Los médicos privados plantean batalla a los hospitales y las aseguradoras tras 25 años de retribuciones congeladas

Los médicos privados han declarado la guerra a las aseguradoras y los grupos hospitalarios. Es una guerra de guerrillas, porque va por provincias y especialidades médicas. Pero tras 25 años de tarifas congeladas y lamentos sin eco, es un paso de gigante que ya ha tenido este año pequeñas victorias, silenciadas hasta ahora para evitar que la ofensiva se frustre.

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Los médicos privados han declarado la guerra a las aseguradoras y los grupos hospitalarios. Es una guerra de guerrillas, porque va por provincias y especialidades médicas. Pero tras 25 años de tarifas congeladas y lamentos sin eco, es un paso de gigante que ya ha tenido este año pequeñas victorias, silenciadas hasta ahora para evitar que la ofensiva se frustre.

Durante años, los facultativos de la privada se han quejado de cómo sus emolumentos se quedaban estancados pese a la inflación y este año han pasado a la acción. En los últimos meses han creado 62 asociaciones de especialistas en 19 provincias para advertir a las grandes compañías del negocio sanitario de que el 1 de enero se acabó el actual reparto del pastel. Cientos de médicos ya han comunicado a las aseguradoras y a los hospitales que sus tarifas subirán con el nuevo año. Esto provocará que sus pacientes asegurados acudirán a las consultas o quirófanos y serán informados de que deben pagar un sobrecoste porque su seguro no les cubre la actividad asistencial de ese especialista, ya que este considera irrisoria la tarifa recibida de la aseguradora.

La dimensión del enfrentamiento entre los médicos y los gigantes del sector está por ver, pero el potencial es enorme: hay 12 millones de pacientes asegurados, la medicina privada acapara el 30% de todos los actos sanitarios del país y los 50.000 médicos privados son el 17% del total de los 292.000 profesionales.

“Es humillante y vergonzoso que los ginecólogos de Zaragoza hayamos logrado una subida del 40%, cobremos ahora 520 euros por parto, y en Madrid sigan en un máximo de 280 euros”, critica Javier García, presidente de la asociación de ginecólogos de la capital aragonesa. Tras 23 años cobrando lo mismo, los 30 especialistas se plantaron hace un año y todas las aseguradoras les subieron sus honorarios un 40% de media, excepto Adeslas, a la que han advertido de que si no negocia, en un mes y medio recomendarán a sus pacientes embarazadas que cambien de compañía.

Adeslas, primera aseguradora del país con un 29% de cuota de mercado, logró un beneficio neto el año pasado de 410 millones, y el primer grupo hospitalario, Quirón Salud, 255 millones como importe neto de su cifra de negocios. Los médicos privados consideran que una parte de esos beneficios les pertenecen y se los han hurtado al no actualizar sus baremos con la inflación durante más de dos décadas.

En esta batalla desigual, el 26 de septiembre los médicos recibieron un espaldarazo decisivo: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que es lícito asociarse para negociar unos baremos debido al “desequilibrio” respecto a las grandes compañías: “La Dirección de Competencia (…) no intervendrá, en principio, sobre la eventual negociación colectiva entre los profesionales sanitarios que ejercen la actividad privada y/o sus asociaciones representantes con las compañías aseguradoras y/o grupos hospitalarios, siempre y cuando su objetivo sea mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores autónomos”, reza la resolución, que afecta a los autónomos sin asalariados y que traslada las anteriores directrices de la Comisión Europea sobre la aplicación del derecho de la competencia.

José Luis Alcibar, vocal de medicina privada de la Organización Médica Colegial (OMC), destaca la explosión de asociaciones que atraviesa el país, con 62 ya creadas y otras tantas en proceso de constitución: “Al cabreo de los médicos se suma que las aseguradoras nos faltan el respeto al no sentarse a negociar, de ahí la decisión drástica de dejar de trabajar. Las aseguradoras tienen un papelón y nosotros no queremos romper el sistema, sino reequilibrar la distribución del dinero”. Los 52 colegios de médicos han auspiciado la creación de asociaciones para romper el tablero en 2024 frente a compañías como Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, Mapfre, Quirón Salud o Vithas.

Entre las asociaciones constituidas sobresale Unipromel, creada en 2019 y que hoy aglutina a 8.000 médicos asociados de manera directa e indirecta. Desde hace dos meses y en provincias como Madrid, Castellón, Málaga o Bizkaia, esta entidad ha mandado cartas por burofax a las aseguradoras y grupos hospitalarios para comunicarles el cambio en las reglas del juego. En sus misivas, los especialistas critican la falta de transparencia económica y voluntad para revisar sus contratos congelados, la cartera de procedimientos médicos desfasada y el desencanto del colectivo médico. Por último, avisan a los hospitales de que si no acceden a detallarles sus convenios con las aseguradoras que les afectan, acudirán a la vía judicial para lograrlos.

“Llevamos años operando en un sistema perverso y opaco, donde los médicos y los pacientes no sabemos el montante económico de la relación entre la compañía, el hospital, el médico y el enfermo. No sabemos si el paciente tiene una póliza de alta gama que paga 250 euros al mes u otra de bajo coste de Línea Directa por 17 euros. Esto pervierte el sistema porque no podemos distinguir, ni el paciente conoce nuestros baremos”, censura Ignacio Guerrero, presidente de esta asociación, que mantiene una veintena de convenios de colaboración con colegios de médicos y sociedades científicas.

“Desde el 1 de enero proponemos un cambio de modelo en un sistema transparente donde los médicos facturen sus servicios según su criterio de costes, y no los criterios de las compañías, que son lentejas, según un baremo desfasado y así el cliente se plantee reclamar a la aseguradora para recibir una atención de calidad”, remacha el también oftalmólogo. Está por ver la reacción de los miles de enfermos al enfrentarse a la nueva situación de sobrecoste, entre el desconcierto, la indignación y la protesta.

Al estar la guerra dividida en cientos de frentes, los médicos aseguran que las aseguradoras intentan aprovechar las debilidades de estos y buscan en sus líneas quien rompa la unidad. “Asisa ha llamado a esquiroles para ofrecer pacientes aglutinados a cambio de 60.000 euros, intentan ir a por los jóvenes”, asegura Eduardo González, presidente de la asociación de 30 cirujanos maxilofaciales de Sevilla, que desde hace un mes han roto con todas las aseguradoras.

Para evitar estas deserciones, los ginecólogos zaragozanos firmaron un acuerdo por escrito “como compromiso para evitar esquiroles” y no traicionarse, resalta García. Ante el plante de los especialistas en ciertas provincias, las compañías han tanteado a médicos de territorios ajenos para desplazarse y una vez al mes asumir las operaciones y consultas allí donde el cuadro médico está en peligro. También hay guerra sucia y precedentes de médicos que se han destacado en las movilizaciones y las aseguradoras los han expulsado de su cartera como represalia.

La guerra de momento lleva dos velocidades. Se intensificará con el nuevo año, pero antes, debido el hartazgo generalizado, 7 de estas 62 asociaciones decidieron no esperar más en Sevilla y desde el julio y de manera escalonada detuvieron su actividad asistencial con ciertas aseguradoras como medida de presión. El primer fruto lo lograron los cirujanos cardiovasculares, que obtuvieron una subida de entre el 30% y el 75% de sus emolumentos tras la intermediación de los hospitales donde operan.

La evidencia más clara de que los médicos pueden ganar esta guerra son los anestesiólogos, un faro para la profesión desde hace décadas. Las dos últimas han logrado una subida continuada de sus tarifas pareja al IPC anual. “El abuso de posición dominante es bestial. Aunque llevamos 28 años con el logro de la actualización del IPC, en 2023 Adeslas tomó una decisión unilateral de no actualizarnos”, lamenta Sergio Rolando, presidente de la asociación de anestesiólogos de Madrid.

En previsión del aluvión actual de reclamaciones individuales, hace un año Unipromel impulsó la creación del Instituto para la Representación-IRELegal, entidad especializada en los procesos de representación y que ha analizado la inmensa diversidad de contratos de los doctores con sus grupos hospitalarios y aseguradoras, para ahora poder defenderles. De momento, ya ha logrado una decena de acuerdos, aunque al no haber cerrado con todas las aseguradoras, de momento opta por no dar publicidad a sus éxitos.

Si todas las especialidades se unieran para reclamar sus tarifas actualizadas, con una media de 15 especialidades por provincia, se crearían unas 780 asociaciones en todo el país. Esta profusión de negociaciones beneficiaría a las grandes compañías al provocar una disparidad de precios y condiciones que pondría en posición de desventaja a los médicos negociadores. Para evitarlo, Unipromel busca aglutinar las distintas provincias por uniones médicas que condensen las diferentes especialidades y así reducir las negociaciones a medio centenar. De este modo, los facultativos se evitarán la interminable cola de los cientos de especialidades que las aseguradoras no podrán atender en menos de un año.

Si la sangre llega al río y alguna aseguradora no acuerda con los especialistas y careciera en una provincia de una atención recurrente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Gobierno tomaría cartas en el asunto, coinciden fuentes del sector. “Con la dirección general, bromas, poquitas. La regulación del sector de seguros es muy estricta y no se permiten alegrías”, resume Alcibar.

¿Dónde está el dinero de 25 años que reclaman los médicos?

Las grandes aseguradoras afirman que han trasladado las subidas de la inflación a los grupos hospitalarios el último cuarto de siglo, mientras estos niegan haberse quedado con ese ingente capital. “Los grupos hospitalarios se han quedado la pasta. El poder de negociación antaño estaba desequilibrado hacia las aseguradoras y ahora es al revés. Son empresas muy potentes e imponen las condiciones de cada negociación”, censura un portavoz de una gran aseguradora bajo anonimato, tras admitir que el sector ha pecado de “mala pedagogía” sobre su posicionamiento respecto a los facultativos.

Desde Adeslas aseguran que han subido un 25% los baremos para privados individuales entre 2017 y 2022. Ese último año el aumento, afirman, fue del 7% y este año la subida superará el IPC. Mientras, Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, minimiza la pérdida de poder adquisitivo de los facultativos: “¡No es verdad que los médicos ganen lo mismo que hace años! Lo que puede haber ocurrido es que el baremo de la consulta no haya evolucionado en base al IPC”.

Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y patronal de los grupos hospitalarios, responde: “Las subidas por parte de los seguros han sido por debajo del IPC, por lo tanto, han sido bajadas de tarifas. Nuestras reivindicaciones coinciden con los médicos. En la relación del centro hospitalario con el profesional funcionamos por porcentajes, si el seguro sube, la subida se traslada al profesional de forma inmediata”.

Sobre los paros iniciados por los médicos sevillanos, un alto cargo de un hospital del grupo Viamed admite bajo anonimato “una pérdida de imagen importante”. En esta guerra cruzada a tres bandas, Sanitas asegura que “no se ha puesto en contacto ninguna asociación de profesionales que cumpla los criterios establecidos por la CNMC para que sea legal la negociación colectiva”. Y desde Unipromel le responden: “En 30 provincias, ninguna compañía ha tenido la cautela de preguntarnos si se cumplen los criterios”.

Estos últimos años los médicos privados han suplido la congelación de las tarifas por consultas y operaciones con jornadas maratonianas, para así poder ver más pacientes y con menos tiempo por cada enfermo y sacar más provecho a cada hora. Eso sí, a costa de la conciliación familiar, imposible para muchos, y en perjuicio de la calidad asistencial, al dedicar cada vez menos minutos a cada paciente, según coinciden varios especialistas.

La queja es agria: “Con 12 euros brutos por consulta obviamente para cubrir gastos y tener un sueldo digno tenemos que aumentar la ratio de pacientes, ves seis por hora y disminuyes la calidad. Es imposible trabajar a marchas forzadas y no me da tiempo a respirar”, lamenta la pediatra sevillana María José Gil.