Una jueza federal suspende el fin del TPS de 350.000 haitianos

Un tribunal federal de Estados Unidos suspendió este lunes la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, cuyo vencimiento estaba previsto para el martes 3 de febrero, mientras avanza una demanda que sostiene que la Administración puso fin al programa de manera ilegal, motivada por prejuicios contra migrantes no blancos.

La jueza Ana Reyes, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Washington D. C.), concluyó que Noem ignoró el requisito legal de consultar a otras agencias y de evaluar seriamente las condiciones humanitarias en Haití, y que pasó por alto el impacto económico y social de expulsar a cientos de miles de haitianos que viven y trabajan legalmente en EE UU desde hace años.

El fallo deja sin efecto legal la terminación del TPS y mantiene vigentes las protecciones para sus beneficiarios, incluida la autorización de trabajo y la protección frente a la detención y la deportación. Asimismo, establece que el período de validez de los permisos de trabajo se extiende mientras dure la suspensión. El fin del programa habría dejado en el limbo migratorio a unos 350.000 haitianos.

El fallo se produce en respuesta a una demanda colectiva interpuesta en julio pasado por un grupo de haitianos con TPS alegando que el Gobierno puso fin al programa en violación de leyes de procedimiento administrativo y de la Constitución, al ignorar la grave crisis humanitaria y de seguridad en Haití. Los demandantes sostienen que la decisión estuvo motivada por prejuicios raciales, que no respondió a un análisis genuino, y que forzar el retorno de los haitianos los expondría a riesgos extremos y daños irreparables.

El Gobierno pidió a la corte desestimar la demanda, argumentando que la ley prohíbe a los jueces revisar este tipo de determinaciones y que la decisión corresponde a la discreción del Departamento de Seguridad Nacional. Según el Gobierno, Noem actuó dentro de sus facultades y las acusaciones carecen de base legal.

La Administración de Donald Trump sostiene que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para permitir el retorno seguro de sus ciudadanos, y “que los ciudadanos haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra del interés nacional”. Noem intentó acortar la vigencia del programa por seis meses, pero un tribunal bloqueó la medida. Su departamento anunció en noviembre que retiraría el TPS cuando expirara en febrero.

Durante las audiencias, la jueza Reyes cuestionó duramente el razonamiento del Gobierno y la lógica de considerar seguro el retorno a un país que el propio Departamento de Estado considera tan peligroso como para emitir alertas de viaje y prohibir los vuelos.

Reyes también ordenó al Gobierno entregar documentos adicionales relacionados con la decisión sobre Haití que no estaban incluidos en el registro administrativo, criticó las demoras en su entrega y advirtió sobre posibles sanciones. El fin de semana antes del fallo, la jueza ordenó además hacer públicos los documentos del litigio.

En respuesta a una solicitud de comentarios de EL PAÍS, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió: “Tribunal Supremo, allá vamos. Esto es activismo sin base legal, y seremos reivindicados. El TPS para Haití se otorgó tras un terremoto ocurrido hace más de 15 años; nunca estuvo concebido como un programa de amnistía de facto, y sin embargo así lo han utilizado administraciones anteriores durante décadas. Temporal significa temporal, y la última palabra no la tendrá una jueza activista que legisla desde el estrado”.

El TPS permite a personas de países azotados por desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias vivir y trabajar temporalmente en EE UU. Haití recibió esa designación tras el devastador terremoto del 2010, que dejó decenas de miles de muertos y millones de desplazados. El estatus debe revisarse y renovarse cada 18 meses. La última extensión fue aprobada por el expresidente Joe Biden en junio de 2024, hasta febrero de 2026.

Haití arrastra desde hace años una profunda crisis económica, social y política, exacerbada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Con el colapso de las instituciones estatales, las pandillas y grupos paramilitares han tomado el control de amplias zonas del país, incluida la capital, Puerto Príncipe, provocando desplazamientos masivos de residentes que huyen de asesinatos, violencia sexual y otros abusos. Según organizaciones de derechos humanos, más de la mitad de la población sufre hambre aguda y el sistema de salud está colapsado. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en 2023 el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad apoyada por EE UU para contener la violencia, pero la misión no ha logrado estabilizar el país, de acuerdo con Human Rights Watch.

Ante ese nivel de inseguridad, el Departamento de Estado de EE UU recomienda a sus ciudadanos no viajar a Haití o salir de inmediato si se encuentran ahí, y ha ordenado suspender vuelos comerciales.

Activistas y organizaciones pro inmigrantes advierten que forzar el regreso de tantas personas a Haití sería peligroso y contraproducente. En el sur de Florida, donde residen más de 150.000 haitianos, las autoridades locales y líderes comunitarios han advertido sobre posibles consecuencias económicas catastróficas y han calificado la medida de injusta para miles de familias que han vivido legalmente en EE UU por décadas.

Algunos beneficiarios del TPS han señalado que regresar a Haití ahora equivale a “una sentencia de muerte”, y los convertiría en objeto de extorsión y secuestro. Ese es precisamente uno de los argumentos centrales de los demandantes en el caso que llevó a la jueza Reyes a emitir su fallo este lunes.

Reyes abrió su fallo de 83 páginas con una cita de George Washington: “Estados Unidos está abierto a recibir no solo al extranjero opulento y respetado, sino también a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones”. Y lo cerró con la referencia a “un viejo adagio de abogados”, según el cual, cuando no se tienen ni los hechos ni la ley de su lado, “se golpea la mesa”. En este caso, escribió la jueza, “la secretaria Noem no tiene los hechos de su lado —o, al menos, los ha ignorado—. Tampoco tiene la ley de su lado —o, al menos, la ha ignorado—. Al no tener ninguno de los dos y trayendo el adagio al siglo XXI, golpea X (antes Twitter)”.

“Kristi Noem tiene, en virtud de la Primera Enmienda, el derecho a llamar a los inmigrantes asesinos, parásitos, aprovechados del sistema o cualquier otro calificativo inapropiado que desee. Sin embargo, como secretaria, Noem está sujeta tanto a la Constitución como a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y obligada a aplicar fielmente los hechos a la ley al implementar el programa del TPS”, concluyó la magistrada.