Tres asociaciones piden la dimisión del obispo de Tenerife por mantener a un sacerdote acusado de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris han hecho pública una carta pública al obispo de la diócesis de San Cristóbal de La Laguna (en las islas hay dos obispos), Bernardo Álvarez, en la que reclaman su dimisión por mantener en su cargo a al sacerdote C. H. G. acusado de pederastia y pedofilia en 2004 en el pueblo de Tejina (nordeste de Tenerife). Este caso fue denunciado por EL PAÍS en repetidas ocasiones, e incluso fue uno de los que fueron recogidos y admitidos en el informe posterior de la Conferencia Episcopal, en respuesta a la auditoría que elaboró el despacho de abogados Cremades y que entregó a la Conferencia Episcopal en diciembre. El obispo de Tenerife ha declinado comentar la carta.

Tras ser designado obispo en 2005, la misiva denuncia que Álvarez designó a C. H. G. para seguir ejerciendo durante los diez años siguientes en el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna, un asilo de ancianos gestionado por una congregación de monjas. “Esperamos, sinceramente, que considere esta carta abierta como un llamamiento urgente a la reflexión, al arrepentimiento y a la acción”, concluye la misiva. “En conclusión, por su responsabilidad personal y eclesiástica en el asunto que nos ocupa, le solicitamos respetuosamente —pero con firmeza— que rinda cuentas, que las asuma y presente su dimisión irrevocable como Obispo de Tenerife”. Y concluye: “El comienzo de un proceso de regeneración, reparación y sanación exige como condición necesaria su renuncia. Como también lo es para quienes tanto sufrimiento han soportado”.

No es la primera vez que se reclama el cese del obispo. En octubre de 2022, Ciro M., la víctima de C. H. G., acudió al pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (la ciudad donde se encuentra la sede de la diócesis) para relatar los hechos. Aquella fue la primera vez que un denunciante de pederastia en la Iglesia católica intervenía en una sesión de un ayuntamiento español para denunciar las agresiones sexuales de un cura, acusar a Álvarez y a su antecesor, Felipe Fernández García, de tapar el caso. “Los abusos comenzaron en 1997, cuando yo tenía entre nueve y 10 años”, relató a EL PAÍS meses antes. “Duraron hasta 2003. Cuando nos confesaba se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos, te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con cinco amigos, se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”.

Las tres asociaciones completan en su misiva que “por los testimonios de otras víctimas ha quedado acreditado que los abusos sexuales perpetrados por este sacerdote se han estado produciendo desde los años setenta” y que “estos actos no solo han sido encubiertos, sino que el victimario ha seguido gozando de protección e impunidad”, después de que Álvarez accediera al episcopado. “De usted se esperaba que tuviera un comportamiento responsable y ético”, señala la carta. En ella, las asociaciones reclaman “la puesta en marcha de acciones valientes que demuestren su compromiso evidente con el bienestar de todas las víctimas, con su sanación y rehabilitación, así como con la restauración de su dignidad”, la “defensa y acompañamiento de los supervivientes”, la colaboración con los poderes públicos en los planes de reparación que se establezcan, que el clero y la comunidad eclesial reciban “formación de manera obligatoria en la prevención de la violencia y abuso sexual”, y la garantía de que los recursos para denunciar “funcionen y cumplan con los estándares fijados”.

“No es de recibo que a día de hoy haya un grupo de obispos en España que siguen ninguneando, maltratando y trampeando los informes sobre pederastia, incluyendo el informe del Defensor del Pueblo, rebajando los casos de una forma totalmente arbitraria y sin justificación”, ha asegurado este lunes el fundador de Anir, Juan Cuatrecasas. “Es el momento de dar pasos al frente, no de dar pasos atrás, de avanzar, de tender puentes, de dialogar y no como siempre de omitir y obviar a las víctimas”.