Por qué se pueden vender y promocionar con total impunidad pseudoterapias que no sirven para nada

Fernando Cervera, divulgador escéptico, se propuso hace 10 años demostrar lo fácil que resultaba vender cualquier terapia inventada, por absurda que fuera. Se inventó una que consistía en la curación de diversos males con restos de heces humanas, la llamó fecomagnetismo y comenzó a promocionarla por circuitos esotéricos y de terapias naturales. De ahí salió el libro El arte de vender mierda, en el que demostró cómo era muy sencillo que en esos ámbitos le tomaran bastante en serio, si bien no llegó a comercializar su invento para no engañar realmente a ningún enfermo ni incurrir en un de...

Fernando Cervera, divulgador escéptico, se propuso hace 10 años demostrar lo fácil que resultaba vender cualquier terapia inventada, por absurda que fuera. Se inventó una que consistía en la curación de diversos males con restos de heces humanas, la llamó fecomagnetismo y comenzó a promocionarla por circuitos esotéricos y de terapias naturales. De ahí salió el libro El arte de vender mierda, en el que demostró cómo era muy sencillo que en esos ámbitos le tomaran bastante en serio, si bien no llegó a comercializar su invento para no engañar realmente a ningún enfermo ni incurrir en un delito.

La duda razonable que se plantea es: ¿habría tenido alguna consecuencia legal para él haberla vendido realmente? Lo cierto es que hay decenas de pseudoterapias casi igual de absurdas que se comercializan y promocionan sin ningún tipo de problema ni sanciones; curanderos que dañan la salud de personas desesperadas desplazando a los tratamientos que les podrían beneficiar y que no reciben reproche penal, ni siquiera administrativo; promociones de todo tipo de artilugios que supuestamente mejoran la salud con mecanismos inverosímiles sin prueba alguna de eficacia.

La cama de plasma frío de una clínica de bienestar de Alicante que ha promocionado recientemente en sus redes el presentador Pablo Motos es solo un ejemplo más, que se une a una larga lista de pseudoterapias muy fáciles de encontrar tanto en internet como en el mundo físico. Como dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, en el mejor de los casos, muchas de ellas solo dañan el bolsillo; pero en otros, pueden “poner en riesgo la salud”.

Y aquí surgen más preguntas: si las autoridades sanitarias son conscientes de lo que sucede, ¿por qué no hacen nada?, ¿no existen leyes que permitan perseguir este tipo de prácticas? Fernando Frías, abogado experto en pseudoterapias, responde que sí existen, que bastaría con aplicarlas para solucionar buena parte del problema: “Pero por falta de medios o de voluntad política es algo que no se persigue. En algunos casos no hay muchos incentivos porque hay muchísima gente que las usa”. Una encuesta de 2017 mostraba que dos millones de españoles han sustituido tratamientos médicos por pseudoterapias.

Frías pone el ejemplo de cuando Carmen Montón fue consellera de Salud en la Comunidad Valenciana (entre 2015 y 2018): “Quiso meterle mano a esto y vio que no había ninguna estructura para hacerlo, no había capacidad de inspección, y a nivel nacional parece que sucede algo parecido”.

Pero también hay excepción a la regla: esta misma semana, la Generalitat de Cataluña ha vuelto a multar al agricultor Josep Pàmies por promocionar y publicitar los presuntos beneficios para la salud del llamado MMS (Miracle Mineral Supplement), un compuesto ilegal en España al que este divulgador pseudocientífico atribuye propiedades terapéuticas contra el autismo y otras enfermedades. Suma una sanción de 1,2 millones de euros. “Aquí se demuestra que cuando algo se persigue, puede tener consecuencias importantes”, señala Frías.

Para avanzar en este terreno, el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia aprobaron conjuntamente el Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias en 2018 (ConPrueba). Se proponía publicar informes detallados de todas las pseudoterapias (o al menos, las más frecuentes) que analizaran sus fundamentos y si tenían algún sentido; difundir estas evaluaciones; ejecutar campañas informativas que concienciaran a la ciudadanía sobre los peligros de las pseudoterapias; realizar una serie de modificaciones legislativas para que fuera más fácil perseguir la promoción y venta de terapias o artilugios con reclamos para la salud que realmente no sirvieran para nada; y reforzar las garantías para que todas las actividades sanitarias se realicen por parte profesionales con la titulación oficialmente reconocida; además de eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios.

Sanidad identificó 73 pseudoterapias, lanzó alguna campaña ―como aquella en la que un curandero trataba de arreglar un teléfono sin tocarlo― y fue publicando informes sobre estas prácticas, hasta un total de 16. La pandemia ralentizó mucho todo este proceso y durante prácticamente dos años, el plan quedó en suspenso. El departamento de Mónica García asegura que está ultimando los informes que quedan: se publicarán otros 16 en próximas fechas, que el ministerio no concreta.

Este camino fue una senda “muy interesante”, en opinión de Emilio Molina, uno de los fundadores de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), pero con el tiempo se ha visto que “los mismos charlatanes que estaban ahí, siguen ahí”. “Estamos viendo que es papel mojado. A veces se dice que hay un limbo con las pseudoterapias, pero no es así, lo que sucede es que no se cumple la ley, que está ahí y es clara”, dice Molina.

Ya existe en vigor un Real Decreto de 1996 por el que “queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria”. Entre los casos que cita la norma, uno es este: “Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo”. Según Molina, aplicando este Real Decreto, “se solventarían el 99% de los problemas”, y pone como ejemplo el caso Motos. “No se pueden usar testimonios y en todas las webs de terapias de todo tipo están llenas de ellos, no hace falta buscar mucho”.

Uno de los problemas de esta norma es que ha quedado desfasada y no es explícita en cuanto a nuevas formas de comunicar, como internet y las redes sociales, que no existían cuando se redactó. Existe un borrador de un nuevo real decreto que sí lo hace, actualmente en trámite de audiencia pública.

Es una de las reclamaciones de la Organización Médica Colegial (OMC): que haya una norma que explicite que los influencers no puedan hacer ningún tipo de promoción de productos sanitarios o terapias. “Hay personas con verdadera patología que nos preguntan por esas técnicas prometedoras que ven por ahí, que por qué no las ofrecemos o no están en la cartera del Servicio Nacional de Salud. Con nuestro código ético no podemos crear expectativas con algo que no tiene evidencias. Incitar al consumo de servicios médicos hace mucho daño a la ciudadanía, sobrecarga el sistema, medicaliza la sociedad”, lamenta Rosa Arroyo, coordinadora del Observatorio contra las Pseudociencias de la OMC.

El problema es que, a menudo, son los propios médicos los que respaldan las pseudoterapias. En el caso de Motos, era una doctora la que le acompañaba narrando una serie de propiedades inverosímiles sobre la cama de plasma frío. “En estos casos corresponde a los colegios provinciales tomar medidas disciplinarias”, dice Arroyo. Preguntado por EL PAÍS, el de Alicante (donde está la cínica en cuestión), no ha respondido si hará algo al respecto.

¿Se pueden considerar estafas?

Vender productos que no hacen lo que dicen hacer podría ser considerado una estafa. Pero los tribunales no suelen verlo así. “En primer lugar, en ocasiones es muy difícil demostrar la supuesta estafa. Y, para seguir, suelen considerar que si una persona con todas sus facultades mentales rechaza la medicina y se pone en manos de un curandero, por ejemplo, es cosa suya. En un caso en Valencia relacionado con grupo sectario lo resumió bien un fiscal: ‘El derecho penal no ampara a incautos”, explica Frías.

Esto que cuenta Frías se puede comprobar con un caso que sucedió también en Valencia. Un joven de 21 años dejó su tratamiento contra la leucemia tras ponerse en manos de un curandero sin formación sanitaria que se presentaba como especialista en “medicina naturista y ortomolecular”. Falleció, y su padre denunció al pseudoterapeuta por intrusismo y homicidio por imprudencia grave. En 2018 salió absuelto por no considerar el tribunal probado que el fallecimiento estaba directamente vinculado al curandero. Tampoco estimó que hubiera intrusismo. “No constituye el objeto de este procedimiento (...) si la denominada ‘medicina natural’ es una alternativa real y eficaz a los tratamientos médicos actualmente existentes contra el cáncer”, defendió el juez.

También a esta tendencia de los tribunales hay excepciones. Una denuncia del Colegio de Fisioterapeutas de Murcia acabó con una condena del Supremo a una clínica en Torre Pacheco (Murcia) en la que se realizaban actividades osteopáticas, quiroprácticas y quiromasajistas sin contar con la autorización sanitaria de funcionamiento. Lo que sancionó, en este caso, es la falta de autorización, no las prácticas en sí, que, curiosamente, también son realizadas en centros de fisioterapia acreditados.

Sin embargo, en opinión de Frías, la vía penal no es la única, ni siempre la mejor, para perseguir estas prácticas. Insiste con el ejemplo de Pàmies y con la idea de que, si realmente se persiguieran y se pusieran multas similares a otras pseudoterapias, estarían mucho menos extendidas.