Manifiesto contra la condena penal a una periodista por desvelar un sumario
Un total de 163 periodistas se dirigen al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía para que protejan el derecho a la información
Informadores de tribunales de toda España han promovido un escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial en el que expresan su “intensa preocupación” por las consecuencias que para el derecho a la información puede tener la sentencia por la que una periodista que publicó distintas informaciones sobre la investigación del asesinato de Laura Luelmo ha sido condenada a dos años de prisión, multa e inhabilitación por el mismo período. El texto ha sido suscrito por un total de 163 periodi...
Informadores de tribunales de toda España han promovido un escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial en el que expresan su “intensa preocupación” por las consecuencias que para el derecho a la información puede tener la sentencia por la que una periodista que publicó distintas informaciones sobre la investigación del asesinato de Laura Luelmo ha sido condenada a dos años de prisión, multa e inhabilitación por el mismo período. El texto ha sido suscrito por un total de 163 periodistas, y subraya que dicha sentencia —dictada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial de Huelva— entra a juzgar ciertos datos, siempre veraces, difundidos en las informaciones para calificarlos de “innecesarios e irrelevantes para el interés público” o considerar que “exceden de lo que puede esperar la población en general” a la vista de los “detalles” que se proporcionan.
El escrito cuestiona que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por “excesivo”, “innecesario” o “irrelevante” en términos informativos, sin justificar por qué, ya que ello “sume el ejercicio del derecho fundamental a la información en la mayor incertidumbre”. El texto expone que sustituir el criterio periodístico sobre el interés de una información por la particular percepción de cada juez sobre lo que es o no “necesario” o “excesivo” en una noticia, “recurriendo como desproporcionado castigo al máximo poder penal del Estado —la cárcel— nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución”.
Laura Luelmo fue asesinada en diciembre de 2018 en la localidad onubense de El Campillo, a la que se había trasladado desde su Zamora natal en virtud de un contrato para trabajar como profesora de dibujo en un instituto de la localidad de Nerva. Un jurado halló culpable de la agresión sexual y el asesinato de Laura Luelmo a Bernardo Montoya, vecino de la víctima y con antecedentes por hechos similares. Tras un juicio con jurado, Montoya fue condenado a prisión permanente revisable.
El escrito que cuestiona la condena penal de la periodista del diario Huelva Información que desveló información sumarial sobre este caso subraya que el derecho a la intimidad es uno de los límites a la libertad de información, y que en este sentido “no justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística”, ya que “no todo vale en nuestro oficio”. Sin embargo, los firmantes consideran “exigible una ponderación entre ambos derechos” que la sentencia de la Audiencia de Huelva “omite por completo”.
Por otra parte, el escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces destaca que no existe un tipo penal que castigue el acceso de los periodistas al contenido de las investigaciones sumariales. “El secreto de la instrucción no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo”, expone el texto. Por ello, “mal puede basarse la condena en un delito de revelación de secretos sumariales por parte de los periodistas, amparados por el deber y el derecho a ejercer las libertades” que protege la Constitución.
En este sentido se subraya el riesgo de que la citada sentencia provoque un “efecto desaliento” para la labor informativa y en perjuicio del derecho a la información de los ciudadanos. En último término, el escrito apela al Consejo del Poder Judicial para “transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con este derecho fundamental. Se trata, en suma, de un caso con todos los visos de terminar en recurso de amparo ante el Constitucional si antes no prosperan los posibles recursos ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria.
En paralelo, el mismo colectivo ha dado a conocer otro escrito dirigido en similares términos al fiscal general del Estado, por cuanto el fallo dictado “coincide con la petición de pena formulada por la Fiscalía”. El texto apela “al máximo responsable del Ministerio Público a que transmita a la sociedad su inequívoco compromiso” con el derecho a la información.