Trump planea usar cazarrecompensas para localizar a migrantes
El Servicio de Inmigración pretende ahora pagar a empresas privadas para comprobar la ubicación de las personas que quiere deportar


Donald Trump no está contento con el ritmo que llevan las deportaciones, por debajo de sus metas de un millón al año, por lo que la Administración está buscando vías para acelerarlas. La última es un plan para contratar cazarrecompensas que localicen el paradero de los migrantes indocumentados, que pueden pasar a engrosar la lista de deportados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) está buscando empresas privadas que se encarguen de encontrar a las personas que busca la agencia a cambio de dinero, según un documento revelado por The Intercept. La agencia afirma que está “explorando” las posibilidades de contratar a los cazarrecompensas y pide a los interesados que presenten sus propuestas.
“Esto es muy peligroso”, advierte Latoya Macbean Pompy, una abogada de inmigración de Nueva York que tiene un canal en YouTube. “Esto convierte a las personas en números e incentiva a perseguir objetivos equivocados y a violar los derechos civiles. Podría incluir a migrantes documentados, indocumentados, residentes permanentes y hasta ciudadanos”.
Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10.000 inmigrantes a la vez para su localización, con incrementos de 10.000 hasta llegar al millón. La labor de los cazarrecompensas sería comprobar que la dirección que les proporciona el ICE de sus hogares o de su trabajo es correcta.
“El proveedor deberá dar prioridad a la residencia del extranjero”, señala el documento. “Pero si esto no es posible, intentará verificar el lugar de empleo”. Si los datos que tiene el ICE registrados no son ciertos, la empresa contratada deberá “proporcionar nuevos datos de ubicación al Gobierno que le permitan localizar fácilmente a la persona”. Estos datos incluyen direcciones, números de teléfono, lugar de trabajo, información sobre su vehículo, propiedad y redes sociales.
Además, los contratados deberán proveer al ICE de fotos y documentos que prueben las informaciones enviadas. La agencia puede cerrar el caso o pedirles que entreguen documentos a los migrantes objeto de la investigación, lo que deberán hacer en mano y con su firma de recibo. Los documentos pueden ser recibidos por cualquier adulto de la residencia.
Para la vigilancia y verificación, la agencia insta a los cazarrecompensas a utilizar todos los sistemas tecnológicos disponibles en el mercado, incluyendo la “investigación de ubicación mejorada, que implica el rastreo automatizado y manual en tiempo real”. El ICE ya utiliza en la actualidad programas para la ubicación de los teléfonos de los migrantes perseguidos.
El ICE planea ofrecer incentivos, que incluirían bonificaciones monetarias según el rendimiento, para fomentar los resultados rápidos. Como ejemplo, los contratistas podrían recibir una bonificación por identificar la dirección correcta de una persona al primer intento o por encontrar al 90% de sus objetivos en un plazo determinado.
El ICE tiene prisa
La agencia migratoria ha dejado clara su urgencia en el documento revelado: “El ICE tiene una necesidad inmediata de servicios de localización de personas y notificación de procesos judiciales”, afirma en la solicitud. Los interesados debían presentar su propuesta antes del 6 de noviembre. El ICE no ha respondido a la petición de EL PAÍS de saber cuántas empresas han presentado su oferta.
El Gobierno ha publicado que ha deportado a unas 400.000 personas este año y que planea cerrar el ejercicio con 600.000 expulsados (aunque esos números también incluyen a las personas a las que se les ha negado la entrada en la frontera). La cifra es aún inferior al millón de personas que se estableció como meta para conseguir la mayor deportación de la historia, objetivo prioritario del presidente Trump.
La forma en que los agentes del ICE han realizado las detenciones ha dado lugar a que muchos detenidos denuncien que fueron arrestados por cazarrecompensas, aunque no lo fueran. Los funcionarios de inmigración llegan a los sitios donde realizan redadas en vehículos camuflados, asaltan a los migrantes con los rostros cubiertos, sin uniforme y no presentan ninguna identificación.
“Dicen que son agentes del ICE, pero no estamos seguros. Cuando les pedimos sus credenciales, no nos las muestran”, denunciaba Rocío Treminio-López, alcaldesa de la ciudad de Brentwood, Maryland, en una entrevista reciente con EL PAÍS. En su opinión, la falta de entrenamiento y profesionalidad de quienes dicen ser agentes federales, percibida en los vídeos donde se ven los arrestos, muestra que no lo son. Además, los vehículos en que llegan tienen matrículas de otros Estados, como Florida.
El municipio de Treminio-López ha sido muy golpeado por las redadas y la alcaldesa demócrata ha pedido a la Asamblea de Maryland que se regule la actividad de los cazarrecompensas. La regidora denuncia que las personas enmascaradas que están deteniendo latinos en su comunidad se guían por perfiles raciales y cuenta el caso de un joven ciudadano estadounidense que los agentes sin identificar quisieron llevar detenido y solo no lo consiguieron por la oposición de los vecinos.
Las autoridades han negado, sin embargo, que existiera ninguna colaboración entre el ICE y los cazarrecompensas, al menos hasta ahora.
Chuck Jordan, el presidente del Sindicato Internacional de Cazarrecompensas, una organización ligada a la Asociación Nacional de Agentes de Recuperación de Fugitivos, reconoce en una conversación telefónica que el hecho de que los agentes no se identifiquen crea confusión, pero niega que se trate de cazarrecompensas. “Los agentes de fianzas y de recuperación de fugitivos llevan décadas deteniendo a inmigrantes indocumentados, pero se realiza dentro del marco de la industria de las fianzas. Podemos arrestar a migrantes que se hayan fugado tras pagar la fianza y devolverlos a custodia, si la empresa que pagó esa fianza nos contrata. Pero no podemos salir a buscar indocumentados al azar, como lo hace el ICE. Eso no está permitido legalmente”, sostiene.
El tipo de contratos que prepara el ICE ampliaría su participación, pero Jordan insiste en que la detención no está contemplada. “Cualquier recompensa que el ICE pudiera estar pagando sería únicamente por la información que cualquier persona podría proporcionar. No están solicitando a los cazarrecompensas que detengan a inmigrantes indocumentados ni pagando por ese servicio”, asegura.
La idea de que personas ajenas al ICE salgan a la calle en busca de migrantes que detener, sin embargo, no es nueva. Este año, al menos tres Estados han tenido propuestas legislativas para bonificar la caza de migrantes. Los legisladores de Misuri y Misisipi rechazaron la iniciativa republicana de pagar 1.000 dólares a los ciudadanos por cada inmigrante indocumentado que capturaran. También Arizona tuvo una propuesta sobre la mesa para pagar 2.500 dólares a la policía por cada migrante detenido que acabara deportado.
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