El Congreso debate el plan de Consumo frente a las llamadas de ‘spam’: bloquearlas por ley y declarar nulos sus contratos

Las llamadas telefónicas de spam son un suplicio que afecta diariamente a millones de consumidores. El Ministerio para la Transformación Digital lanzó en mayo una iniciativa para reducirlas gracias a la cual se han evitado 48 millones de ellas en los primeros cuatro meses. Sin embargo, el teléfono sigue sonando ―son frases de este estilo: “Hola, tengo un trabajo para ti” pronunciadas por una máquina con voz femenina―, tal y como constatan las principales organizaciones de consumidores.

Ante esta situación, Consumo plantea tres enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (conocida como ley SAC) con las que cree que se acabaría con este problema: obligar a las empresas a identificar las llamadas comerciales y exigir a las telefónicas que impidan aquellas que no estén correctamente identificadas, así como declarar nulos todos los contratos realizados en llamadas no consentidas. Las enmiendas se negocian en una ponencia en el Congreso el próximo martes y se votan en comisión la semana siguiente.

“Las medidas implantadas hace unos meses han servido de poco. Tras obligar a las compañías de telecomunicaciones a bloquear las llamadas realizadas desde numeraciones móviles, ahora el tráfico de llamadas comerciales no solicitadas se produce con numeraciones fijas”, explicó este jueves Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo que analiza este tema en el Congreso.

En este sentido, la entidad ha realizado una encuesta a más de 7.000 consumidores para comparar la situación con la del año pasado. El resultado es que “cuatro de cada diez están recibiendo ahora más llamadas spam que antes de la puesta en marcha de esa medida”, resumió Sánchez. Según el sondeo, realizado entre los días 17 y 30 de septiembre, la práctica totalidad de los usuarios (98,9%) sigue denunciando ser víctima de spam telefónico. El 59,4% de los encuestados advierte que recibe estas llamadas todos o casi todos los días, mientras que un 33,7% habla de varias a la semana y un solo 5,9% las reduce a algunas al mes. Únicamente el 1% señala que no ha recibido llamadas spam en los últimos meses.

Lo mismo cree la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuya portavoz, Ileana Izverniceanu, también acudió al Congreso: “Es un clamor popular” que la actual normativa “no es eficaz”, dado que “no está parando el spam” y no evita que los consumidores “sigan recibiendo muchísimas llamadas molestas”.

La entidad constata que “los usuarios siguen recibiendo llamadas comerciales y muchos de ellos cada día. Las promesas, las medidas de control y los buenos propósitos han caído en saco roto, pues la situación, lejos de mejorar, va a peor”. Y lo constatan con su propia encuesta: si hace dos años el porcentaje de usuarios que había recibido más de 10 llamadas al mes rondaba el 25%, ahora se acerca al 40%. Según la OCU, el 92% de los que encuestados asegura haber recibido alguna de estas llamadas no solicitadas en el último mes.

El Ministerio para la Transformación Digital, por su parte, defiende la iniciativa que lanzó en mayo, que incluye medidas como que las llamadas comerciales solo se puedan realizar desde números con prefijos geográficos, reservados específicamente para comunicaciones (como el 1004) o desde números 800 o 900. El departamento de Óscar López considera que así los consumidores son mucho más conscientes de qué es spam. “El plan está funcionando. En cuatro meses se han bloqueado 48 millones de llamadas con intenciones fraudulentas y más de dos millones de SMS. Y las llamadas comerciales que llegan desde fijos son más fáciles de identificar que cuando se hacían desde números móviles”, señala una portavoz ministerial.

Nuevo plan contra el ‘spam’

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incluido tres enmiendas (142, 146 y 167) en la Ley SAC para ir un paso más allá y acabar definitivamente con esta lacra. La primera de ellas obligaría a las empresas a introducir un código telefónico (es decir, un prefijo específico) para identificar todas las llamadas comerciales que hagan. Además, ese número debe ser siempre distinto del que las mismas compañías tengan para atender a los consumidores, para que no se puedan confundir.

Si se aprueba, los operadores de telefonía “deberán bloquear las llamadas de servicios de comunicación vocal provenientes de números de tarifas especiales” que no cumplan con los requisitos. Además, “el operador que origina o reciba la llamada bloqueará de oficio, o cuando así sea solicitado por la autoridad competente, cualquier comunicación vocal dirigida desde un número de teléfono del que hubiera indicios de originar llamadas comerciales sin código numérico específico” o que incumpla la Ley General de Telecomunicaciones.

Esa ley ya prohíbe desde 2023 las llamadas comerciales no consentidas, pero las compañías siguen realizándolas con diferentes excusas, como haber dado el consentimiento al aceptar unas cookies en una página web, ser antiguo cliente o no haber pedido que se saquen sus datos de los registros.

La enmienda 146 señala: “El Gobierno, en el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta ley, modificará el Plan Nacional de Numeración para la atribución de códigos específicos y diferenciados a los servicios de atención a la clientela y a los servicios comerciales de las compañías, no pudiendo suponer, en ningún caso, un coste para el consumidor”. Sería el medio para lograr que los bloqueos exigidos por la futura norma sean realmente efectivos.

Contratos nulos

Por último, la enmienda 167 pide declarar nulos los contratos que se realizan a través de llamadas telefónicas no consentidas: “En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato. Se presumirá que no existe voluntad de contratar, deviniendo nulo el contrato, en aquellos contratos suscritos vía telefónica con incumplimiento de lo previsto en la normativa relativa a llamadas no solicitadas”, apunta.

Fuentes de Consumo consideran que esto desincentivará el fraude: “Los contratos suscritos en estas llamadas deben considerarse nulos por falta de consentimiento. Este tipo de llamadas son intrusivas y generalmente inesperadas, lo que coloca a la persona consumidora en una posición de desventaja al no contar con la oportunidad de analizar detalladamente la oferta, los términos y las condiciones del contrato. Además, la presión ejercida por los operadores telefónicos puede inducir a una decisión apresurada, sin permitir una reflexión adecuada ni la posibilidad de comparar alternativas, afectando así la autonomía de la voluntad”.

El próximo 21 de octubre se debatirá en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo si estas enmiendas se incorporan en el informe de la ponencia o bien hay que votarlas por separado la semana siguiente. Está por ver si se incluirán en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, cuya votación se espera para noviembre. La pelota está en el tejado del Congreso.