La ONU corrobora la presencia del ELN en Venezuela

La guerrilla colombiana del ELN ha tenido una presencia intermitente en varias zonas del estado Bolívar, el mayor estado de la vecina Venezuela, y ha mantenido “vínculos de colaboración” con el Gobierno de Nicolás Maduro, señaló esta semana el tercer informe de la misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela, creada para investigar graves violaciones de derechos humanos. Un líder indígena contó a la misión que el gobierno venezolano otorgó al ELN concesiones para la explotación aurífera a orillas del río Cuyuní, cerca de la frontera con Guyana, y otro testigo que hizo incursiones en otras minas de la misma región.

El nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas se centra en dos temas que considera prioritarios en sus investigaciones. De un lado, los crímenes de lesa humanidad relacionados con los servicios de inteligencia del Estado venezolano, un apartado en el que describe patrones y modos de actuación en la persecución de opositores al Gobierno de Maduro. Y de otro, la situación de derechos humanos en la región del arco minero del Orinoco y otras áreas del enorme estado Bolívar, una región rica en minerales como el oro, diamantes, coltán y bauxita.

El Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, ha estado presente del otro lado de la frontera por lo menos desde la década de los años 70, y expandió su presencia en territorio venezolano después del acuerdo de paz que selló el Gobierno de Colombia con la extinta guerrilla de las FARC a finales de 2016. Algunos analistas ya lo catalogan como una guerrilla binacional, aunque no así el documento.

Según varias fuentes, reseña el informe, el ELN llegó a acuerdos con autoridades estatales venezolanas para controlar recursos mineros, ha estado involucrado en la explotación de oro, diamantes y coltán, y para el año 2018 tenía presencia en al menos 12 de los 23 estados del país. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los rebeldes se financian en al menos un 60% a través de la minería en la República Bolivariana de Venezuela.

Según testimonios recogidos por la misión, “existen vínculos de colaboración entre el Gobierno venezolano y el ELN”. El informe señala que “el Gobierno permitió la entrada del ELN con el propósito de ‘limpiar’ las minas de ‘sindicatos’ no aliados con el Gobierno, especialmente aquellos que no les estuvieran pagando ‘cuotas’ o ‘vacunas’”. La misión ha recibido información acerca de que el ELN ha tenido presencia en distintos municipios del estado de Bolívar por lo menos desde el 2018, y ha llegado a instalar puestos de control o “alcabalas” en las carreteras y en zonas muy cercanas a puestos de control oficiales. La misión apunta, sin embargo, que la presencia del ELN en Bolívar ha disminuido sustancialmente desde mediados de 2020.

El ELN se ha fortalecido militarmente en los últimos años y se ha expandido tanto en Colombia como del otro lado de una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros en la que operan un archipiélago de grupos criminales. Human Rights Watch ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido sus cómplices, al punto de realizar “operaciones conjuntas” con el ELN, aunque Caracas siempre ha negado oficialmente la presencia de la guerrilla en su territorio.

En su búsqueda de la “paz total” para Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro, con mes y medio en el poder, ya ha puesto en marcha un diálogo con el ELN. También ha restablecido las relaciones con Venezuela, como parte de un proceso gradual de normalización de unos lazos completamente rotos desde 2019, y le ha pedido a Maduro que sea garante de la negociación con el ELN, una propuesta que el heredero de Hugo Chávez aceptó casi de inmediato. En su día, Chávez acompañó los diálogos de La Habana que permitieron el desarme de las FARC.

Los investigadores no han podido visitar Venezuela para realizar sus pesquisas sobre el terreno debido a que el Gobierno de Maduro no autoriza su presencia. La misión, ordenada originalmente por la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, busca una prórroga de dos años. La semana pasada Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú anunciaron que proponen una resolución al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre con ese propósito, pero Colombia aún no se ha sumado a esa iniciativa, a pesar de las críticas de las organizaciones de derechos humanos.

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