Más de la mitad de las autonomías recortan en dependencia y 350.000 personas esperan ayuda
El aumento del presupuesto estatal del plan de choque asistencial permitió a algunas comunidades reducir su propia financiación en 2022, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Cada 12 minutos una persona dependiente muere a la espera de una prestación. Actualmente, 350.028 ciudadanos aguardan la llegada de la asistencia que les corresponde. Sin embargo, en 2022 nueve comunidades autónomas recortaron su presupuesto en atención a la dependencia. La partida de 3.644 millones de euros que destinó la Administración General del Estado a este sector como plan de choque para paliar los recortes aplicados en la anterior legisla...
Cada 12 minutos una persona dependiente muere a la espera de una prestación. Actualmente, 350.028 ciudadanos aguardan la llegada de la asistencia que les corresponde. Sin embargo, en 2022 nueve comunidades autónomas recortaron su presupuesto en atención a la dependencia. La partida de 3.644 millones de euros que destinó la Administración General del Estado a este sector como plan de choque para paliar los recortes aplicados en la anterior legislatura, sirvió como excusa a algunas autonomías para reducir su propia financiación. Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez: “Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid y Murcia hicieron caja con el incremento del presupuesto estatal para la dependencia”.
Más de 45.000 personas dependientes fallecieron mientras esperaban una ayuda en 2022, año en el que se invirtieron un total de 10.234 millones de euros en atención a la dependencia. El presupuesto autonómico asignado creció progresivamente desde 2015 a 2020 frente al estatal, pero en 2021 se estancó. Los fondos se redujeron más de un 10%. En consecuencia, se limitó la capacidad de impacto de la subvención aportada por el Gobierno. “Si la ayuda que les dan a las comunidades es para que se ahorren el dinero propio, condenamos a los dependientes a seguir viviendo sin recibir la prestación del servicio que les corresponde por derecho”, ha protestado Ramírez.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestran, además, una preocupación por la acusada desigualdad territorial. “Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña. Esta última aportó 57 millones de euros menos respecto a 2021″, afirman. Ramírez cree que las comunidades que destinan una menor cuantía respecto al año anterior, no deben recibir la ayuda del Gobierno a modo de penalización.
La media de financiación indica que las comunidades autónomas sufragan el 74% de los recursos destinados a dependencia. El 26% restante pertenece a la subvención estatal. Este indicador es un valor promedio. País Vasco, Baleares y Navarra sufragan en mayor proporción sus sistemas. Por el contrario, Galicia, Andalucía y Castilla y León son más dependientes del presupuesto central. Además, “mantienen unos niveles de gasto difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados”, han asegurado desde la asociación.
El gasto medio por persona beneficiaria en España se sitúa alrededor de los 8.000 euros. “Si no se hubieran recortado 98 millones, 12.500 personas hubieran salido de la lista de espera”, explica Ramírez. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por usuario fue el País Vasco, que duplicó el presupuesto andaluz. Por otra parte, las autonomías que más han aumentado el número de personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por usuario. El incremento en el número de atendidos no ha venido acompañado de un aumento proporcional de la financiación.
El pasado mes de septiembre la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó el Índice DEC 2022 (IDEC), un informe anual que valora la situación de la asistencia social en España. Las conclusiones del estudio también fueron desfavorables. Las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019, pero el deterioro es más acusado en el servicio de teleasistencia, que no llega al 10% de la población mayor de 65 años. Los datos son también negativos para la prestación de ayuda al domicilio, pues solo mantiene una cobertura del 5% desde 2018.