El médico del hospital que entró en la pandemia a la residencia de Alcoi demandada: “Era una hecatombe”

La sesión inicial del primer juicio civil en España sobre la gestión de una residencia de ancianos durante la pandemia estuvo marcada este lunes por el testimonio de un médico. El que era jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del hospital Virgen de los Lirios de Alcoi, Manuel Pérez, acudió el 12 de marzo de 2020 a la residencia Domus Vi, de gestión privada y titularidad pública, en la que murieron 74 personas en la etapa más mortífera del covid-19, y se encontró con “una hecatombe”. “Fue mi impresión al ver gente desnuda, con los pañales rotos, por el suelo, pidiendo agua y diciendo, ‘por favor sáqueme de aquí’. Una hecatombe”, relató el facultativo ya jubilado, que declaró el primero, en calidad de testigo de la parte demandante, 47 familiares de 18 residentes fallecidos en un centro de la ciudad alicantina que contaba con 140 plazas de residentes. Fue tal la impresión, que cuando salió al coche y a pesar de su experiencia como médico “desde los años ochenta”, se le “saltaron las lágrimas de ver aquello”. Aún no se había decretado el Estado de Alarma el 14 de marzo.

“Caos organizativo”, “falta de personal”, residentes que permanecían todos juntos, sin aislar, sin sectorizar a partir de los primeros síntomas como “fiebre, tos, dolor de garganta, malestar”, resumió el médico, cuya versión en estos puntos fue refrendada posteriormente por los cinco extrabajadores de DomusVi, del grupo multinacional Quavitae SAU, que intervinieron como testigos. Entonces aún no se habían extendido las pruebas PRC. Todo era muy incierto y cundía el miedo. Pero en ese 12 de marzo ya existían protocolos que al menos “separaban a los asintomáticos de los sintomáticos”, aseveró Pérez. No aislar comporta mayor número de contagios y, por tanto, de muertos. “El abandono” y “la desorganización” de la residencia Domus Vi de Alcoi no los vio ni vivió en otras residencias en las que trabajó a la sazón, como DomusVi de Concentàina o la de Onil, indicó.

A preguntas de la abogada de los demandantes, que reclaman más de dos millones de euros de responsabilidad civil, el médico señaló que cuando se comunicó con la directora de la residencia esta le comentó que “estaba teletrabajando”. También criticó la actuación de una doctora contratada por la empresa que practicaba la “paramedicina”, al anular el tratamiento protocolizado e “inyectar anestésicos en un músculo” a los enfermos. Pérez reiteró que transmitía todos los días la situación de la residencia a su “jefe”, el gerente del departamento de salud, y finalmente elevó una queja el 6 de abril a la consejería de Sanidad. Pero no hubo una verdadera reacción hasta que trascendió la situación a los medios de comunicación, agregó. Pérez, que detuvo en una ocasión su declaración por la emoción, lamentó también la “absoluta” falta de información que tenían los familiares del estado de los residentes.

La abogada de Quavitae SAU incidió en tratar de contextualizar los problemas y las carencias que afectaban a buena parte de las residencias, y recordar que desde “el 16 de marzo” la residencia, cuya gestión fue adjudicada por la Generalitat en 2002 por 45 años, estaba intervenida por la consejería de Sanidad y, por tanto, estaba bajo su supervisión. Preguntó a Pérez si no le constaba que la doctora de la paramedicina se “fuera en menos de 15 días” y si el hospital de Alcoi no aceptaba derivaciones. A la primera cuestión respondió negativamente y en la segunda aseguró haber remitido “tres pacientes sin problema”.

También fue llamativo el testimonio de una auxiliar, gerocultora, también solicitada por la parte demandante como el resto de testigos de la primera jornada del juicio. Aseguró no haber recibido instrucciones y realizar funciones que no les correspondían, como la medicación a los residentes que preparaban los enfermeros. Reprochó que no se dejara a los residentes con movilidad levantarse de la cama por las barreras, lo que les ponía más nerviosos, sobre todos, a los que padecían demencia senil. Le marcó especialmente cuando entró a trabajar y se encontró a las ocho de la mañana con una señora muerta, “completamente fría”. Llamó al teléfono de contacto con la dirección y cuando volvió a la habitación a las 17.30, todavía seguía allí, igual, con el mismo rictus de haber sufrido, con los ojos abiertos y su rostro sin tapar. Con los nervios, se le olvidó hacerlo a ella por la mañana, admitió de manera entrecortada antes de romper a llorar.

Los cuatro auxiliares más que declararon abundaron en los mismos problemas, y con mayor hincapié y con reiteración, en la falta de personal, ya denunciada por los familiares antes de la pandemia. La abogada de la empresa inquirió a una de ellas, que había sido muy incisiva, si le constaba que la residencia cumplía con el ratio de profesionales en relación con los residentes establecido por la Generalitat. Respondió que sí, pero que el problema radica en que las evaluaciones no se actualizan y las personas mayores cada vez necesitan más cuidados y, por tanto, más profesionales.

Un gerocultor, con casi 10 años de experiencia en la residencia, calificó de “nefasta” la gestión y “terrible” el primer mes de pandemia, hasta que la consejería “entró con gente”. La letrada demandada fue especialmente dura con este testimonio que pidió invalidar al poder albergar animadversión hacia la empresa que lo despidió, tras haber sido amonestado y apercibido por varios motivos, acusaciones que él negó. El juez decidió escuchar a la otra parte y tomar una decisión sobre este testimonio más adelante.

Al inicio de la sesión, la parte demandada presentó un recurso para que la vista se celebrase a puerta cerrada por el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. La parte demandante se negó y atribuyó la petición a un intento de evitar manchar la reputación de la empresa e invocó el derecho de los familiares a saber lo que pasó. El juez decidió que prevalecía el derecho a la información y se había tomado medidas para proteger la identidad de los participantes en el juicio.

Antes del juicio, que continuará hasta el 10 de octubre, los familiares reiteraron su derecho a “encontrar respuestas” para que no se vuelva a repetir la tragedia. “Después de más de cuatro años, nos toca escuchar porque queremos que durante estos días salgan a la luz las circunstancias para que se llegara a semejante tragedia”, resumió José Luis García Cantó, presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVii de Alcoi y Cocentaina.