Módulos prefabricados para los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en Andalucía

La Junta de Andalucía ha empezado a instalar los centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual en lugares que el Gobierno central y asociaciones de mujeres contra la violencia de género consideran indignos tanto para el trabajo de los profesionales como para la atención de las víctimas. Es el caso de seis provincias andaluzas, donde se ha recurrido a módulos prefabricados, ya amueblados...

La Junta de Andalucía ha empezado a instalar los centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual en lugares que el Gobierno central y asociaciones de mujeres contra la violencia de género consideran indignos tanto para el trabajo de los profesionales como para la atención de las víctimas. Es el caso de seis provincias andaluzas, donde se ha recurrido a módulos prefabricados, ya amueblados y equipados, para la ubicación de estos centros que, en el caso de Jaén, se ubica en una explanada de tierra sin apenas iluminación junto a un centro de salud de la capital. “Es un centro con unas condiciones muy peculiares y poco adecuadas para la atención a estas víctimas, y encima vienen en módulos movibles que no tienen en cuenta la vocación de permanencia de estos centros”, dice Maribel Montaño, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género en Andalucía.

La comunidad andaluza recibió más de 12 millones de euros asignados por el Gobierno para la instalación de un centro en cada provincia, ninguno de los cuales estaba este miércoles en funcionamiento. Es decir, cada provincia andaluza ha recibido de media un millón y medio de euros para habilitar estos centros, una cifra que aumenta hasta en un 16% en función del porcentaje de mujeres mayores de 16 años atendidas o por criterios de dispersión de población. Son módulos “poco adecuados” que el Gobierno central ha acabado por autorizar para no verse obligado a devolver los fondos europeos que España ha recibido para luchar contra este tipo de violencia de género. “Se ha primado la celeridad y la urgencia para abrir estos centros, aunque se ha condicionado a que su ubicación se haga en lugares accesibles y cercanos a otros públicos de atención a la mujer”, agrega Montaño.

“Es algo indignante, es un centro precario, cutre, poco accesible y que no garantiza la privacidad de las víctimas y que encima tienen apariencia de servicios móviles cuando hablamos de un servicio estable”, indica Juana Peragón, del colectivo Feministas 8M sobre el centro instalado en la capital jiennense. En su opinión, se trata de instalaciones que “retratan el interés que tiene la Junta de Andalucía por las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género”.

“Son centros más que dignos”, rebaten desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que defienden que se ha recurrido a una ubicación reservada de los centros para preservar la seguridad y la intimidad personal de las víctimas. Y son precisamente esas características especiales lo que la Junta esgrime como causa principal de las dificultades que han tenido en el proceso de licitación de estos centros. El concurso, según las fuentes de la Junta, ha quedado desierto en seis provincias andaluzas, por lo que se ha tenido que recurrir a la instalación de módulos prefabricados de tipo metálico.

La excepción han sido las provincias de Sevilla y Huelva. La capital hispalense ha sido el único lugar donde se ha licitado el servicio a través del alquiler de un servicio en Sevilla Este, mientras que en Huelva se ha recurrido a una ampliación de las instalaciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

La falta de celeridad de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, en la puesta en marcha de estos centros, llevó al Ministerio de Igualdad a aprobar una prórroga para la entrada en servicio de estos centros, que deben estar abiertos el 31 de diciembre. “Se van a abrir dentro del plazo estipulado”, aseguran desde la Junta.

Está previsto que estos centros estén atendidos por un equipo interdisciplinar con formación en género y situación de emergencia, con coordinadora, psicóloga, abogada, trabajadoras sociales, mediadores culturales y administración. Entre los servicios a prestar, además de la atención telefónica 24 horas, se prevé la intervención en crisis, psicológica, acompañamiento en la reparación, transporte, prevención y sensibilización.

La Asociación de Mujeres Juristas de Jaén ha rechazado que se “señale y se estigmatice a las mujeres” con este tipo de instalaciones. “No es la vía adecuada, la mejor vía es reforzar los servicios que ya existen y hacerlo de la mano de las asociaciones, colectivos o jueces para que se busquen soluciones válidas, no la primera ocurrencia que no sé a quién se le ha ocurrido”, indica su presidenta, María del Mar Shaw, que dice que este tipo de centros “hace temer por la intimidad y la privacidad de las mujeres víctimas”.

Según los datos del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, en Andalucía se presentaron 640 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2022, una pequeña parte de las agresiones realmente sufridas de manera sistémica por las mujeres y niñas andaluzas, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, única estadística oficial que mide la prevalencia de la violencia contra la mujer en España. Desde el Ministerio de Igualdad se defiende que la implantación de estos centros de crisis pondrá a disposición de mujeres que sufren este tipo de violencia de género “una nueva red territorial de recursos a disposición de las víctimas de esta violencia oculta y silenciada que tiene consecuencias muy graves en sus vidas”.

Una red que se unirá a la ya existente en las comunidades autónomas y que en Andalucía vienen prestando servicios “desde hace años y sin necesidad de que las víctimas se desplacen a la capital de su provincia”, señalan desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Y son las propias comunidades las competentes para asumir el mantenimiento del personal que trabajará en estos centros, algo que también ha molestado en las comunidades gobernadas por el PP. “Estos centros suponen un importante gasto de mantenimiento, ya que los fondos europeos solo contemplan la financiación del edificio”, aseguraron fuentes del gobierno andaluz.

La consejería andaluza ha indicado que la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual está garantizada a través de recursos que incluyen un servicio de asistencia 24 horas y un programa que prevé la atención psicológica, jurídica y legal durante el juicio. “El personal especializado se desplaza al lugar de los hechos para acompañar a las mujeres al centro sanitario o la comisaría”, han señalado.