Los abortos suben un 4,8% y se acercan al máximo histórico en España

España registró 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2023. En términos absolutos, representa un 4,8% de crecimiento con respecto al año anterior, según los datos publicados este sábado por el Ministerio de Sanidad. Es una tendencia ascendente que se mantiene tras una bajada en 2020 (primer año de la pandemia) y que, en cifras relativas (12,22 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años), se sitúa muy cerca del máximo histórico, en 2011 (12,47).

A petición de la mujer se produjeron un total de 98.850 IVE; por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 3.294; por riesgo de graves anomalías en el feto, 2.688: y por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable, un total de 263.

El año 2023, al que corresponde el informe, fue el primero en el que estuvo en vigor la nueva ley del aborto (desde el 2 de marzo), que incluía, entre otras, dos grandes modificaciones: la potestad de las adolescentes desde 16 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o representantes legales y la obligación de las administraciones públicas de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, para lo que debían establecer los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio con equidad.

Con respecto a la edad: la subida de las interrupciones ha sido generalizada en todas las franjas. Si se atiende a la tasa, el mayor crecimiento se produjo entre las de 20 a 24 años (10,7%), seguidas de las menores de 20 (7%), entre las que están las adolescentes que ahora no tienen que rendir cuentas a sus familias. Sin embargo, en 2014, 2015 y 2019 la tasa de IVE fue mayor en estas edades.

Si se analiza la titularidad de los centros, las IVE realizadas en públicos siguen suponiendo una minoría, pero el porcentaje aumentó ligeramente con respecto al informe anterior: del 17% al 18,5%. Los que se realizan en hospitales están equilibrados (8.201 en públicos y 8.644 en privados) y la gran diferencia se producen en los abortos extrahospitalarios, que son la gran mayoría: 10.924 en públicos y 75.328 en privados.

Esto es fruto de que el sistema, desde la primera ley del aborto de los años ochenta, se configuró en torno a clínicas privadas concertadas. La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por motivos no médicos son remitidas directamente a este tipo de centros.

Este periódico constató este agosto que solamente cinco comunidades autónomas (La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias) tienen en marcha el registro de objetores de conciencia, una herramienta exigida por la nueva ley imprescindible para poder organizar al personal y garantizar la posibilidad de practicar interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos.

Las diferencias territoriales son notables. Cataluña es la comunidad con mayor tasa (14,92), seguida por la Comunidad de Madrid (13,92). A la cola están Galicia (con 7,3 IVE por cada 1.000 mujeres en edad fértil, menos de la mitad que Cataluña) y Extremadura (7,6).

Aunque el método quirúrgico es mayoritario (un 69,77% de las intervenciones), aunque el farmacológico se impone en algunas comunidades como Cantabria (96,50%), Navarra (76%), Baleares (74%) La Rioja (68%), Galicia (59,6%) y Cataluña (55,74%).

En líneas generales, coincide que son las comunidades que más IVE practican en centros públicos, lo que indica una tendencia de estos hacia el uso del método farmacológico. En opinión de Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), se está negando a las mujeres el “derecho a decidir”, porque de lo contrario es “difícil entender” cómo un porcentaje tan grande de mujeres opta por este método, en comparación con otras comunidades donde se “ofrecen realmente todas las opciones”.

Esto sucede, según su análisis, porque no se está haciendo un trabajo de formación de los profesionales en la pública, y resulta más cómodo para ellos aplicar un método que requiere menos implicación.

Menos métodos anticonceptivos

El informe de Sanidad revela una ligera subida entre las mujeres que abortaron y no usaban un método anticonceptivo (del 44% al 46,5%) lo que puede ser también parte de la explicación del aumento de los IVE en España, según explica Abel Renuncio, presidente de la Sociedad Española de Contracepción.

Pese a que su último informe muestra que el uso de los métodos anticonceptivos está en máximos desde que empezaron a hacerlos en 2014 (un 78,5% de las mujeres emplea alguno), la utilización del preservativo, el más habitual (36,5%), tiene algunas tendencias preocupantes. “Cada vez son más las personas que no lo usan de forma consistente, es decir, en todas las relaciones: solo lo hace un 61%, una cifra que viene cayendo desde 2020. Otro problema es la utilización inadecuada: un 30% no lo emplea durante toda la relación, solo lo hace al final, cuando va a llegar la eyaculación”, explica Renuncio.

En su opinión, siempre hay una relación, aunque sea indirecta, entre IVE y anticoncepción, y cree que todos estos datos muestran carencias en la educación sexual y sexoafectiva. “Mucho no uso, mal uso o falsos mitos tiene detrás carencias importantes. Posiblemente, no estamos dando educación sexual que necesitan nuestros chicos y chicas para cuando tengan relaciones no se enfrenten a embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, que están subiendo mucho. Eso es un fallo como sociedad”, concluye.

Francisca García coincide con este análisis y cree que se están incumpliendo los preceptos tanto de las leyes de 2010 como su modificación en 2023: “Las conductas tendrían que ir cambiándose a medida que mejor acceso en anticoncepción y que se aplique la ley en materia de educación sexual en los colegios e institutos, algo que no está haciendo ninguna comunidad autónoma”.