Más del 40% de los europeos carece de habilidades digitales para gestiones ‘online’: “No ponen facilidades al ciudadano, sino barreras”

Un grupo de 600 investigadores y asociaciones reclaman a Bruselas que garantice que los servicios esenciales como pagar facturas o pedir cita médica sean accesibles también de forma presencial

Un usuario intenta pedir una cita previa para hacer trámites con la Administración.ÓSCAR CORRAL

Pagar la factura de la luz. Pedir cita en una administración. O en el médico. Hacer una transferencia bancaria. Comprar un billete de tren. Inscribirse en un curso. Solicitar un certificado. Casi todas las acciones básicas de la vida diaria se hacen, hoy en día, a través de internet. Una vía que agiliza y facilita el proceso para muchos, pero no para todos: más del 40% de los europeos no dispone de las habilidades digitales básicas para realizar estas gestiones de forma telemática. Expertos y organizaciones han lanzado este jueves desde el Parlamento Europeo una campaña para reclamar a una UE ...

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Pagar la factura de la luz. Pedir cita en una administración. O en el médico. Hacer una transferencia bancaria. Comprar un billete de tren. Inscribirse en un curso. Solicitar un certificado. Casi todas las acciones básicas de la vida diaria se hacen, hoy en día, a través de internet. Una vía que agiliza y facilita el proceso para muchos, pero no para todos: más del 40% de los europeos no dispone de las habilidades digitales básicas para realizar estas gestiones de forma telemática. Expertos y organizaciones han lanzado este jueves desde el Parlamento Europeo una campaña para reclamar a una UE que apuesta cada vez más por la digitalización y está en plena carrera por hacerse un hueco en la inteligencia artificial (IA) que garantice que los servicios esenciales sean accesibles para todos. También, o sobre todo, offline. Y que hasta que no lo haga, pise el freno digital para parar lo que califican de discriminación social.

“Reclamamos la restauración de la accesibilidad a todos los servicios esenciales y pedimos la consagración del derecho a un acceso multicanales (el principio click-call-connect o clic-llamada-conectar) en la ley europea”, pide la campaña lanzada por una quincena de asociaciones —de alfabetización, defensoras de los migrantes o de mayores, entre otras— y que cuenta con el apoyo de más de 650 investigadores, activistas y organizaciones de la sociedad civil. “Es urgente garantizar el acceso a todos los servicios esenciales a través de canales de comunicación no digitales, como la ventanilla, el teléfono o el correo postal”, sostienen.

Ante una UE que, con la estrategia Década Digital lanzada la pasada legislatura se ha propuesto lograr para 2030 la digitalización al 100% de los servicios públicos clave, los signatarios piden además una “moratoria” para detener el desarrollo de una mayor digitalización de servicios esenciales como “pausa cautelar mientras estas soluciones online perpetúen o creen discriminación”.

“La digitalización sin restricciones de los servicios esenciales, unido a la creciente brecha digital, socava directamente valores fundamentales como la accesibilidad, acceso universal e igualdad de trato”, advierten. Al fin y al cabo, recuerdan, dos de cada cinco personas en Europa son “digitalmente vulnerables”. Y en muchos casos, estas dificultades digitales se superponen a las sociales, provocando, recuerdan en una carta abierta, “un efecto de doble castigo en personas ya vulnerables”.

Ese es el pan de cada día de Marte Diomande, una madre de familia numerosa y analfabeta de 47 años que hace ocho emigró a Bélgica desde su Costa de Marfil natal. “Los que no sabemos leer ni escribir, tenemos muchos problemas en esta sociedad. No imaginan el pánico, la angustia de tener que pedir una cita online, o gestiones para mis hijos del colegio, todo digital cuando no tengo siquiera ordenador”, explicó, angustiada, ante varios eurodiputados y un representante de la Comisión Europea. “Nos sentimos rechazados, abandonados, inútiles para la sociedad”.

Y la hiperdigitalización de servicios esenciales afecta no solo a personas vulnerables, con discapacidades o mayores.

Lady Pazmiño es responsable del área educativa de la Cooperativa Colectic de Barcelona, que da apoyo a personas y comunidades en los ámbitos social, laboral y tecnológico y que también respalda la campaña europea. “Han venido profesores de escuela o ingenieros que, al intentar sacar un certificado digital, no pueden hacerlo o se ven cortados por todos los pasos previos digitales”, dice en conversación telefónica. “La propia administración no pone alternativas, si uno va a una entidad pública, tienes ya la barrera de la cita previa en internet, también para que te contesten, no ponen facilidades al ciudadano, le ponen barreras. Y la gente así deja de acudir a ciertos sitios por esas barreras”, explica. “La administración debe garantizar la inclusión y es importante que Europa ponga una moratoria al proceso de digitalización para garantizar que existen alternativas no digitales, de calidad y no caras”, subraya.

Así lo reclama también la campaña, que especifica que alternativas a los procesos digitales, como ventanillas de atención o líneas de atención telefónica “no deberían suponer costes adicionales” para el ciudadano.

Entre los signatarios está también el médico jubilado español Carlos San Juan, de 80 años y que en 2022 lanzó la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ que puso contra las cuerdas a la banca por la exclusión de los ciudadanos de más edad y logró un compromiso de los bancos para garantizar una mejor atención de los mayores de 65 años.

En Europa, explica por teléfono, ya que no pudo acudir a la cita en Bruselas, la digitalización debería ir por dos vías. “Una autopista para las personas preparadas y otra vía, lenta, no obligatoria, para los que no puedan o no quieran” hacerlo todo de forma digital. Y se requiere, afirma, que se legisle sobre ello. “Tenemos que conseguir una ley, esto no es solo para los mayores, cada vez hay una mayor exclusión digital, no es solo edadismo”, asegura San Juan. En este sentido, considera que lo que se consiga ahora también servirá a generaciones más jóvenes que no sienten aún la presión digital: “Lo que resolvamos ahora nosotros también va a beneficiar a las generaciones más jóvenes, porque la tecnología siempre va a ir por delante del ser humano”, advierte.

Pero para esto se requiere, acota el eurodiputado ecologista francés David Cormand, uno de los patrocinadores de la cita en la Eurocámara, que la Comisión y demás instituciones europeas “dejen de pensar que lo digital es solo una cuestión tecnológica. Va a ser una de las cuestiones políticas más importantes de los próximos años, porque afecta a todos los sectores de la sociedad, del mismo modo que la revolución industrial cambió considerablemente la relación entre trabajo, consumo y producción social”, dice a EL PAÍS.

A Cormand no le cabe duda: “Lo digital tiene que entrar en el debate democrático”, sostiene. Y la UE tiene que actuar. “Desde el momento en que una tecnología, que como la digital es algo más que una tecnología, incide en sus valores, [Bruselas] debe intervenir. Es un gran fallo de la Comisión Europea que no lo haya hecho”. Tras esa inacción el francés ve las crecientes presiones por aumentar la competitividad europea. “Todo lo que tenga que ver con la regulación del sector digital en términos de mayor transparencia, mayor respeto a la privacidad, mayor accesibilidad y accesibilidad, es visto por muchos responsables aquí como un freno, o eso dicen, a la innovación”, critica.

“Necesitamos una pausa porque las democracias necesitan debatir el papel que la digitalización debería tener en nuestras sociedades. No es una cuestión solo tecnológica, también es política”, coincidió durante la sesión Louise Culot, de la asociación belga Lire et Écrire, una de las organizadoras de la campaña por la moratoria digital.

A su lanzamiento, realizado en una sala de reuniones de la Eurocámara, acudió el responsable de políticas sociales de la Dirección General de Empleo de la Comisión, Jiri Svarc. El funcionario, que recibió simbólicamente una urna con las firmas de los signatarios de la campaña —que sigue abierta— reconoció que se trata de un “problema que requiere una atención más amplia” y que no es la primera vez que el Ejecutivo europeo recibe una llamada de atención sobre esta cuestión. “Tenemos trabajo en esta materia”, admitió.

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