 –cuando ocurrió la conferencia de la ONU en Cairo que adoptó un programa de acción sobre penalización del aborto– 58 paises han liberalizado sus leyes de aborto, y solo cuatro las han retrocedido. “Por eso me mantengo optimista”, añade.
La cruzada jurídica contra el aborto
En los siete meses de expedida la sentencia C-055 de 2022, a la Corte Constitucional han llegado alrededor de 30 incidentes de nulidad que buscan tumbar la decisión. La mayoría de las demandas han sido interpuestas por ciudadanos y organizaciones religiosas. Las peticiones apuntan a dos argumentos principalmente: la falta de competencia de la Corte para eliminar el delito de aborto del código penal (para los demandantes esta es una función que compete exclusivamente al Congreso de la República); y la supuesta violación del derecho a la vida del feto, pues para las organizaciones ‘provida’ la vida se origina desde concepción y no desde el nacimiento. La mayoría de estas peticiones han sido negadas.
Las estrategias de estos movimientos han llegado a otras instancias, como demandar ante el Congreso a los magistrados que votaron a favor de la despenalización, acusándolos de injuria y calumnia. Aunque en la región no son nuevas este tipo de estrategias por parte de los grupos antiaborto, hasta el momento en Colombia esos intentos no han prosperado. Mientras tanto, el andamiaje administrativo y político que necesita la sentencia para materializarse efectivamente sigue esperando medidas concretas desde instancias nacionales del nuevo gobierno. Sin perder de vista este panorama de retos y transformaciones, desde el movimiento feminista y diferentes organizaciones de mujeres se anunciaron movilizaciones en diferentes ciudades del país este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto legal y Seguro — iniciativa que surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe —, donde por primera vez en dieciséis años las mujeres colombianas se manifestaran bajo un marco legal donde la interrupción voluntaria del embarazo ya no es un delito.
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