La comisaria de Interior de la UE defiende revisar las comunicaciones para detectar pederastia: “Tenemos la obligación moral de proteger a los menores”

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se ha puesto la misión durante los próximos meses de sacar adelante la directiva contra el abuso sexual infantil online. La regulación, que busca obligar a las compañías de Internet a revisar las comunicaciones para detectar el abuso a menores, ha alarmado a parte del sector tecnológico y grupos de defensa de los derechos digitales, que han acusado a Joh...

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se ha puesto la misión durante los próximos meses de sacar adelante la directiva contra el abuso sexual infantil online. La regulación, que busca obligar a las compañías de Internet a revisar las comunicaciones para detectar el abuso a menores, ha alarmado a parte del sector tecnológico y grupos de defensa de los derechos digitales, que han acusado a Johansson y a algunos Estados miembros de querer emplear la normativa para romper el cifrado de Internet y de provocar grietas para el espionaje. El curso político europeo que despega con fuerza esta semana es decisivo para la directiva. Si no cristaliza este semestre, durante la presidencia española del Consejo de la UE, será complicado que salga adelante.

“Está claro que hay compañías fuertes que no quieren someterse a la regulación o abordar el debate entre la privacidad y la seguridad. Creo que tiene que haber un equilibrio”, remarca tajante Johansson en una entrevista durante un reciente un viaje a Madrid junto a otros comisarios. “En el mundo online hay una tendencia a ver las cosas en blanco y negro, la privacidad es un derecho fundamental, pero también hay que buscar el equilibrio sobre la privacidad de esos niños víctimas del abuso”, lanza la socialdemócrata sueca (Huddinge, 1964). “Hay cierto malentendido sobre que los niños pueden protegerse solos. No pueden y tenemos la obligación moral de hacerlo”, incide.

Un grupo de ingenieros de 33 países, incluidos algunos de renombre, se han movilizado contra la directiva. Sostienen que la regulación, en la práctica y con la tecnología “de escaneo” de información disponible supondría instalar un “software de espionaje” en los móviles de los ciudadanos de la UE, dicen en una carta abierta. Johansson contradice ese argumento y remarca que esos críticos, a través de hipótesis técnicas y especulaciones, buscan “socavar” las intervenciones efectivas que busca la directiva para combatir el abuso infantil en Internet. Su tribuna abierta hace unas semanas, además, escoció particularmente en el sector. “Tengo esperanza de que la directiva salga adelante, pero el debate es realmente duro e incómodo”, reconoce Johansson. “Y es vital alzar la voz por los niños”, abunda.

Ahora, la identificación de materiales en Internet que supongan un abuso sexual infantil es voluntaria y se hace a través de unas normas que expiran en verano de 2024. De ahí el acelerón de Johansson. No hay una regulación en la UE que imponga esa detección. Y eso es lo que quiere la directiva. La detección es la única manera de iniciar las investigaciones en muchos casos, dice Johansson, ya que los menores, con mucha frecuencia, tienen miedo de hablar. “Hay una responsabilidad de las empresas”, remarca.

Johansson no apunta a ninguna tecnología en concreto y habla de fórmulas lo menos intrusivas posibles. “Esta tecnología actuaría como un perro antidroga: el perro esa autorizado para entrar en una oficina de correos o para revisar los enseres personales en los aeropuertos y sitios públicos y lo aceptas”, explica la comisaria, que propone lo que denomina “tecnología neutral”. “Imponer una tecnología específica fecharía instantáneamente la propuesta y la dejaría obsoleta”, dice. “Negar la posibilidad de utilizar las tecnologías disponibles supone enviar a los perpetradores de todo el continente un mensaje de ‘adelante’. Podrán operar con virtual impunidad”, añade la sueca.

“En mi propuesta sería también obligatorio para las compañías hacer una valoración de riesgos, medidas de mitigación y escanear [la información] si es necesario”, dice Johansson. “La mayoría de las compañías quiere cooperar, pero también hay algunas que lo discuten, que dicen que no tienen ningún tipo de responsabilidad. No mencionaré compañías específicas, algunas tampoco lo hacen hoy y son muy agresivas”, afirma.

La regulación también incluye la creación de un centro europeo especializado para luchar contra el abuso infantil online, que coordine y que trabaje con las empresas y con los Estados miembros. “Estoy considerando si deberíamos poner un consejo asesor con víctimas, supervivientes, que estén vinculadas al centro, porque creo que rara vez se escuchan sus voces, y debemos escucharles. Deben tener más visibilidad”, incide la socialdemócrata sueca.

Uno de cada cinco niños, víctima

“Resulta increíble que todavía no tengamos una regulación en la UE sobre el abuso infantil online. Me siento como una pionera con esta propuesta”, dice Johansson. “La gente entiende la atrocidad del crimen, pero no el volumen”, remarca. El Consejo de Europa estima que uno de cada cinco niños ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual y los estudios señalan que la mayoría de las veces el agresor es alguien cercano. Aunque hace tiempo que no se actualizan esas estimaciones y apenas hay datos sobre el abuso online. Johansson afirma que Internet ha empeorado su propagación.

La responsable europea de Interior, una de las comisarias más potentes del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, explica que el año pasado se recibieron en la UE unos 1,5 millones de reportes de las compañías de Internet recopilando cinco millones de vídeos y fotos y actividades de grooming (cuando un adulto se pone en contacto con un menor para ganarse su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual). De ellos, un 70% provenía de comunicaciones privadas, un 20% de chats y un 10% de áreas abiertas, según Johansson. “Basado en estos estudios rescatamos al menos a un niño cada tres días. Y luego escuchas un argumento que dice: ‘Y qué hay de mi privacidad’. Simplemente imagine esas fotografías y vídeos de los peores momentos de su vida circulando ahí fuera. Esto también es un asunto de privacidad”, reitera.

Johansson habla de los “manuales pedófilos” que se pueden encontrar en Internet. “Contenidos que explican como penetrar a una bebé de ocho meses o cómo contactar a un niño de cuatro años, qué tipo de tecnología usar o cómo no ser detectado. Este tipo de manuales pedófilos están criminalizados directamente en unos pocos Estados miembros, pero es el momento de considerar si deberían penalizarse a nivel de la UE o qué tipo de restricciones deberían aplicarse a nivel europeo”, apunta.

La directiva está ahora en proceso de debate y el Parlamento Europeo —que empieza el curso con un gran pleno este lunes— y el Consejo Europeo están finalizando sus posiciones. “Por eso estamos en un momento de extrema importancia”, dice Johansson. “Tengo mucha confianza en la Presidencia española y, personalmente, en Fernando Grande-Marlaska [el ministro del Interior español], que está muy involucrado en el asunto”, dice. España, junto a Finlandia o Irlanda, es uno de los países partidarios de la directiva. Otros, como Alemania no la apoyan con el argumento de la privacidad. Polonia cree que no es necesaria. “Hay una gran falta de conocimiento sobre la enormidad de estos delitos y sus consecuencias, lo comunes que son y cuántos niños reciben acercamientos cada día online. No podemos continuar sin una legislación adecuada sobre este asunto”.

“Hay Estados miembros que no están apoyando suficiente a las víctimas y supervivientes”, afirma la comisaria de Interior. “Uno de los objetivos para el nuevo curso debe ser trabajar en las tecnologías que deben apoyarse para la detección, porque tiene que haber una decisión de un juez y tecnología específica que sea lo menos intrusiva posible, pero a la vez dar un sostén a los Estados miembros también para que apoyen a las víctimas”, dice.

Con los datos en la mano, una mayoría de la ciudadanía europea apoya la directiva, según una encuesta del Eurobarómetro de hace unas semanas. Y la preocupación por este tipo de abuso aumenta: el 73% de los europeos considera que este abuso es un problema generalizado o muy generalizado; el 92% cree que es un problema en aumento.