Rubio escala en la política dura hacia Cuba, mientras La Habana no libera a los presos que prometió
La decisión de Trump de regresar a la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo frenó la excarcelación de los 553 detenidos, acordada durante el Gobierno de Biden
Duraron poco las prebendas del Gobierno estadounidense, solo los seis días que quedaban de administración demócrata desde que Joe Biden levantó ciertas sanciones a Cuba para luego entregar su futuro a los republicanos el 20 de enero. Y como era predecible, en su primer día en la Casa Blanca, Donald Trump revirtió lo que tardíamente hizo su predecesor: volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de la que lo sacaron a cambio de la liberación de 553 presos, y anunció nuevas medidas que restringen cualquier respiro económico, como una manera de “restablecer una política dura” hacia la isla.
Para ello, el gabinete de Trump cuenta con una pieza clave, un confeso opositor a cualquier vínculo con La Habana, el nuevo Secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, quien en recientes declaraciones para la cadena Fox News aseguró que no pondría un pie en Cuba mientras gobierne el régimen vigente, a no ser para “discutir cuándo se van a marchar”.
Desde los primeros días de administración republicana, Rubio apuesta por la presión a la isla. En un comunicado de prensa el pasado viernes, dejó claro que su Gobierno daba marcha atrás a cualquier medida tomada por Biden que pudiera beneficiar a Cuba, e informó de las nuevas sanciones, otro golpe económico para La Habana. Entre ellas, está la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley LIBERTAD, que abre paso a que los estadounidenses puedan tomar acciones legales contra empresas o personas que manejen “bienes confiscados por el régimen cubano” después de 1959.
Rubio dejó saber, además, que el pasado 31 de enero reactivó la llamada Lista Restringida, que prohíbe transacciones con empresas bajo el control de grupos militares cubanos, como el conglomerado GAESA, el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que controla gran parte del complejo hotelero, tiendas en divisas, agencias de viajes, servicios financieros y otros frentes de la economía. Según el Departamento de Estado, es una manera de “denegar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano, mientras controlan grandes franjas de la economía del país”.
El cubanoamericano hizo una mención especial a la inclusión en la lista de la empresa de procesamiento de remesas Orbit S.A, con la que silenciosamente el Gobierno cubano estaba reclutando la mayoría del dinero que envían los exiliados cubanos a sus familiares. A inicios de diciembre, una investigación del medio local Miami Herald reveló que Orbit, que aparentemente operaba como una empresa independiente y civil del Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, sin supuestos lazos con grupos militares, está en realidad ligada al ejército cubano. Esta fue una empresa creada en 2020 para hacer viable el envío de dinero a través de compañías como Western Union, luego de que la primera administración de Trump sancionara a Fincimex. No obstante, se reveló que en realidad era otra aliada de GAESA.
En sus recientes declaraciones, Rubio también afirmó que el “régimen cubano ha apoyado durante mucho tiempo actos de terrorismo internacional” y pidió a Miguel Díaz-Canel que deje de “proporcionar alimentos, vivienda y atención médica a asesinos, artificieros y secuestradores extranjeros” mientras “los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicamentos básicos”. En respuesta, el gobernante cubano dijo que no le sorprendían “las medidas criminales anunciadas para amenazar a Cuba, un país que no tiene una sola medida en vigor contra EE UU”, dijo en X. “¿Cómo puede alguien afirmar que desea ayudar al bienestar de los cubanos con nuevas medidas de asfixia?”, se preguntó. También dijo que el anuncio, que catalogó de “abuso, envuelto en la mentira” y que persigue la “desestabilización y dominación”, puede ser la antesala de “otros anuncios” que el equipo a cargo del tema cubano tiene listos desde el 2017 para lograr el “fracasado objetivo” de someter a la isla.
Rendir “cuentas al régimen” cubano
En su comunicado, Marco Rubio deja claro que el Departamento de Estado se plantea promover “la rendición de cuentas al régimen cubano por oprimir a su pueblo” y su injerencia en otros países del continente y el mundo. También se refirió a que su embajada en La Habana ha estado reuniéndose con familiares de personas detenidas “injustamente” y con disidentes, “para que sepan que Estados Unidos les apoya de manera incondicional”.
Ciertamente, se ha visto en varias fotos a Mike Hammer, jefe de la misión de la embajada estadounidense en La Habana desde el 14 de noviembre del pasado año, recorriendo la isla para visitar en sus casas a varios rostros conocidos, entre ellos la profesora, ensayista e historiadora cubana Alina Bárbara López, quien ha encarado en más de una ocasión al Gobierno cubano y ha sido no pocas veces detenida o maltratada por agentes de la Seguridad del Estado. También se encontró con la reconocida Dama de Blanco Berta Soler; visitó a la familia de la presa política Sissi Abascal Zamora, condenada a seis años de prisión por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, y viajó hasta Santiago de Cuba, al oriente de la isla, para visitar la casa de José Daniel Ferrer, el reconocido líder opositor, recientemente liberado tras los acuerdos en los que intercedió El Vaticano para excarcelar a cientos de presos.
Y este es, precisamente, uno de los temas más polémicos de los últimos días. Cuando el Gobierno de Díaz-Canel recién comenzaba a liberar presos, Trump regresó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y La Habana, sin hacer mención alguna o dar explicaciones, detuvo de la excarcelación de detenidos, cientos de ellos tras las rejas por participar en las protestas antisistema o por motivos ideológicos.
Aunque el Gobierno no ha ofrecido listas oficiales de liberados, el sitio independiente Todos Libres, reportó que fueron 192 los excarcelados tras la decisión de Biden de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Estados Unidos, por su parte, tampoco se pronunció respecto a la interrupción de la excarcelación acordada por el anterior Gobierno, aunque Rubio afirma en su comunicado que su misión es apoyar “los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano” y exigir “la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente”.