Un país dividido por la migración: con el nuevo año unos Estados estrenan leyes a favor y otros, en contra

Desde el 1 de enero los agentes locales y federales que detienen a migrantes en California no pueden esconderse tras las máscaras que ocultan su rostro, como han hecho hasta ahora. Así lo dicta una de las muchas leyes que han entrado en vigor con el comienzo del año y que impactarán en la comunidad migrante. La cruzada contra la inmigración que la Administración de Donald Trump ha emprendido en su primer año de mandato ha dividido la nación y, en el ámbito legislativo, ha propiciado la aprobación de nuevas normas en las legislaciones locales y estatales que se estrenan en 2026. Algunas, en Estados gobernados por demócratas como California e Illinois, las leyes amplían la protección a los migrantes; en otros Estados como Texas y Tennessee, gobernados por republicanos, el objetivo es facilitar la labor de los agentes federales en su carrera contrarreloj por engrosar la lista de detenidos y deportados.

La ley de California SB 627, que establece como delito que un agente de las fuerzas del orden use una mascarilla o cobertura facial en el desempeño de sus funciones, ha sido recurrida por el Gobierno federal en los tribunales. La Administración Trump defiende el anonimato de los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una medida de protección para los agentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha denunciado que los ataques a los agentes han aumentado más de un 1.000% este año. La demanda alega que la prohibición del uso de mascarillas es inconstitucional porque los Estados no tienen la facultad de regular las agencias federales. Varios Estados han introducido medidas para prohibir que los agentes de inmigración se cubran el rostro, pero California fue el primero en convertirla en ley.

El senador demócrata Scott Wiener, autor de la norma, critica el miedo y la indefensión que produce entre los migrantes no poder identificar a quienes les detienen. “Cuando los agentes del orden usan pasamontañas aterrorizan a las comunidades, su uso reduce la confianza en el cumplimiento de la ley”, ha declarado en un video publicado en redes sociales. La ocultación del rostro y el anonimato de los agentes ha facilitado el abuso de la fuerza en las detenciones, incluso por personas que no son agentes, según han denunciado migrantes y las organizaciones que los defienden.

Otra nueva norma orientada a evitar el anonimato obliga a los agentes federales a portar visiblemente su identificación con su nombre, número de placa y agencia, y prohíbe que los cazadores de recompensas participen en las detenciones.

Otra ley firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tendrá una repercusión amplia en la comunidad migratoria es la AB 495, también conocida como la Ley de Plan de Preparación Familiar de 2025. Su propósito es ayudar a las familias a prepararse ante las deportaciones. La nueva legislación amplía a familiares de hasta quinto grado (como tías abuelas y primos) a quienes pueden convertirse en tutores temporales de los menores, permitiéndoles tomar decisiones sobre la atención médica y sobre la matriculación en las escuelas. Desde que comenzaron las redadas antiinmigración una de las mayores preocupaciones en la comunidad extranjera es quién cuidará de los hijos si los padres son detenidos o deportados. Además, la nueva norma prohibirá a las guarderías recopilar información migratoria sobre un niño o sus progenitores.

Con el objetivo de proteger a los menores, California estrena también una ley que obliga al Estado a proporcionar asesoría legal a los jóvenes para defender sus casos migratorios. La Administración Trump ha atacado por varios flancos a los menores que llegan no acompañados a Estados Unidos, recortando drásticamente los fondos a las organizaciones que los ayudan y eliminando su derecho a una defensa, una medida que se disputa en los tribunales. La desprotección de los menores ha causado escenas tan surrealistas como la comparecencia de niños de menos de cinco años que han tenido que defender solos sus casos de asilo ante un juez de inmigración. Otra de las acciones más polémicas de la Administración Trump contra los menores, frenada por un juez, fue el intento de deportar a más de 300 niños guatemaltecos sin ninguna orden de expulsión ni la posibilidad de defenderse.

Vuelta a los lugares “sensibles”

Una de las primeras medidas de Trump al regresar a la Casa Blanca fue eliminar la protección de los lugares denominados como sensibles (hospitales, escuelas y lugares de culto), lo que equivalía a impedir la entrada de los agentes migratorios en estos recintos. Desde enero, la ley SB81 de California, busca convertir los centros de atención médica en espacios seguros impidiendo el acceso de los agentes y designando los datos migratorios de un paciente como información médica protegida.

También el Estado de Illinois, uno de los más afectados por las redadas de los agentes federales, obliga a los hospitales a una mayor protección del estatus migratorio de los pacientes. La nueva legislación, aprobada este otoño en el contexto de la intensificación de las operaciones federales bajo la Operación Midway Blitz en Chicago, prohíbe además los arrestos civiles en los juzgados de Illinois y sus alrededores, y permite que cualquier persona arrestada injustamente en o cerca de un tribunal demande una indemnización de hasta 10.000 dólares. La Administración Trump ha convertido las comparecencias que los migrantes deben hacer periódicamente en las cortes en emboscadas para detenerlos.

Los agentes tampoco podrán acceder a las escuelas sin una orden judicial y restringe ciertas decisiones basadas en el estatus migratorio. Las guarderías con licencia estatal ahora deben exhibir información sobre los derechos de los inmigrantes en cada centro, endurecer las condiciones para compartir documentación con las fuerzas del orden y desarrollar planes de acción en caso de que se presenten agentes de inmigración.

Mayor colaboración con el ICE

Para los migrantes que residen en Estados controlados por los republicanos, sin embargo, el año se estrena con pocas alegrías. En Texas entra en vigor una ley que obliga a los sheriffs a firmar acuerdos de colaboración, los llamados 287g, con el ICE. Según la ley SB 8, los responsables de las cárceles locales deberán pasar información migratoria de los detenidos a los agentes federales.

Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas (ACLU) denuncian que la legislación podría dar lugar a un exceso de vigilancia policial y a la discriminación racial. Por los acuerdos, las cárceles locales podrán retener a residentes sin estatus legal que serían liberados tras una infracción menor o tras pagar una fianza, hasta que el ICE llegue a arrestarlos. “Los agentes de policía locales se convierten en secretarios del ICE, realizando trámites y ayudando a procesar las deportaciones”, ha denunciado la ACLU.

En Tennessee, otro Estado gobernado por un republicano, el nuevo año estrena una nueva documentación discriminatoria con los extranjeros. A los extranjeros que residen legalmente se les expedirán licencias de conducir o tarjetas de identificación temporales que indicarán específicamente que no son ciudadanos de pleno derecho. El senador republicano Bo Watson presentó el proyecto de ley como una medida para garantizar la integridad de las elecciones.

Otra ley que entrará en vigor en 2026 prohíbe a Tennessee aceptar licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas a migrantes indocumentados por otros Estados.

Pérdida de atención médica

Un discurso recurrente del Gobierno en los últimos meses para atacar a la inmigración irregular ha sido la acusación de que se aprovechan de los recursos federales. Un argumento falso porque los migrantes indocumentados no pueden acceder a ningún beneficio federal. A cambio, algunos Estados disponen de programas para proporcionarles servicios mínimos, como acceso a la educación o a la asistencia médica. Los residentes en Minnesota comienzan el año perdiendo parte de esos beneficios. El Estado, cuya cámara legislativa tiene una mayoría demócrata muy ajustada, aprobó a comienzos del verano pasado una ley que retira la cobertura médica a los migrantes indocumentados mayores de 18 años. Unas 17.000 personas que estaban inscritas en el programa MinnesotaCare perderán su cobertura médica con la llegada del 2026.