El Estado de Wyoming prohíbe el uso de píldoras abortivas
La ley, que contempla penas de hasta seis meses para los infractores, es la primera que proscribe específicamente esos medicamentos en Estados Unidos
El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, dio este viernes un paso más en el clima generalizado de ataques contra la libertad reproductiva de las mujeres en Estados Unido al aprobar una ley que prohibe el uso de las píldoras abortivas en ese Estado del Medio Oeste. Las mujeres que las usen se enfrentan a penas de hasta seis meses de cárcel y multas de unos 8.400 euros. El político republicano también pasó un proyecto de ley que restringirá la mayoría de ...
El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, dio este viernes un paso más en el clima generalizado de ataques contra la libertad reproductiva de las mujeres en Estados Unido al aprobar una ley que prohibe el uso de las píldoras abortivas en ese Estado del Medio Oeste. Las mujeres que las usen se enfrentan a penas de hasta seis meses de cárcel y multas de unos 8.400 euros. El político republicano también pasó un proyecto de ley que restringirá la mayoría de interrupciones de embarazo salvo para los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en riesgo.
Wyoming se convierte así en el primer lugar en estrenar una norma específica para proscribir esos medicamentos. En algunos de los al menos 18 Estados, como Texas, en los que el aborto está prohibido o severamente restringido, el uso de esas pastillas también está perseguido como parte de leyes de mayor alcance.
El gesto se suma a una oleada regresiva inaugurada el junio pasado por el Tribunal Supremo, cuya mayoría abrumadoramente conservadora, inédita desde los años treinta, tumbó el precedente de medio siglo sentado por la histórica sentencia Roe contra Wade, que convirtió en federal la protección del aborto.
El nuevo objetivo de los activistas religiosos y políticos republicanos son los medicamentos, especialmente, la mifepristona, que, combinada con el misoprostol, se emplea en alrededor de la mitad de las interrupciones de embarazo que se practican anualmente en Estados Unidos, según datos del Instituto Guttmacher. La mifepristona está en el centro de una causa que estudia un juez llamado Matthew Kacsmaryk, un nombramiento de Donald Trump. Al ser un magistrado federal, si decidiera prohibir su uso, esa prohibición será efectiva en todo Estados Unidos, también en lugares, como Nueva York, California o Maryland, considerados “santuarios” en la protección del derecho de las mujeres a decidir.
La denuncia la puso un grupo antiabortista de Texas de reciente creación llamado Alianza por una Medicina Hipocrática, que demandó a la agencia del medicamento estadounidense (FDA son sus siglas en inglés) por haber aprobado el uso de esa pastilla, habitualmente distribuida con el nombre comercial de Mifeprex y disponible también como principio activo, hace más de 23 años.
La FDA permite desde 2000 la administración de la mifepristona con receta médica durante los primeros 70 días (10 semanas) desde el momento de la concepción. En 2021, la Administración de Joe Biden convirtió en permanente la posibilidad de recibir la prescripción por correo, tras ensayar esa práctica durante la pandemia para evitar visitas innecesarias al médico. En su página web, se puede leer que la agencia “no recomienda comprar mifepristona por internet”.
El medicamento detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo. El misoprostol sirve para evacuar el útero de la paciente.
“Tengo un sólido historial de protección de la vida de los no nacidos, así como de sus madres (...) Creo que toda vida es sagrada y que todas las personas, incluidos los no nacidos, deben ser tratados con dignidad y compasión”, escribió el gobernador de Wyoming para defender su medida en una carta remitida a su secretario de Estado, Chuck Gray. Gordon también dice que tomó la decisión “sin prejuicios” y “después de mucho rezar”.
Está previsto que la nueva ley entre en vigor el 1 de julio y convierte en ilegal “recetar, dispensar, distribuir, vender o usar cualquier pastilla con el fin de procurar o realizar un aborto”. Los médicos o cualquier otra persona considerad culpable serán acusados de un delito menor. La norma dice explícitamente que las pacientes embarazadas quedan exentas de cargos y sanciones.