La pelea de cientos de familias para cuidar a sus hijos enfermos: “Nos discriminan por ser funcionarios”

Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en función de la profesión de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas a través de un chat en WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que serán unas 500 familias, todas con algún funcionario o interino. Desde 2011, en España se puede pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, para atender a un hijo con cáncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, t...

Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en función de la profesión de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas a través de un chat en WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que serán unas 500 familias, todas con algún funcionario o interino. Desde 2011, en España se puede pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, para atender a un hijo con cáncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, tienen más trabas para acceder a esta ayuda que en la empresa privada, donde la Seguridad Social asume el pago de las prestaciones. Ana Ramos, con plaza de inspectora de sanidad en la Administración General del Estado, tuvo que llegar a los tribunales porque el máximo que le otorgaban era del 73,34%. Pero su hijo, de apenas un año, padece una enfermedad rara y, si se descompensa, puede ser fatal. Ante cualquier sospecha, la consigna es correr al hospital. Le da 14 dosis de medicación distintas ocho veces al día, también de noche. Así no puede llevarlo a la guardería. Cautelarmente, y mientras espera al juicio, en enero de 2025, le han concedido una reducción de jornada del 99,9%, que solo la obliga a fichar cinco minutos al día.

Las familias explican que, en el caso de la empresa privada, mientras se cumplan los requisitos, los hijos necesiten de cuidados permanentes, continuos y directos y se certifique con un informe médico, el proceso es más automático: el padre o la madre que vaya a disfrutar de la prestación decide qué reducción de jornada necesita y la mutua colaboradora de la Seguridad Social determina si se otorga o no. “Para los asalariados, hay un real decreto con un desarrollo normativo, y en ningún caso se establece una reducción máxima. Para los funcionarios, no existe ese desarrollo. Se anunció el derecho en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero se dejó en manos de cada Administración, no hay unos criterios únicos para todo el país”, expone Montserrat Aranda, que tiene 50 años y trabaja en la empresa privada, ella misma se beneficia de esta reducción de jornada, tiene un hijo con un 84% de discapacidad. Peleando junto a otras madres por mejorar la prestación, se encontró con las quejas de decenas de funcionarios.

“Hemos identificado más de 20 normativas, algunas fijan porcentajes máximos, otras no. Los funcionarios critican las desigualdades para acceder a este derecho y piden, entre otras cosas, una regulación unificada, que fije unos criterios claros, a partir de los cuales pueda regular cada Administración”, añade Aranda. En La Rioja, por poner solo un ejemplo, se considera que el permiso, con carácter general, será de una reducción del 50%, que se puede elevar a un máximo del 75%. El Gobierno regional asegura que están analizando la ampliación. “Hay comunidades en las que el 99,9% solo se otorga en casos en que hay hospitalización o una fase muy crítica de la enfermedad. Nos estamos encontrando con que muchas veces las administraciones ponen dificultades para otorgar más de un 50%, aunque sus normativas no lo pongan así por escrito. Y hay diferencias no solo autonómicas, sino incluso dentro de distintos sectores en una misma comunidad”, prosigue. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, con quienes han solicitado una reunión, asegura que estudiará el asunto.

Se desconoce cuántos funcionarios e interinos hacen uso de este permiso retribuido. En el caso de la empresa privada, Aranda señala que eran unos 13.000 a finales del año pasado. Se trata siempre de situaciones graves. Muchos casos acaban en los tribunales. Como el de Ana Ramos, la madre del niño de un año con una enfermedad rara: hiperplasia suprarrenal congénita. El pequeño no produce cortisol, una hormona fundamental para que el cuerpo reaccione ante una infección o un traumatismo, por ejemplo. “Ni tampoco aldosterona, otra hormona que regula el equilibrio de los iones del cuerpo, el sodio, el potasio…” Es importantísimo que esté controlado. Tras su permiso por maternidad, en verano del año pasado, solicitó el permiso retribuido. “Me lo concedieron, pero me dijeron que, ante la falta de un desarrollo normativo para la Administración General del Estado, tenían que atender a unos criterios de Función Pública que establecen que cada Administración puede excepcionalmente elevar la reducción de jornada por encima del 50%, pero siempre que se permita cubrir de forma mínima el servicio. Así que me otorgaron un 73,34%”, apunta la mujer, que vive en Barcelona.

Ramos tuvo que volver al trabajo, pero era imposible llegar a todo. Asimilando la enfermedad de su hijo y aprendiendo a vivir con los riesgos que conlleva. Tuvo que pedir una baja por la ansiedad que estaba sufriendo. “Estaba desbordada”. Insiste en que en el trabajo siempre se portaron fenomenal con ella, sus compañeros y sus jefes, pero que “no podían hacer otra cosa”. “Nos discriminan en el cuidado de nuestros hijos porque somos funcionarios. Falta regulación”, se queja. Ahora está tranquila, porque sabe que hasta enero de 2025 tiene las medidas cautelares que le garantizan una reducción del 99,9%. Aspira a volver al trabajo en cuanto el niño esté escolarizado.

La justificación que le dieron alude, según explican fuentes del Ministerio de Función Pública, a una respuesta publicada en el Boletín de Consultas sobre recursos humanos, que aporta criterios interpretativos, pero que no son vinculantes. En todo caso, estas fuentes añaden que, “a diferencia del sector privado, existe una vinculación con los intereses generales y la prestación de servicios públicos”, así que los reglamentos que desarrollen el permiso para los funcionarios pueden “tomar como elemento relevante para marcar límites a la reducción de jornada las necesidades del servicio”, y corresponderá a cada Administración evaluar los porcentajes máximos. También apuntan que las comunidades son competentes para el desarrollo normativo. En cualquier caso, estas fuentes afirman que estudiarán las peticiones de los funcionarios.

Este grupo de familias no entiende las desigualdades, ni entre comunidades ni con la empresa privada. Y se queja del largo y costoso recorrido judicial a la que muchas se ven abocadas. Assumpta Garrido tiene 49 años y una hija que “cumple los requisitos, multiplicados por ocho”. A sus 16 años, tiene encefalopatía epiléptica. La diagnosticaron siendo un bebé y no han encontrado ningún fármaco que calme sus crisis. No habla, no controla esfínteres, no tiene movilidad. Además, padece displasia de cadera, y han de sondarla cada tres horas, por un problema en la vejiga. “Es como si tuviera cuatro meses”, explica su madre. Cuando la niña cumplió ocho años y sus abuelos dejaron de poder cuidarla, Garrido pidió este permiso.

Ella explica que es duro decidir dejar de trabajar fuera de casa. Es interina en un juzgado de Cataluña, y apunta que hay muchas implicaciones a nivel de autoestima o realización personal. Pero su hija la necesita. Durante seis años, entre 2016 y 2022, le fue concedido el permiso. “Pero en 2022 me lo denegaron, porque consideraron que se trataba de una enfermedad crónica y que no es el objeto de este permiso. Hablé con ellos. Y me lo otorgaron, pero al 50% y me precisaron que solo durante ese año”, recuerda. Recurrió a los tribunales. A la semana, le concedieron medidas cautelares: una reducción del 99,9%. En primera instancia le han dado la razón, consideran que no ha quedado acreditado que haya habido un cambio en la situación de la menor que justifique que se le retire este permiso. Ahora está pendiente de que se resuelva el recurso presentado por la Administración.

El sindicato CSIF ha recibido quejas “puntuales” relacionadas con este permiso. “En la Seguridad Social es automático, pero en el caso de los empleados públicos nos estamos encontrando con que, por falta de información y poca sensibilidad por parte de los gestores, se producen trabas para el reconocimiento de estas situaciones”, apuntan fuentes de este sindicato. “Abogamos por un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y por una campaña informativa”, añaden.

Eso es lo que falta muchas veces, información. Quieren que la situación se conozca, para que pueda cambiar. Una integrante del grupo ha iniciado una recogida de firmas en Change.org. Varios miembros explican que descubrieron que no son un caso aislado gracias al chat de WhatsApp. Allí se escuchan casos como el de Patricia Ortiz, auxiliar de enfermería de 44 años. Trabaja en el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, un centro que hasta enero de 2024 estaba financiado por fondos públicos, pero era de gestión privada. “En enero pasó a depender del Servicio Andaluz de Salud y nosotras pasamos a ser personal estatutario”, indica. A partir de ese momento la reducción se le bajó al 50%, cuando hasta entonces era del 70%. Haciendo exactamente el mismo trabajo que antes. “Éramos seis con este permiso. A dos nos lo redujeron al 50% y a cuatro se lo quitaron, algunos son casos muy graves”. El argumento que le dieron a ella es que el decreto andaluz que desarrolla este permiso establece que “de forma general, el porcentaje de disfrute del permiso será del 50% de la jornada de trabajo, salvo cuando se trate de un ingreso hospitalario o se encuentre en una fase crítica de la enfermedad”. Y no se considera probado.

Ortiz explica que su hijo, de ocho años, que tiene autismo severo, sufre un trastorno grave de conducta, además de trastorno de la conducta alimentaria. “Antes, cuando la prestación dependía de la Seguridad Social, yo iba variando el porcentaje entre el 50% y el 99%, en función de la época que estuviera pasando el niño, de si requería mayor o menor atención”. Ha recurrido a los tribunales. Y lamenta: “Siento que se valoran las necesidades de mi hijo y de los demás [menores] según el organismo o institución que tramite esta prestación. Nos quitan nuestros derechos”.