El Parlamento de Cataluña lleva a la Fiscalía al cardenal Omella por no comparecer en la comisión de la pederastia
La Mesa de la Cámara denuncia ante el Ministerio Público la falta de asistencia del presidente de la Conferencia Episcopal y de otros dos dirigentes eclesiásticos
La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado este martes denunciar ante la Fiscalía al arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, por no haber comparecido en la comisión de investigación la pederastia en la Iglesia que se está celebrando en el Parlament. Omella no acudió a la comisión el pasado 29 de enero y volvió a desatender la segunda convocatoria el pasado día 2. ...
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La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado este martes denunciar ante la Fiscalía al arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, por no haber comparecido en la comisión de investigación la pederastia en la Iglesia que se está celebrando en el Parlament. Omella no acudió a la comisión el pasado 29 de enero y volvió a desatender la segunda convocatoria el pasado día 2. El reglamento de la Cámara establece que el Parlament puede denunciar a las incomparecencias a la Fiscalía por si puede derivarse una responsabilidad penal. El Ministerio Público suele archivar todas las causas.
Además de Omella, la Cámara también ha decidido denunciar a Enric Termes, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, y a Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona. Los tres religiosos desoyeron la convocatoria del Parelament. La Mesa ha aprobado dirigirse a la Fiscalía tras recibir un escrito de la presidenta de la comisión, Susanna Segovia, de En Comú Podem, informando de las incomparecencias. Fuentes parlamentarias sostienen que se ha seguido el trámite habitual y se ha encauzado la denuncia.
Omella remitió hace dos semanas una carta al Parlament, dirigida a su presidenta, Anna Erra, donde avanzaba su intención de no comparecer en la comisión asegurando que su decisión era “unánime y expresa” de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los de Cataluña. El prelado también se acogió a una sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba las ausencias en este tipo de comisiones. Segovia encajó con irritación la postura del arzobispo y afirmó en la red: “No se entiende esa falta de voluntad. No tendría que tener nada que esconder. Su comparecencia es obligatoria, no voluntaria”.
La comisión empezó a recoger testimonios hace un año y ante los diputados han desfilado víctimas de abusos sexuales así como las personas que las han acompañado en su proceso de reparación. El prior de la Abadía de Montserrat, Bernat Juliol, sí compareció este lunes en la comisión para explicar los pasos que dio la abadía tras aflorar casos de abusos sexuales en su seno y para informar de cómo están actuando para evitar que vuelvan a suceder. Juliol, número dos de la jerarquía eclesiástica en Montserrat, pidió perdón a las víctimas —”Hemos pedido perdón, lo pedimos ahora y lo pediremos las veces que haga falta”— y señaló que la Abadía nunca se ha negado a pagar indemnizaciones siempre que ayuden a la víctima y sean “reparaciones justas”. La comparecencia de Juliol se produjo horas después de que trascendiera que Miguel Hurtado, la única víctima que ha llevado a la justicia a Montserrat, ha reclamado sin éxito una indemnización de 150.000 euros.
El artículo 68 del reglamento del Parlament, con rango de ley, regula las comparecencias de los testigos en las comisiones de investigación y precisa que los cargos públicos están obligados a acudir aunque no así los expertos. En el caso de no responder por dos veces a la llamada de la Cámara, se activa el procedimiento de dar traslado a la Fiscalía. El pasado julio, el Ministerio Público archivó la incomparecencia de nueve cargos públicos citados en la comisión Pegasus del Parlament, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, el juez encargado del control judicial del CNI y de autorizar los pinchazos telefónicos. La Fiscalía también hizo lo propio las inasistencias de la vicepresidenta Yolanda Díaz; las exvicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño; el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; la ministra Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la exdelegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.