Admitida a trámite la demanda de Ausbanc contra Vodafone por la caída de red en febrero de 2003
Más de ocho millones de clientes se quedaron sin servicio
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) contra Vodafone, en la que solicita que la operadora indemnice a todos sus clientes por la caída de su red en febrero de 2003.
En el auto, el Juzgado admite a trámite la demanda y acuerda "llamar al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del servicio que dio origen a este proceso para que hagan valer su derecho o interés individual", para lo que cuentan con un plazo de dos mese...
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) contra Vodafone, en la que solicita que la operadora indemnice a todos sus clientes por la caída de su red en febrero de 2003.
En el auto, el Juzgado admite a trámite la demanda y acuerda "llamar al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del servicio que dio origen a este proceso para que hagan valer su derecho o interés individual", para lo que cuentan con un plazo de dos meses. Ausbanc solicita en su demanda que se condene a Vodafone a indemnizar a todos sus clientes por la interrupción "injustificada" del servicio de telefonía, tanto si tenían suscrito un contrato como si eran titulares de una tarjeta prepago.
La organización considera que el importe de la indemnización debe calcularse según el criterio del artículo décimo, párrafo primero de la Orden del Ministerio de Presidencia 361/2002, que desarrolla, en lo relativo a los derechos de los usuarios, el Título IV del Real Decreto 1736/1998.
La avería que la red de Vodafone sufrió el 20 de febrero de 2003 dejó sin comunicación a sus casi 8,7 millones de clientes en esa fecha durante horas y obligó a la operadora a presentar un informe ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que finalmente no abrió expediente sancionador pero le instó a cumplir las medidas correctoras para minimizar riesgos.