¿Discriminada por heterosexual? La guerra a la diversidad vuelve al Supremo de Estados Unidos
El tribunal de mayoría conservadora examina el caso de una mujer que sostiene que perdió su trabajo y fue descartada para un ascenso en favor de dos homosexuales
En plena ofensiva contra las políticas de diversidad e inclusión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examina este miércoles un caso que encaja como un guante para su revolución conservadora. Los jueces dictaron en 2023 ...
En plena ofensiva contra las políticas de diversidad e inclusión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examina este miércoles un caso que encaja como un guante para su revolución conservadora. Los jueces dictaron en 2023 una sentencia contra la discriminación positiva por razón de raza en el acceso a la universidad que ha abierto paso a demandas de todo tipo contra instituciones educativas, empresas y otras organizaciones. El caso que se debate este miércoles en una vista oral supone una vuelta de tuerca más: una mujer asegura que fue discriminada por ser heterosexual en favor de dos homosexuales.
Lo que tiene que decidir el Tribunal Supremo es si debe ser más difícil para los trabajadores de grupos mayoritarios, como blancos o heterosexuales, probar las demandas por discriminación en el lugar de trabajo. Los jueces estudiarán el recurso de Marlean Ames, una mujer heterosexual de 60 años, que pretende revivir su demanda contra el Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio.
En esa demanda afirmaba que había perdido su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le había concedido un ascenso en favor de una mujer homosexual, en violación de la legislación federal sobre derechos civiles. Asegura que eran personas menos cualificadas que ella, pero que su supervisor también era homosexual y se decantó por ellos. “Así es como llegué a sentir que me discriminaban por ser heterosexual y me dejaban de lado por ellos”, declaró Ames la semana pasada a Reuters.
Hasta ahora, los tribunales exigen a los demandantes que pertenezcan a un grupo mayoritario demostrar “circunstancias de fondo que apoyen la sospecha de que el demandado es ese empleador inusual que discrimina a la mayoría”, como han sentenciado tribunales inferiores en varios casos, incluido el de Ames. Esos tribunales han dicho que el listón más alto está justificado porque la discriminación contra esos trabajadores es relativamente infrecuente.
Ames, sin embargo, considera que tener una mayor carga de la prueba va en contra del principio de igualdad. “La discriminación es discriminación”, declaró a Reuters. “Espero que esto pueda ayudar a cualquiera que sienta que ha sido discriminado a obtener un trato justo en los tribunales y no tenga que llegar a los extremos a los que yo tuve que llegar”.
En su escrito ante el Tribunal Supremo, Ames argumentaba que exigirle que demuestre “circunstancias de fondo” entra en conflicto con el texto de la Ley de Derechos Civiles, que simplemente prohíbe la discriminación “contra cualquier individuo con respecto a los términos y condiciones de empleo debido al sexo de ese individuo” u otra característica protegida. “La ley tal como se aplica exige algo más de ella que la ley tal como está escrita”, se quejaba. Además, añadía Ames, ese obstáculo adicional solo se aplica a un “subconjunto de demandantes”, es decir, los que son miembros de un grupo mayoritario.
Por su parte, varios grupos de derechos civiles alegaron por escrito ante el Tribunal Supremo que Ames está pidiendo a los jueces que interpreten la ley “de una manera que ignora las realidades del persistente legado de discriminación de este país a la hora de evaluar las demandas por trato desigual”.
El Tribunal Supremo cuenta con una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. En su sentencia sobre la discriminación positiva en el acceso a las universidades, el tribunal se dividió en función de esas líneas ideológicas. Los jueces deben ahora valorar si la carga de la prueba ha de ser la misma en los casos de discriminación contra minorías y contra mayorías. En última instancia, la igualación de los requisitos puede hacer más difícil a los miembros de minorías probar que son víctimas de la discriminación.
Ofensiva conservadora
El caso de Ames llega al Tribunal Supremo en plena ofensiva conservadora contra los principios de diversidad, igualdad e inclusión. Encaja perfectamente en su narrativa de que esos principios acaban traduciéndose en la discriminación de los grupos mayoritarios.
El presidente, Donald Trump, ha dictado decretos proscribiendo la aplicación de políticas inclusivas en la administración. Además, ha amenazado con rescisiones de contratos públicos y con demandas a las empresas que apliquen esos principios.
En uno de los decretos, firmado el 20 de enero, el día de su investidura, el presidente ordenaba la “terminación de todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan”.
Un segundo decreto, dictado el 21 de enero, obligaba a las empresas y otros contratistas a certificar que no tenían políticas de diversidad discriminatorias y pedía a cada agencia federal que señalase hasta nueve objetivos de posibles investigaciones sobre sus políticas de DEI entre empresas cotizadas, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y universidades.
Un juez federal ha suspendido cautelarmente la aplicación de algunas de las disposiciones de dichos decretos. Aun así, la presión activista y regulatoria ha llevado a muchas empresas a abandonar sus políticas antes el riesgo de sufrir demandas o perder contratos.